En medio de la incertidumbre al interior del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), a raíz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre su conformación, el organismo sigue tratando de mantenerse con vida. Hace unos días, el presidente del CPC, Francisco Fiorentini Cañedo, dio la sorpresa al presentar una demanda de amparo contra la designación de la nueva fiscal especializada en el Combate a la Corrupción, Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, que cada día resulta más ligada al secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano. El juicio 17/2020 fue interpuesto a nombre propio y en calidad del titular del CPC, y refiere que la designación de la abogada al frente de la institución es violatoria a una serie de artículos de la Ley del SEA, por lo que buscan reponer el procedimiento. El documento de 50 páginas básicamente dice que el proceso de selección fue irregular, toda vez que no se emitió una convocatoria pública ni se justificó el motivo por el que se designó a dicha funcionaria, entre otros elementos, rechazando que la elección tenga carácter de “soberana”, violando así las leyes locales en la materia. El recurso ubica a Ojeda Mayoral como tercera perjudicada, pues el señalamiento se hace contra el Congreso del Estado, del diputado Juan Manuel Molina y el Poder Ejecutivo. Y quién sabe qué caso tenga el amparo, pues la Fiscalía funciona solo en el papel, y el fiscal general del Estado, Guillermo “El Titi” Ruiz, ya declaró que no le va a soltar ni un peso, mucho menos traspasarle recursos materiales o humanos. Así.
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