Las nuevas patentes de notarías otorgadas por el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, beneficiaron exclusivamente a familiares y amigos vinculados a connotados notarios de Baja California, quienes tenían amparos interpuestos contra las últimas designaciones del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid. Para el abogado Víctor Lujano, uno de los autores de la vigente Ley de Notariado, prevalece la cofradía del gremio, donde prácticamente el 45% es controlado por seis familias. El presidente del Colegio, Carlos Enríquez de Rivera, asegura que la actual administración cayó en el mismo desacierto que el anterior, al otorgar patentes de forma directa y no por medio de un examen
El gobierno de Jaime Bonilla Valdez cayó prácticamente en el mismo vicio que su antecesor, pues en lugar de buscar un proceso de otorgamiento de notarías más transparente y equitativo, decidió “regalarlas” de forma discrecional.
Apenas el 29 de diciembre de 2019, a través de un video en vivo en la red social Facebook, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, anunció la entrega de trece patentes a aspirantes “que no tenían alguien influyente cerca del gobernador en turno quien palomeara su nombramiento”, y como un “acto de justicia”, fueron premiados con la titularidad de estas nuevas notarías, la mayoría en el municipio de Tijuana.
Días después, el miércoles 8 de enero de 2020, Rodríguez Lozano subió otro live para tomar protesta a siete de ellos, de los cuales seis son familiares, amigos o trabajan en el despacho de algún connotado notario, de esos que criticaron al gobierno de Francisco Vega de Lamadrid por “regalar” las patentes.
Para el presidente del Colegio de Notarios, Carlos Enrique de Rivera, es un acto plausible que se abra la posibilidad de tener más notarios en la entidad, pero reclamó que se tiene prácticamente el mismo problema, pues a final de cuentas se hicieron designaciones directas y no se permitió la libre competencia entre aspirantes al gremio notarial.
Reclamó que actualmente se debate una iniciativa de reforma a la Ley de Notariado, cuyo objetivo es fomentar la competitividad en el otorgamiento de nuevas patentes, por lo que debieron esperarse hasta que fuera aprobada.
LAS NUEVAS PATENTES EN LAS MISMAS MANOS
Los nuevos despachos encargados de dar fe pública son:
* Notaría 30 de Tijuana, encabezada por Lamberto Morera Cabrera, hijo del ya finado Lamberto Morera Mezquita, ex titular de la Notaría 12.
* Notaría 31 de Tijuana, encabezada por Rodrigo Quiñónez, notario adscrito y abogado de la Notaría 7 de Tijuana, de Juan José Thomas Moreno.
* Notaria 34 de Tijuana, hoy dirigida por Óscar Alberto Carrasco Ortega, notario adscrito de la Notaría 11, encabezada por Marco Antonio Barro Mayón.
* Notaría 9 de Ensenada, encabezada por Socorro Álvarez Ascencio, antes notaria adscrita de la Notaría 5, del ex presidente del Colegio Diego Monsiváis Franco, uno de los principales opositores a la designación directa; hoy su funcionaria se beneficia con ello.
* Notaría 11 de Ensenada, dirigida por Saúl Augusto Armas Gómez, quien se desempeñaba como notario adscrito en la Notaría 1 de Ensenada, dirigida por Pablo Vianney Sánchez Martínez.
* Notaria 3 de Tecate, cuyo propietario es Gerardo Manuel Sosa Minakata, ex síndico procurador de aquel municipio e hijo de Gerardo Sosa Olachea, quien fuera titular de la Notaría 2 de ese municipio y secretario de Seguridad Pública del Estado.
* Notaría 20 de Mexicali, de Jorge Arturo Espinoza Aguiluz.
En entrevista para ZETA, el ex subsecretario jurídico Víctor Lujano Sarabia, criticó que los flamantes notarios -además de ser familiares y amigos cercanos de titulares de patentes-, sean siete de los doce inconformes que interpusieron amparos contra las últimas patentes otorgadas por Vega de Lamadrid.
Los otros amparados son:
* Ricardo del Monte Núñez, hijo de Ricardo del Monte Madrigal, titular de la Notaría 8 y anteriormente uno de los principales opositores a la entrega discrecional de notarías.
* Elsa María Novoa Foglio, quien fuera notaria adscrita y hoy abogada de la Notaría 8 de Tijuana; la más longeva del despacho, según su página de internet.
* Pedro Chávez Sánchez, notario adscrito de la Notaría 3, de Xavier Ibáñez Veramendi.
* Melanie Aglael Graciano Vejar, notaria adscrita de la Notaría 18, encabezada por Ramón Andrés Graciano Dueñas.
* Jesús Alberto Casillas Picos, aspirante a patente desde 2016.
* Pedro Chávez Sánchez, notario adscrito número 3, cuyo titular es Xavier Ibáñez Veramendi.
Según Lujano Sarabia, estos personajes serán el complemento de la lista anunciada por Amador Rodríguez Lozano el 29 de diciembre, y adelantó que el último integrante de la misma es nada menos que Tirso Liévano Hernández, actual director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio con Jaime Bonilla Valdez, lo que evidentemente resultaría en el mismo conflicto de interés que acusaron al pasado mandato.
Cuestionado al respecto, el presidente de Colegio de Notarios, dijo no tener certeza para afirmarlo, pero confirmó que es un rumor muy fuerte en la comunidad que representa, y de confirmarse, sería muy negativo que un funcionario estatal se vea beneficiado de la misma forma que ocurrió en el pasado gobierno.
“Realmente no sería lo más correcto que un funcionario de la administración se vea beneficiado de forma directa, pero la Ley no establece si por tener mucho tiempo de aspirante vas a tener patente titular, entonces eso no existe y no puedes diferenciar para tener mayor calidad o importancia en sus méritos, la Ley no establece quién tiene más o menos méritos. Sí lo pasé ayer, soy igual a los demás”, planteó.
LUJANO A NOTARIOS: SON UNOS HIPÓCRITAS
Para el abogado Víctor Lujano Sarabia, los notarios son unos hipócritas, pues durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid, se quejaron de las designaciones directas de notarías, pero ahora, cuando resultan beneficiados, optan por el silencio.
El ex funcionario estatal reclamó que la intención de la reforma a la Ley de Notariado tuvo como objetivo de quitarle el poder selecto a un grupo de abogados que ejercen la función notarial, monopolizado por cinco o seis familias en un 45%; el resto prácticamente son amigos íntimos.
Asimismo, arremetió contra los notarios por considerar que su único objetivo era mantener el poder del gremio, el cual no han entendido que es un servicio público y no una cofradía.
“Con la anterior Ley no se podía lograr (la libre competencia) porque ellos controlaban todo, los jurados, los exámenes, y por ello se optó por la designación directa. Insisto, muchos de los que se quejaban de ello, ahora están en un silencio conveniente porque ahora sí les tocó a sus hijos, lo que revela la hipocresía. No estaban en contra de la Ley, sino de perder el notariado”.
Agregó que los cinco notarios a los que les quitaron las patentes, están más preparados que prácticamente todo el gremio cuando comenzaron funciones, toda vez que fueron sometidos a una evaluación profunda, objetiva y basada en la Ley, no como anteriormente, que se heredaban entre familiares.
Respecto a los señalamientos de corrupción a los últimos designados de Vega de Lamadrid, considera es un tema subjetivo, pero que todos los mencionados cumplían con lineamientos establecidos por la Ley, por lo que era libre su elección.
Cabe señalar que acorde con Lujano Sarabia, años atrás el ex gobernador Vega planteó a los notarios otorgarles patentes a todos los aspirantes inconformes, pero las rechazaron. Sin embargo, parece que ahora sí lo aceptaron.
NOS MANTENEMOS CONTRA LAS DESIGNACIONES DIRECTAS: ENRÍQUEZ DE RIVERA
El presidente del Colegio de Notarios, Carlos Enrique de Rivera, se mantiene contra las designaciones directas, pues debe haber lineamientos más claros y transparentes para elegir a los próximos abogados con el reconocimiento de la fe pública.
En su percepción, un cargo como el que ostentan no debe ser responsabilidad de un mandatario, sino de una evaluación objetiva donde se demuestre la capacidad del aspirante, y están en momento de trabajar en un mejor proceso de selección, donde todas las personas puedan ver los resultados de los exámenes escritos y orales, además de deslindar a aquellas que puedan tener conflicto de interés con el interesado, tal y como ocurrió con la designación -posteriormente suspendida- de Ricardo Padilla, hijo de la magistrada Perla del Socorro Ibarra, quien fue evaluado por la amiga su madre, María Esther Rentería, entre otros funcionarios estatales con vínculos cercanos.
Para Enríquez de Rivera, el argumento que se había planteado para las designaciones directas era que había zonas que requerían la titularidad de una patente, pero por la distancia, nadie quería instalarse. Sin embargo, todas las otorgadas fueron de adscripción libre, la mayoría en Tijuana, dejando de lado zonas como San Felipe o San Quintín.
Mientras Lujano Sarabia opina que debe haber un notario por cada 40 mil habitantes, Enríquez de Rivera, advierte que esa cifra es cuestionable, pues existen zonas donde no hay práctica notarial o es muy escasa, por lo que no se podría mantener un edificio de esta naturaleza. De ahí que exhorte a realizar un estudio profundo que de una vez por todas especifique las necesidades notariales de la sociedad.
PATENTES DE “KIKO” GANARÁN LOS AMPAROS
Tanto Lujano Sarabia como Enríquez de Rivera, consideran que las cinco patentes retiradas por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, volverán a los interesados en un plazo máximo de dos años, pues a juicio de ambos, la justificación es muy subjetiva.
Lujano aseguró que se argumentó a un principio de igualdad y no se establecieron actos de corrupción o tráfico de influencias, por lo que cuando los jueces federales observen que cumplían con los requisitos, obligarán al Estado a dar marcha atrás a las revocaciones.
“Ese discurso de que fueron mal otorgadas, lo hubieran hecho valer en el decreto por el cual lo revocaron, porque en el decreto nada más dice que por violación a un principio de igualdad, que había gente con más merecimiento, pero no por corrupción o porque no se reunió un requisito, uno es lo público y otro en lo escrito. Esto se va a caer y van a regresar los notarios”.
Enríquez de Rivera se posicionó en el mismo sentido, al asegurar que había otros caminos para la revocación, los cuales tendrían mayor peso jurídico. Sin embargo, optaron por el más mediático, por lo que en un periodo menor a dos años se tendrán 19 nuevas patentes, contando las cinco revocadas y la sexta de Luis Leyva Castro, que no inconformó a nadie.
Cabe recordar que los abogados cuyas patentes fueron retiradas son Javier López López, identificado como defensor de Francisco Vega de Lamadrid; Rafael Angulo Cebreros; José Ricardo Padilla Ibarra, hijo de la ex procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva; el ex titular del Registro Público, Javier Mayoral Murillo; y Liliana Rubio Padilla.
LA REFORMA EN EL CONGRESO
La diputada Eva Gricelda Rodríguez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Notariado, cuyo objetivo era precisamente restringir la posibilidad de designación directa de patentes por parte del gobernador.
En entrevista realizada al presentar la iniciativa, comentó que la intención era obligar a todos los aspirantes a competir por la titularidad de cualquier vacante o nuevo espacio como fedatario, con lo que buscaban reducir la posibilidad de cometer actos de corrupción.
La iniciativa, que aún se encuentra en la Comisión de Gobernación del Congreso, también plantea que solo se podía competir una vacante hasta que hubiera tres aspirantes a la misma.
Enríquez de Rivera vio con buenos ojos estas modificaciones, pero fue más allá al manifestar que los ciudadanos tienen derecho a acceder a los exámenes orales y escritos de los aspirantes, con el objetivo de exhibir si se generaron malas prácticas o hubo evaluaciones a modo.
“Buscamos un acercamiento con la SGG y verlo más a largo plazo, cuáles son las necesidades, trabajar con ellos, no queremos que se repita lo anterior de la pasada legislación, que hay ciertas necesidades, que se vean como premios; que sea por capacidad, si es amigo o no, que no importe, pero que sea libre. Que esta persona Juan Pérez se notó y estudió para ser notario, y no por el amiguismo”, sentenció.
