Por lo menos 28 estados del país registraron crímenes de policías preventivos, viales e investigadores. El 53% eran policías municipales, 42% estatales y solo el 5% federales. Guanajuato es la entidad que tuvo más oficiales asesinados (73), mientras que Baja California cerró el año con 12 homicidios en ese contexto. Otros representantes de autoridad también fueron atacados, con siete alcaldes asesinados, doce ex alcaldes y más de 30 funcionarios municipales victimados
Mientras el Gobierno de México y los mandatarios estatales discuten sobre las fallas en sus estrategias para combatir la delincuencia y delimitan sus ámbitos de responsabilidad, 2019 estuvo marcado por más de 33 mil homicidios, entre los que destacan los cometidos en contra de representantes de autoridad de los diferentes niveles gubernamentales. Las víctimas fueron por lo menos 442 policías, 16 militares, siete alcaldes, doce ex alcaldes y una treintena de funcionarios de ayuntamientos.
En 28 entidades del país se registraron homicidios de guardianes del orden. Según estadísticas de la organización Causa en Común, el 53 por ciento de los agentes caídos en aparente cumplimiento del deber eran policías municipales, 42% estatales y 5% activos federales.
Por su parte, los alcaldes victimados representaban a seis municipios de cinco estados, ocurriendo tres de los crímenes en Oaxaca.
El doloroso promedio de 1.2 policías asesinados cada 24 horas en México tiene otra cara poco visible para la sociedad, pues no solo murieron los servidores públicos, sino que “en un solo año, 442 familias enteras quedaron en el desamparo, en el abandono total. Esas viudas y esos hijos de los policías fallecidos, a veces no tienen qué comer, no tienen posibilidades para que los niños vayan a la escuela y sigan con sus estudios”, aseguró a ZETA el investigador Rubén Ortega Montes, secretario general de Unidos por la Seguridad, Asociación Civil.
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Los estados que concentraron el 70% de los homicidios de policías son: Guanajuato, con 73, Michoacán, 40; Chihuahua; 32; Jalisco, 29; Guerrero, 26; Estado de México y Sonora, 23 casos cada uno. Solo escaparon a esta ola de violencia contra los gendarmes, las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche y Yucatán, que no registraron un solo deceso entre sus filas de seguridad.
contra los policías con una pistola Glock calibre 40. Otros dos uniformados resultaron heridos y el presunto responsable se suicidó de un tiro en la sien.
Tan solo en la segunda semana de diciembre, 13 policías, entre ellos un elemento de la Guardia Nacional, fueron asesinados en Guanajuato, que es además del punto geográfico del país puntero en muertes de policías, la entidad donde mayor número de homicidios dolosos han ocurrido (3 mil 211), seguido por Baja California, Estado de México y Jalisco.
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegura que el incremento de crímenes se debe precisamente a la falta de elementos policiales del ámbito federal para enfrentar a la delincuencia. Reconoce la falta de resultados, pero justifica que su administración inició de cero por carencia de agentes que no estuvieran coludidos con delincuentes.
La peor de las emboscadas contra uniformados ocurrió el 15 de octubre, cuando 13 policías estatales de Michoacán perdieron la vida y tres resultaron lesionados, tras ser atacados en El Aguaje, en Aguililla. Cumplimentarían una orden judicial cuando se registró la agresión por unos treinta sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en camionetas blindadas. Quemaron las patrullas, robaron armamento y dejaron narcomensajes.
Dadas las características de los hechos, la cantidad de eventos y el número de fallecidos, las autoridades de los tres niveles de gobierno no han aclarado la mayoría de los casos, ni siquiera se conoce con precisión en cuántos hubo personas detenidas, debido al grado de opacidad con que se manejan, pretextando el sistema de justicia penal acusatorio.
BAJA CALIFORNIA
En esta entidad fronteriza ocurrieron 12 homicidios de policías, dos más que el año próximo pasado. Apenas iniciaba 2019 cuando el 3 de enero fueron asesinados a balazos dos agentes municipales que comían en un restaurante de comida china en Tijuana: Fidencio Figueroa Rodríguez y Omar Araujo. El crimen se le atribuyó al CJNG.
El 5 de marzo, en el fraccionamiento El Rubí, el supervisor operativo del Distrito San Antonio de los Buenos de la Policía Municipal, Enrique Gerardo Ramos Talledos, recibió un balazo en el cuello y murió en el hospital. Policías pretendieron revisar a un sujeto que echó a correr y después se introdujo a un domicilio, desde donde disparó
Policías se topan con sicarios en Tamaulipas
Foto: Cortesía
Las dos primeras balaceras de 2020 registradas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, arrojaron un saldo de cuatro presuntos sicarios muertos y dos policías lesionados.
Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles 1 de enero, cuando elementos de la Policía Estatal se toparon con presuntos miembros del Cártel del Noreste en una aparente emboscada en la colonia Francisco Villa.
En el primer enfrentamiento, sujetos armados que circulaban a bordo de dos camionetas, una SUV color café y una Chevrolet tipo pick-up blanca, dispararon en contra de los uniformados, quienes fueron en su persecución.
El tiroteo se prolongó por varias calles, generando pánico entre los habitantes. Algunos de los presuntos criminales descendieron de sus vehículos y se refugiaron en diversas casas; tres de ellos fueron impactados por las balas oficiales y perdieron la vida.
Luego de varias horas de ataque, la gente se refugió en sus domicilios y en los centros comerciales más cercanos. No obstante, dos de los perseguidos escaparon.
De los fallecidos, dos cayeron muertos cerca de las camionetas en que viajaban y el tercero quedó dentro de la cabina de uno de los vehículos. Los tres vestían ropa tipo militar, portaban armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y llevaban consigo equipo táctico.
En otro punto geográfico de Nuevo Laredo, sobre la Avenida México, un individuo que enfrentó a los agentes estatales murió acribillado a bordo de una camioneta Dodge RAM color rojo, al parecer propiedad del mismo grupo delictivo que atacó a los uniformados, de los cuales se reportan dos heridos fuera de peligro.
A través de redes sociales, el gobernador Francisco Cabeza de Vaca, calificó los ataques atribuidos al Cártel del Noreste como “cobardes”.
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La madrugada del 15 de abril, en Ciudad Morelos, Mexicali, fue victimado Ignacio Villagómez Robles, de 40 años, agente de la Policía Municipal adscrito al valle de Mexicali. Su compañero Raúl Adrián Flores salió herido. Antes de las seis de la mañana iban a revisar un vehículo cuando les atacaron con armas largas. Uno de los presuntos asesinos, Jorge Eduardo Pérez Jiménez “El Charal”, fue abatido por la Policía el 15 de diciembre último. También le imputaban los homicidios de dos policías de San Luis Río Colorado, Sonora.
ALCALDES EJECUTADOS
Olga Gabriela Kobel Lara (PRI)
Juárez, Coahuila
16 de diciembre de 2018
Alejandro Aparicio (Morena)
Tlaxiaco, Oaxaca
1 de enero de 2019
David Eduardo Otlica Avilés (PRD-PVEM)
Nahuatzen, Michoacán
23 de abril de 2019
Maricela Vallejo Orea (Morena)
Mixtla de Altamirano, Veracruz
24 de abril de 2019
Carmela Parral Santos (PRD)
San José Estancia Grande, Oaxaca
17 de agosto de 2019
Francisco Tenorio Contreras (Morena)
Valle de Chalco, Estado de México
29 de octubre de 2019
Arturo García Velásquez (Morena)
San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca
23 de diciembre de 2019
En la colonia Loma Alta en Ensenada, la mañana del 20 de julio fue asesinado el agente ministerial Luis Arturo Joya Ramírez, de 37 años, adscrito al área de Narcomenudeo en Tijuana. Vecinos escucharon las detonaciones de arma de fuego y observaron un vehículo Volkswagen Gol color negro, huir a toda velocidad. El agente se encontraba incapacitado desde días antes.
Dos días más tarde, en la colonia Hidalgo de Mexicali, matarifes que viajaban en un auto Honda de color blanco, asesinaron de siete balazos al ministerial Heriberto Gutiérrez Martínez. Y el 30 de julio, el agente investigador de Delito de Robo, Jesús Rafael Valenzuela Chávez, fue atacado a tiros por un comando afuera de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado en El Hongo.
La madrugada del 26 de agosto en el bar Le Conteiner de Tijuana, fue victimado el policía municipal Juan de Dios Vázquez Grande, de 41 años. En el sitio se solicitó el apoyo de los uniformados para tranquilizar y llevarse a tres individuos que estaban alterando el orden. Uno de ellos llevaba una pistola y disparó en tres ocasiones contra el agente. Huyó con sus cómplices a bordo de un vehículo color arena.
El 9 de noviembre en Tecate, el policía Rodrigo Morales Gámez fue agredido a balazos a unas cuadras del Ayuntamiento. Minutos después falleció en el hospital. El día 15, también en Tecate, el municipal Juan de Dios Rivera Ramírez fue tiroteado cuando circulaba en su vehículo, el cual impactó contra un puesto de hot dogs y atropelló a varias personas, una de las cuales murió.
La madrugada del 11 de diciembre en el fraccionamiento Ciudad Santa Rosa en Tijuana, producto de una riña con su pareja
murió Luis Rodrigo Juárez Arellanes, de 28 años, quien tenía dos meses como supervisor de la delegación Centro. La presunta autora del hecho, Alina “N”, también era policía.
Finalmente, el sábado 14 de diciembre, en las inmediaciones del Ejido Chilpancingo en Tijuana y en extrañas circunstancias, fue asesinado el policía Israel Meza Durán.
EL DESAMPARO
El investigador Rubén Ortega Montes, doctor en Derecho, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega y secretario general de Unidos por la Seguridad, expresó que es muy grave que quienes son los encargados de cuidarnos, sean víctimas de la delincuencia, porque a ellos nadie los cuida. El slogan de la Asociación Civil en la que participa es precisamente “Cuidar de quienes nos cuidan”.
“Mientras los policías intentan dar lo mejor de sí para la sociedad, ni el Estado ni la sociedad estamos con ellos, y eso también se refleja de manera directa en el déficit en el número de policías, la falta de buenos salarios, de buenas prestaciones para los elementos; los horarios tan cargados, el tipo de armamento que usan, el abuso de los mandos a través del acoso, los arrestos y sobre todo los controles de confianza”, complementó el investigador.
“Sobre este tema quedó en claro que quien impulsó y puso en boga los controles de confianza fue Genaro García Luna, hoy detenido y defenestrado, lo que demuestra que este control era para quitar de en medio a policías que les estorbaban en un momento determinado y retirarlos de la función policial. Esto nos hace pensar que muchos de los que salían eran los buenos y no los malos. Y luego, esos 5 mil pesos de bono que se les daban a los agentes que sí pasaban el Control de Confianza era un premio para quienes estaban bien con los altos mandos y hacían su voluntad”, dijo.
Ante la pregunta de quiénes matan a los policías, Ortega contestó que la delincuencia organizada está asesinando uniformados en la mayoría de los casos.
“En otros asuntos, está visto, algunos malos policías se han coaligado con criminales y han tenido algún trato que no pudieron cumplir por causas ajenas a su voluntad, y luego viene la contraparte a cobrarle facturas. Definitivamente creo que son muy pocos los homicidios de policías por parte de delincuencia aislada o convencional”.
De igual forma, subrayó el lado invisible de la muerte de policías y desnudó la insensibilidad de las autoridades que para reclutar elementos, prometen seguros de vida, becas de estudios e inclusive entrega de casas en caso de que los oficiales fallezcan en cumplimiento del deber.
“Esas familias quedan en el total desamparo. No es cierto lo que dicen los gobiernos, han mentido siempre. En Unidos por la Seguridad, AC acompañamos a las dolientes, los dolientes, las viudas y los hijos de los policías, y es un todo un vía crucis, un calvario, cobrar el seguro de vida, acceder a los supuestos beneficios posteriores”, planteó.
Desde hace seis años, la AC impulsa la propuesta de contrarreforma al Artículo 123 de la Constitución, inciso b, fracción XIII, para que los policías cesados injustamente y procesados sin que se les pruebe legalmente la comisión de conductas delictivas, sean recontratados y no solo se les indemnice con el pago de salarios caídos. En su lucha consiguieron que la anterior Legislatura de la Cámara de Diputados aprobara la moción; sin embargo, el asunto está atorado en el Senado de la República.
“Precisamente en tiempos de Genaro García Luna, en el sexenio de Felipe Calderón, se crearon los Controles de Confianza y se negó la reinstalación de policías cesados por alguna investigación judicial. Hemos hecho una gran movilización a nivel nacional junto con Movimiento por la Seguridad y la Justicia, AC y otras organizaciones de la sociedad civil, llevando una excitativa al Senado de la
En septiembre, municipales bloquearon paso de vehículo militar en Jalisco
Durante varios minutos, policías municipales de Sayula, Jalisco, bloquearon con dos patrullas el paso de una unidad del Ejército Mexicano que circulaba en operativo. Fueron colocadas una delante y otra detrás del vehículo militar.
“Oficial, ¿se puede retirar del camino, por favor? Hey, ¡le estoy hablando!”, dice uno de los militares a un policía municipal, quien junto a otro de sus compañeros, obstruye con una patrulla el paso de la camioneta castrense.
Finalmente los militares pasan su camioneta junto a la patrulla delantera, subiendo el vehículo a la banqueta. “Completos”, dice uno de los soldados al conductor, quien arranca mientras otro se despide de los policías con un “Sale, corruptos”.
“En redes sociales se difunde un video en que policías municipales bloquean el paso a militares, ya estamos tomando cartas en el asunto y levantaremos el procedimiento correspondiente a los elementos involucrados”, escribió el alcalde Óscar Daniel Carrión Calvario en su cuenta de Twitter.
“Suspendí al director de Seguridad Pública (Juan Carlos Cabrera Peregrina), ya le pedí su renuncia y ya entregó la corporación, y bueno, a los elementos involucrados también les solicitamos su renuncia”, dijo después el alcalde, quien ya presentó denuncia ante la fiscalía jalisciense por este hecho.
“Estoy por enviar también una petición a la Fiscalía del Estado para que investigue a toda la Policía Municipal, y bueno, que las autoridades federales hagan lo propio, pero de nosotros de ninguna manera habría encubrimiento”, agregaría.
Carrión Calvario aclaró que el incidente tuvo lugar en septiembre de 2019 y no supo de ello desde el primer momento, aunque reconoce que el altercado se minimizó.
República para que aprueben la contrarreforma que los diputados federales avalaron”.
El investigador criticó el manejo poco sensible del Senado en la relación con los elementos policiales: “¿Quieren tener mejores policías?, pues tienen que empezar a responderles de manera humana, sensible y políticamente a través de instrumentos que muestren buena voluntad por parte del Estado. Esa sería una. Otra, es el tema de la jubilación a los 25 años de servicio, que en diversos estados se encuentra atorada, siendo que en otras entidades ya existe. También debe ser a nivel federal”.
Rubén Ortega Montes concluyó que muy pocos policías logran jubilarse. No llegan a sostener 25 años de trabajo, mucho menos 30. Son muy pocos los uniformados, investigadores, agentes viales o custodios penitenciarios que logran cumplir con la anhelada meta, “porque a los que no matan, se van, ya sea porque son amenazados, sus mandos se las hacen cansada o simplemente no lo ven como proyecto de vida”.
ALCALDES Y EX ALCALDES
Si ser policía es una situación difícil, ser presidente municipal, regidor u ostentar algún cargo superior en un Ayuntamiento también se ha convertido en un grave problema ante las presiones del crimen organizado y los grandes intereses que se juegan en diversos sectores como el industrial, comercial formal y ambulante, el entretenimiento, los giros negros, las constructoras y los sindicatos.
Prueba de ello es que siete alcaldes, doce ex presidentes municipales y más de 30 funcionarios de ayuntamientos fueron asesinados durante el último año.
Dos riñas en penal de Zacatecas dejan 17 reos muertos
Una riña suscitada el martes 31 de diciembre de 2019 al interior del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, dejó un saldo de 16 personas muertas y cinco lesionadas, confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Ismael Camberos Hernández.
El hecho tuvo lugar aproximadamente a las 2:30 pm, cuando se recibió el reporte de emergencia alertando que en el área de población había una riña entre internos y se escucharon detonaciones de armas de fuego.
La situación al interior del penal fue controlada alrededor de las cinco de la tarde. En el enfrentamiento murieron quince reclusos Otro más falleció mientras recibía atención médica en uno de los hospitales. Cinco se encuentran lesionados.
Camberos Hernández abundó que en el interior del penal se aseguraron cuatro armas, una de estas a uno de los internos, puesto a disposición del Ministerio Público para emprender las investigaciones correspondientes.
Ayer jueves 2 de enero, la vocería de Seguridad Pública de Zacatecas informó que al interior del centro penitenciario se suscitó una nueva riña (la segunda en menos de una semana), la cual fue controlada y tuvo como saldo un interno muerto.
Apenas arrancaba -en diciembre de 2018- la administración de López Obrador cuando en Juárez, Coahuila, fue privada de la libertad y seis días después encontrada sin vida, la alcaldesa Olga Gabriela Kobel Lara. Fue inhumada clandestinamente, con impactos de bala. Se sospecha de un empresario, con un móvil al parecer de carácter personal.
El primer día de 2019, luego de asumir su cargo como presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio Santiago fue asesinado a balazos.
Postulado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), realizaba un recorrido acompañado del síndico Perfecto Hernández, cuando dos sujetos les
dispararon a mansalva. Ambos funcionarios murieron cuando eran atendidos en un hospital de la localidad.
La mañana del 23 de abril, en el poblado de Cortijo Viejo, municipio de Coeneo, Michoacán, fue encontrado el cadáver del alcalde de Nahuatzen, David Otlica Avilés, quien horas antes fue extraído violentamente de su casa por un sujeto que arribó a bordo de un vehículo Ford Mustang de color rojo y amagándole con un arma de fuego se lo llevó. La privación ilegal de la libertad se registró a las tres de la madrugada. Se desconoce el móvil e identidad del asesino.
Al día siguiente se conoció del homicidio de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz, Maricela Vallejo Orea, (Morena), cuando alrededor de las diez de la noche circulaba en su automotor acompañada de su esposo, por la carretera Zongolica-Orizaba, en las inmediaciones de la comunidad Atlanca. Un comando armado a bordo de otros vehículos dio alcance a la pareja y les dispararon. En el asunto se mencionaron móviles políticos y se encuentran detenidos el ex síndico Ricardo “N” y su esposa, la ex alcaldesa de Mixtla, María Angélica “N”, vinculados al ex gobernador panista Miguel Yunes Linares.
El 17 de agosto se reportó el asesinato a balazos de la alcaldesa Carmela Parra Santos, de San José Estancia Grande, Oaxaca y emanada del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Su cadáver estaba dentro de una camioneta junto con el de Hugo Castellanos Ortega, delegado de la Zona Costa de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Ambos con impactos de bala. El hallazgo se dio sobre la carretera en el municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo. Se desconocen las razones y autores del doble homicidio.
Otro crimen que conmocionó al mundo político fue el del presidente municipal de Valle de Chalco, Estado de México, Francisco Tenorio, militante de Morena. El 29 de octubre, luego de un recorrido por la Unidad Habitacional Geo Villas, dio “raite” a un sujeto que se dijo su admirador y con quien se tomó una foto. El individuo disparó a la cabeza al edil, causándole muerte cerebral y su posterior deceso. A finales de noviembre la policía detuvo a un sospechoso que fue atacado a balazos en Tláhuac y confesó el asesinato.
El asesinato más reciente se presentó el 23 de diciembre en San Felipe Jalapa de Díaz, nuevamente en Oaxaca, donde el alcalde Arturo García Velásquez y el síndico Javier Terrero, fueron victimados por un comando armado que llegó a las instalaciones de DIF Municipal, donde la esposa de García, presidenta del voluntariado, realizaba un convivio navideño. Los ejecutores escaparon. El edil por Morena fue detenido el 24 de octubre anterior, acusado por el delito de desaparición forzada, delincuencia organizada y portación de arma de fuego. Fue liberado por detención ilegal seis días después.
LOS POLÍTICOS
Aun observando los estragos de la violencia en el país, los gobernantes siguen en la fase de planeación e intentando ponerse de acuerdo ante la diversidad de partidos políticos a los que pertenecen y ante los comentarios que en ocasiones con falta de tacto, realizan algunos funcionarios del Gobierno Federal, ocasionando la molestia de algunos gobernadores.
Cuando acordaban un plan para mejorar el salario de los policías a nivel nacional y la forma de intensificar la certificación de los involucrados, a través de los Controles de Confianza, el secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, exhibió a los mandatarios que no asistían a las reuniones de seguridad de Nuevo León, Guanajuato, Campeche, Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua y Quintana Roo.
Los gobernadores panistas respingaron de inmediato y criticaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador por la ausencia de una estrategia de seguridad eficaz contra la delincuencia en el país, en vez de polarizar y descalificar a los mandatarios.
Por lo anterior, Durazo se reunió en privado con todos los gobernantes en Palacio Nacional, previo a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, para aliviar tensiones.
La Conferencia Nacional de Gobernadores exhortó al Gobierno Federal trabajar por la seguridad de los mexicanos y no politizar el tema.
López Obrador, quien encabezó la sesión del Consejo, respondió a los mandatarios estatales que deben asumir de manera directa la responsabilidad de resolver el problema de inseguridad en el país, pues para su gobierno “es un objetivo supremo”.
Por su parte, Durazo reiteró la disposición de fortalecer las estrategias contra la violencia y la inseguridad: “El propósito de esta reunión es que Federación, estados y municipios construyamos consensos sobre las políticas necesarias para garantizar un servicio de seguridad pública eficaz. Sin un esquema de colaboración estrecha entre los tres órdenes de gobierno, no hay estrategia de seguridad pública que pueda obtener resultados tangibles y perdurables”.
Por último, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó que existe una excelente coordinación en materia de seguridad entre el Gobierno Federal y en los estados, por lo que rechazó malestar de los mandatarios estatales exhibidos por sus faltas a las reuniones de seguridad o por el retraso en la certificación de sus policías.
