Sin importar sus sospechosos antecedentes, El Sardinero consiguió contratos con la Policía Federal y el IMSS por al menos mil 600 millones, con la posibilidad de extenderse a más de 8 mil millones de pesos en este nuevo gobierno
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Por: Mientras Tanto en México/Sergio Rincón y Alejandro Melgoza
Cuando llegó la hora del almuerzo del agente Augusto Martínez le prohibieron la entrada a uno de los comedores de la Policía Federal (PF). Le dijeron que su folio no estaba actualizado, que ya no tenía derecho a esa prestación y que de ahora en adelante él debía hacerse cargo de sus alimentos, sin importar que tuviera que desplazarse a otros estados.
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En todos los años que llevaba Augusto laborando nunca le había sucedido tal cosa. Ni a él, ni a sus compañeros. No le sorprendía. En su opinión, era uno más de los cambios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en julio pasado informó que la PF desaparecería, a excepción de la Federal ubicada en las carreteras.
Era agosto de 2019, en las oficinas de la PF se reunían los trabajadores inconformes y despojados de sus prestaciones en alimentos. Al mismo tiempo, de acuerdo con las fuentes consultadas, empeoraron los comedores: la utilería, el personal, los procesos, las raciones, los menús y la calidad. “Cuando llega el nuevo gobierno es cuando empiezan a cambiar el comedor”, dice un agente, quien precisa que si la comida ya era “mala” ahora es “peor”.
Detrás de esta serie de irregularidades está encumbrado un personaje del cual poco se sabe, cuya empresa, El Sardinero, está en la mira del Departamento del Tesoro de EU, pues existen señalamientos de haber camuflado dinero de cárteles mexicanos en cargamentos de alimentos que fueron enviados a Venezuela, además de ser multado por inflar precios de productos, lo que provocó el congelamiento de sus cuentas bancarias, y también por presuntamente intoxicar a 25 niños en la Guardería 40 del IMSS en Coyoacán, Ciudad de México.
Pese a su pasado, se ha mantenido activo: Una investigación realizada por Mientras Tanto en México revela que la empresa El Sardinero, cuyo dueño es Jorge Carlos Fernández Francés, una de las compañías más grandes en distribución de comida, obtuvo contratos con el gobierno federal por más de 1,600 millones de pesos.
Entre los contratos, al menos hubo cuatro adjudicaciones directas con la PF, la cual será desmantelada en 2020. Los registros indican que la suma podría alcanzar un monto de 8 mil millones de pesos, así está asentado en documentos en poder de Mientras Tanto en México, basados en el análisis de datos de Compranet, Transparencia Presupuestaria y el Registro Comercial de la Secretaría de Economía.
Fernández Francés es un millonario radicado en Miami, Florida, de 54 años de edad, amante de los autos de carrera y la comida gourmet. Su imperio lo construyó a través de la distribución de alimentos no sólo en México, sino en Venezuela, con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP), motivo por el que es investigado al formar parte de una red que vende presuntamente alimentos de mala calidad a sobreprecios.
Al cierre de edición no respondieron a las solicitudes de entrevistas la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Policía Federal, ACNUR México y la empresa El Sardinero.
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Desde diciembre de 2018, el llamado “Sar del dinero”, contrajo contratos con el gobierno de AMLO, concretamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con la PF, a partir de entonces los uniformados comenzaron a ver cambio en los comedores de la dependencia.
En julio pasado, se desencadenaron una serie de protestas de los agentes federales luego de que el presidente anunció la disolución de la PF para que se integraran a los cuerpos de la Guardia Nacional (GN), argumentando que era una corporación “corrupta”.
De acuerdo con agentes de la PF, quienes pidieron anonimato por temor a represalias, los suministros de alimentos han descendido, han prohibido gradualmente el ingreso de federales a los comedores, y la calidad —dicen— es peor que de las anteriores: “Padecemos de enfermedades gastrointestinales”, narra un agente, quien proporcionó material fotográfico.
Pero no había motivos para que esto sucediera pues en abril pasado se había firmado el contrato más alto por mil 275 millones de pesos por concepto de alimentación y hospedajes, según el diario Nuevo Herald, y cuyo documento se encuentra en poder de Mientras Tanto en México.
En su momento, cuando fue retomado por medios nacionales como La Silla Rota el pasado 17 de septiembre, la empresa El Sardinero, a través de su apoderada legal Alicia Cano, no desmintió el documento, ni el monto, en sus seis argumentos.
Sumado a ello, se encuentran los cuatro contratos revelados por Mientras Tanto en México, los cuales si bien hasta el momento se han pagado 191 millones de pesos, en los datos de Transparencia Presupuestaria precisan que se pueden ampliar hasta 8 mil millones de pesos. Por lo anterior, los agentes federales se preguntan: “¿Por qué giran un presupuesto tan alto para la comida si está en vía de extinción la PF? Por el contrario debería ir disminuyendo porque realmente el servicio ya es menos”.
Pero para hacerse de todos estos contratos, El Sardinero conformó un esquema de subsidiarias a pesar de que esta compañía venía de un proceso donde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló sus cuentas bancarias, luego de que a finales de 2018 se le investigara a estas y otras 18 empresas por presuntamente formar parte de una red comercial que vendían comida en mal estado y con sobreprecio en Venezuela.
Y además de todos estos contratos actuales, tan sólo en el periodo 2002-2018, ha aglomerado cientos de contratos, entre los cuales alcanza una cantidad de más de 3 mil millones de pesos, según datos de Compranet y el diario El Universal.
Entre los clientes predilectos de “El Sar”, se encuentra el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional, así como en los estados de México, Nuevo León, Querétaro, Morelos, Coahuila, Quintana Roo e Hidalgo. Así como Pemex, Senasica, Banjercito, PF, Banobras, SEP, ISSSTE, IMSS y algunos gobiernos locales.
En este sexenio, la compañía acusada de haber disfrazado presuntamente dinero de organizaciones criminales mexicanas en cargamentos de alimentos enviadas a Venezuela, estuvo operando a pesar de que López Obrador refiriera que ya no “vamos a renovar contratos con empresas que tengan mala reputación en general, ni en este caso de la venta de alimentos, ni en la adquisición de otros servicios”.
El pasado 25 de julio, el Departamento del Tesoro emitió un boletín donde describe que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a personas que orquestaron una red de corrupción donde se utilizaron importaciones y distribución de alimentos en Venezuela.
En ese documento no se mencionó a El Sardinero, pero el pasado septiembre el diario español ABC publicó que, según un colaborador de la investigación en EU, el gobierno de Nicolás Maduro habría utilizado los cargamentos de alimentos enviados desde México, operados por El Sardinero, para recibir camuflado dinero de los cárteles mexicanos en pago por los envíos de droga remitidos por los dirigentes chavistas.
ABC agregó que esta operación se habría realizado mediante una escala de los barcos en Puerto Limón, en Costa Rica, donde la empresa Alunasa, de propiedad estatal venezolana, dispone de una terminal. A través de esa empresa, el dinero habría entrado en el sistema financiero y llegado a cuentas en bancos rusos vinculadas a los dirigentes venezolanos Diosdado Cabello y Tarek el Aissami.
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El 3 de octubre de 2018, en medio del proceso transición del gobierno de AMLO, y ya con Santiago Nieto elegido para dirigir la nueva Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ésta solicitó congelar cuentas bancarias de 19 empresas ante las sospechas que desde ahí se estaban realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita. El diario Excélsior informó que esta acción se realizó por medio de acuerdo 45/2018, el cual no es público.
Pero aquel acuerdo dio pie para que la entonces Procuraduría General de la República anunciara el 18 de octubre de 2018 que El Sardinero y otras 18 empresas fueron multadas.
No hubo detenidos, pues las 19 empresas se beneficiaron de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, donde se comprometieron a pagar 3 millones de dólares a ACNUR en América Latina y el Caribe, para atender la crisis alimentaria de refugiados venezolanos.
Pese al embargo de El Sardinero, la empresa siguió operando durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por medio de la subsidiaria Surtipractic SA de CV. A principios de enero, tanto la Policía Federal como el IMSS celebraron contratos por al menos 1,600 millones de pesos con las firmas de Fernández Francés.
Documentos obtenidos por Mientras Tanto en México detallan que la Policía Federal ha finiquitado a miles de agentes, no obstante, en abril pasado, la dependencia contrajo un nuevo contrato por más de mil 275 millones de pesos con Surtipractic, para el servicio de hospedaje y comida.
Aunque Juan Carlos Fernández no aparece como socio o inversionista de El Sardinero es Servicio o Surtipractic ante el Registro Comercial de la Secretaría de Economía, existe una red de operadores que se distribuyen entre las empresas Comercializadora El Sardinero, El Sardinero es Servicio, Surtipractic y La Tenedora JM.
Las relación directa quedó plasmada en una empresa que Fernández aperturó el pasado mes de septiembre, se trata de La Tenedora JM SA de CV, donde él y Magali Alamán Pandal son accionistas, pero registraron como funcionarios a cuatro elementos importantes de su red detrás de El Sardinero: Francisco Javier Ponce de León, Alicia Cano Santiago, Erika López Leal y Daniel Rentería.
No se sabe si El Sardinero pagó su multa a ACNUR, Mientras Tanto en México solicitó información al organismo internacional pero no obtuvo respuesta.
El pasado 11 de noviembre otras empresas lograron obtener un amparo y descongelar sus cuentas bancarias, aunque los nombres de estas son confidenciales en la sentencia dictada por el Décimo Tercer Tribunal Administrativo con sede en Ciudad de México.
El Sardinero fue una empresa fundada desde la década de los treinta, sin embargo, fue a partir de los noventa cuando se vinculó a actividades sospechosas, por las que actualmente el gobierno estadounidense investiga sus operaciones. Sin importar nada de esto, Jorge Carlos Fernández se coronó como uno de los proveedores de alimentos más grandes de México.
