Las detenciones arbitrarias por parte de corporaciones policiacas son una realidad a la que se enfrentan trabajadoras sexuales, jóvenes de colonias populares, personas en tránsito, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ y de distintas comunidades indígenas, sin que hasta el momento existan las condiciones para que no se violen los derechos humanos de estos sectores de la población, denunciaron miembros del Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias.
Rosario Vargas, del área de diagnóstico de detenciones arbitrarias de la asociación Gente Diversa, explicó que en estas detenciones existe un dolo en contra del sector de la población que es detenida sin motivos aparentes ni fundamentos, además de la violencia que se ejerce por parte de los agentes al momento de hacer estos arrestos.
Las detenciones arbitrarias no son registradas por parte de las distintas corporaciones porque no existe ley que defina lo que son, a pesar de que sí se tiene establecido un protocolo de detenciones. Los afectados han tenido que recurrir a Derechos Humanos, ya que al momento de que una persona es detenida sin motivos justificables, se violan derechos como el libre tránsito, seguridad jurídica, libertad y al debido proceso.
Tan solo en Baja California se tiene conocimiento de 292 quejas y 34 recomendaciones hechas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California (CEDHBC) en contra de distintas policías municipales y estatales entre 2013 y 2018, siendo la mayoría en contra de la policía municipal en Mexicali.
El presidente de la CEDHBC, Miguel Mora, explicó que en la información que se tiene -específicamente por detenciones arbitrarias del 2015 al 2018- son siete las recomendaciones, observando que es un tema que sigue presentando incidencia. Entre las autoridades con estas recomendaciones está la hoy Fiscalía General del Estado (FGE), los ayuntamientos de Ensenada, Tijuana y Mexicali, las Secretarías de Seguridad Pública de Tijuana y Mexicali, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Desde abril del 2019 se está trabajando en un diagnóstico que será presentado en diciembre de este año en San Luís Potosí, con el que el Observatorio Nacional hará una serie de propuestas a los estados de Baja California, Chihuahua, Morelos y San Luis Potosí, entidad donde se realizó dicho estudio.
