“Gente como Tú, con Bonilla” fue el voluntariado que crearon en el equipo del hoy gobernador del Estado durante la etapa de transición, para seguir en contacto con la ciudadanía y entregar apoyos a estudiantes, mujeres, niños y familias. Con “donativos” de empresarios adquirieron toda suerte de productos y mantuvieron la estructura de personal y física del “voluntariado”. Pagaron viajes, estancias y viáticos, y lo utilizaron para la estructura de los moches, que invirtieran con ellos a cambio de futuros contratos. Solo hay un detalle: en ningún registro público, de empresas o asociaciones, aparece inscrito el voluntariado de Bonilla. Uno de los participantes anticipó: nunca hubo registro, no se daban recibos, no había cuentas bancarias
Cuando la secretaria solicita se firme la promesa de contrato
El voluntariado “Gente como Tú, con Bonilla”, no existe.
No es una figura jurídica constituida para la entrega de apoyos, la realización de obras, la recaudación de fondos. Por tanto, no tiene cuentas bancarias, no emite recibos y tampoco rinde cuentas a la Hacienda pública.
Lo que sí tiene es un logotipo y toda suerte de herramientas para la promoción del gobernador electo, la entrega de dádivas a la sociedad, la reconstrucción de parques y apoyos para mujeres y niños. Posee camionetas con logotipos del voluntariado, carpas con el mismo membrete, mantas propagandísticas y hasta una carrera en bicicleta organizó para hacer conciencia sobre el cáncer de mama.
Es decir, “Gente como Tú, con Bonilla” hizo todo lo que una asociación civil, fundación o institución de asistencia privada hace, pero sin tener registro legal para ello.
Además, ese voluntariado fue el utilizado por ex funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, para solicitar dinero a empresarios locales. Dinero que, en parte, fue para la compra de productos y servicios para ser entregados a la ciudadanía, pero también para dos sospechosos rubros: el mantenimiento de la vida pública de la ex secretaria de Bienestar y la infraestructura que manejó en el voluntariado, vehículos, productos, nómina, parafernalia, viajes, traslados, viáticos, estancias.
La organización voluntaria que encabezaba Cynthia Gissel García Soberanes, fue utilizada además para el cobro de moches a empresarios con la promesa de futuros contratos de proveeduría con el gobierno de Bonilla, acciones que hoy están siendo investigadas tanto en la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, como en la Fiscalía General del Estado (FGE), que son el origen de las dos primeras renuncias en el gobierno surgido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena): la de la propia García, quien dimitió a la Secretaría de Bienestar Social, y la de Jesús Núñez Camacho, retirado de la Oficialía Mayor.
Entre el 13 y el 14 de agosto de 2019, algunos medios locales replicaron el boletín en el que se refería: “El voluntariado ´Gente como Tú, con Jaime Bonilla´ hizo entrega de útiles escolares, materiales y mochilas a más de 400 familias, a unos días de que inicie el ciclo escolar.
“El objetivo de esta organización es trabajar a favor de los grupos más vulnerables y combatir la pobreza”, expresó en su momento Cynthia Gissel García Soberanes, ex diputada federal y futura secretaria de Bienestar del próximo gobierno estatal, quien preside ese voluntariado.
“García Soberanes arrancó el proyecto beneficiando con mochilas y paquetes de útiles escolares a niños que cursan sus estudios de primaria y secundaria en la colonia Rancho Escondido, en la Zona Este de Tijuana”, anotaba el reporte de prensa acompañado con foto de la ex funcionaria.
Para quienes participaron en el voluntariado -como Rosendo Colorado, operador de García- la recolección de recursos inició el 3 de junio y concluyó el 31 de octubre. Durante ese tiempo no hubo control del dinero que ingresó, ni en qué se gastó, pero aseguran, muy poco se invirtió en mochilas, útiles, computadoras, prótesis y demás, porque operó más como un voluntariado fantasma con el que algunos funcionarios obtuvieron recursos de manera ilícita.
Para el manejo transparente de los donativos, los voluntariados deben registrarse “bajo una figura jurídica que más les convenga: asociación civil, institución de asistencia privada, institución de beneficencia privada, sociedad civil, asociación de beneficencia privada, fundación u otra. Informar el número de integrantes, nombre de representantes legal y los mecanismos de financiamiento, la forma en que conseguirán recursos para llevar a cabo sus actividades”, pero no hay registro público de que García lo haya hecho. Tampoco de Jaime Bonilla Valdez, ya que el voluntariado llevaba su apellido.
Para estos casos, la inscripción pública es por dos vías: en la Secretaría de Economía a través del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), y dándose de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pero “Gente como Tú, con Bonilla” no aparece en el primer padrón mencionado, el segundo no está actualizado en 2019 y tampoco tiene Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) en el portal www.corresponsabilidad.gob.mx.
A través del voluntario, y así se asienta en la declaración que Rosendo Colorado presentó ante la Secretaría de la Honestidad y ante la FGE, se solicitó dinero a los empresarios “para empezar los proyectos de gobierno”, con la promesa que una vez tomada la posición del encargo público, se les darían contratos millonarios.
Tanto el operador como otros investigadores, estiman que los ex funcionarios habrían solicitado entre 24 y 28 millones de pesos.
ENTREGAN CONTRATO PROMESA
Otro de los mensajes de texto que envío Cynthia Gissel a Rosendo Colorado, y que es parte de las dos investigaciones oficiales -al igual que aquel donde la ex secretaria implica a Amador Rodríguez Lozano en la repartición de moches– evidencia que la promesa de entregar contratos a los empresarios que invertían millones en “Gente como Tú, con Bonilla”, también se hizo por escrito, o por lo menos se intentó.
En la captura de pantalla, García Soberanes envía a Colorado un archivo con un documento que lleva por guía “Contrato de promesa Ceresos” y se da el siguiente diálogo:
CGGS: “Corretea la firma amigo”.
RC: “Hoy más tarde te lo mando”.
CGGS: “Ya lo tengo me lo mandó Roberto”.
RC: “Ok”.
CGGS: “El logo. Faltan firmas”.
RC: “Ahhh el contrato ahorita lo firma y lo manda. Ya me dijo”.
CGGS: “Ok perfecto”.
El “contrato promesa de Ceresos” -en poder de ZETA y parte de las investigaciones de la Secretaría de la
Más acusaciones de moches; ahora Amador y Bujanda
Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno, acusó directamente al diputado Miguel Ángel Bujanda Ruiz, de solicitarle moches a cambio de aprobar el proyecto de reestructuración de la deuda de Baja California, una de las prioridades más urgentes del mandatario Jaime Bonilla Valdez.
El viernes 6 de diciembre, el funcionario citó a una conferencia de prensa para dar a conocer que el ex legislador panista, ahora sin partido, le había exigido el pago de un millón de pesos a cambio de votar a favor del proyecto de reestructuración, en el que le ofreció además el aval de otros cinco compañeros parlamentarios de oposición, por quienes solicitó un monto equitativo.
Rodríguez Lozano, quien se hizo acompañar de la subsecretaria Laura Sánchez, no respaldó sus dichos, pero detalló reuniones que tuvo su funcionaria con el propio Bujanda Ruiz, en las que sugirió esta posibilidad, lo que generaría prácticamente un respaldo totalitario del Congreso.
Coincidentemente, el jueves 5 de diciembre, día en que se llevó a cabo el primer intento por aprobar la reestructuración de la deuda en el pleno, la mayoría de los diputados de oposición -entre ellos Bujanda- se ausentaron, complicando incluso la posibilidad de generar quórum legal para efectuar la sesión, cuyo objetivo era exclusivamente la ratificación de Laura Torres, pero que el morenismo intentó aprovechar para realizar un “albazo” legislativo.
Al darse cuenta que no tendrían éxito, legisladores de Movimiento Regeneración Nacional declararon un receso y, tras una hora de reunión, la Mesa Directiva decidió retirar el tema, posponiéndolo para la semana siguiente.
Rodríguez Lozano aseguró que interpondría una denuncia de juicio político contra Bujanda Ruiz, pero hasta la mañana del jueves 12 de diciembre, esta no había llegado al Congreso del Estado; tampoco hizo lo propio ante la Fiscalía General, pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales lo obliga como servidor público, a presentar una denuncia ante cualquier hecho delictivo del que tenga conocimiento.
Las acusaciones del secretario de Estado se vieron opacadas por su ataque a la periodista Adela Navarro Bello y a este Semanario, lo que benefició al ex coordinador de gabinete de la administración de Francisco Vega de Lamadrid. Sin embargo, el 10 de diciembre, día en que se aprobó el refinanciamiento con 21 de los 24 votos posibles, Miguel Ángel Bujanda fue interrogado por los medios de comunicación sobre estos señalamientos, los cuales minimizó descaradamente.
El hombre más cercano a Vega de Lamadrid, que en los últimos dos años de gobierno kikista se hizo de varias propiedades en exclusivas zonas de Baja California por montos de 13 millones de pesos, a través de empresas fundadas por su esposa Andrea Aceves Gómez, dijo que no se involucraría en una pelea con el funcionario.
Sin tapujos, dijo que se trataba de imputaciones falsas, aunque reconoció que sostuvo reuniones con la subsecretaria para acordar el tema de la reestructuración.
Aclaró que no procederá jurídicamente por los señalamientos que lo involucran en el cobro de moches, pues prefirió no tomarlos en serio.
En cuanto a una investigación en contra de “Kiko” Vega, respaldó la medida. Respecto a si hubo irregularidades en el manejo de recursos, declaró que lo desconoce, ya que nunca se encargó de atender temas financieros durante su tiempo en el gobierno.
De igual forma, se dijo respetuoso del gobernador Bonilla y aceptó tener una amistad con el actual fiscal general del Estado, Guillermo “Titi” Ruiz.
Tanto Rodríguez Lozano como Bujanda Ruiz han sido señalados por actos de corrupción o por un sospechoso enriquecimiento. Sin embargo, no existen denuncias ni investigaciones en su contra.
Honestidad y la Función Pública y la FGE-, no tiene logotipos, está redactado en una hoja blanca y considera seis cláusulas:
- “Objeto del contrato, el contratante se compromete con el proveedor para contratar las prestaciones de servicios de preparación y suministro de alimentos para los diferentes centros de readaptación social del Estado… a partir del 1 de noviembre de 2019”.
- “Condición suspensiva.- ambas partes aceptan y están conscientes que pese a que el contratante aún no cuenta con la calidad de funcionario público…”.
- “Precio y forma de pago.- Las partes acordaron el pago en los términos que en un futuro se pactarán de acuerdo a la prestación de servicios de preparación y suministro de alimentos a los CERESO”.
- “Las partes están de acuerdo en que a la fecha de la celebración de este contrato, llegada la fecha en que se cumpla la condición “ejecutivo estatal”, se obliga a facilitar todos los trámites legales para celebrar el contrato de prestación de servicios…”.
- “Precio justo.- las partes contratantes consideran que el precio pactado en esta operación está sujeto a la prestación del servicio…”.
- “Jurisdicción y leyes aplicables…”.
Los espacios para firma están señalados así: “El contratante, Amador Rodríguez Lozano. El Proveedor (se omite nombre a petición expresa), dos testigos, Jesús Núñez Camacho, Cynthia Gissel García Soberanes”.
Foto: Cortesía.- La ex secretaria de Bienestar y una camioneta de voluntariado “Gente como Tú, con Bonilla”
Es necesario traer a colación que a finales de octubre, cuando se creó la Fiscalía General del Estado en el Congreso local, uno de los temas de conflicto para el ahora fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, fue precisamente que Rodríguez Lozano, quien ya había sido anunciado como futuro secretario general de Gobierno, le quitó de su fuero el Sistema Estatal Penitenciario, para dejarlo en la facultad de la Secretaría General de Gobierno. Anteriormente era parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que sería parte integral de la FGE al fusionar esa secretaría con la procuraduría y dar paso a la nueva institución.
Pero no, Rodríguez Lozano peleó el Sistema Estatal Penitenciario y al final los diputados se lo concedieron, dejando esa área en sus manos y fuera de la FGE. De ahí que cualquier contrato con los centros penitenciarios debe ser aprobado por el secretario general de Gobierno, allende del Comité de Adquisiciones o la propia Oficialía Mayor.
De acuerdo a las declaraciones de Rosendo Colorado, con la promesa de obtener ese contrato para proveer de alimentos a los penales del Estado, los empresarios entregaron 20 millones de pesos.
OPACOS
Jaime Bonilla Valdez lo prometió durante toda la campaña y lo reiteró el 1 de noviembre, ya ungido como gobernador: “Absolutamente, demasiada transparencia, los voy a enfadar con la transparencia”.
Sin embargo, desde la primera semana cambió de opinión, y decidieron que la apertura no sería al cien por ciento, justo con el controvertido tema de la asignación del contrato para el “Suministro de insumos, víveres y productos para el procesamiento de alimentos para los centros de reinserción social y centros de tratamiento para adolescentes”.
El mismo contrato presuntamente prometido a un empresario avícola de Mexicali por Cynthia García, sus operadores y otros funcionarios de primer nivel del gobierno bonillista a cambio de 20 millones de pesos que supuestamente serían usados en causas nobles, pero que fue a dar a las bolsas de funcionarios de primer nivel, de acuerdo a conversaciones y declaraciones que obran en las respectivas investigaciones iniciadas por la FGE y la Secretaria de la Honestidad y la Función Pública.
Aunque el gobernador afirmó que no iba a pagar 60 pesos por comida por reo, sino 50 pesos, para tener una idea del importe del recurso en juego, vale recordar que en el sexenio anterior -entre octubre de 2016 y octubre de 2019- esas asignaciones dieron ganancias por 293 millones de pesos anuales (aproximadamente) en licitaciones y adjudicaciones a modo, a La Cosmopolitana, empresa filial de Serel y Corporativo Kosmos, a quienes también le entregaron millonarios contratos en medio de los antecedentes de tráfico de influencia, corrupción y manipulación de información privilegiada.
ZETA fue informado que entre el 4 y el 7 de noviembre de 2019, el Gobierno del Estado, decidido a licitar ese servicio de alimentos, convocó a varios participantes, pero no hay nada de información en el portal de Transparencia.
Se pudo conocer que la sesión fue encabezada por Bonilla a sobre abierto, “todo derecho”, indican quienes estuvieron presentes. Pero decidieron no trasmitir en video como acostumbran el mandatario y la Oficialía Mayor, que incluso publica un calendario adelantado de las sesiones.
Al empresario conocido como “El Huevero”, que había pagado 20 millones de pesos, lo dejaron fuera porque solo tenía un producto. Y la primera semana del nuevo gobierno, fue la empresa Alimentos con Idea, SA de CV, propiedad de José Raymundo y Luis Antonio Ortiz Domínguez, representada legalmente por Antonio Ramírez García, la que comenzó a dar el servicio en los Centros de Readaptación Social (Cereso).
Beltrones, sin orden de captura
Un juez federal determinó sobreseer un juicio de amparo promovido por Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en contra de una presunta orden de aprehensión por actos de corrupción, debido a que dicho mandamiento judicial no existe.
Pese a que la resolución de sobreseimiento fue dictada desde el 14 de noviembre, el tema fue traído al presente por medios de comunicación y consultado al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa del 12 de diciembre.
El mandatario confirmó tener conocimiento del hecho y que se trata de un derecho de cualquier justiciable: “Sí, es la solicitud de un amparo, que tiene él desde luego derecho a solicitar y a que se le otorgue, en su caso si así lo decide la autoridad competente, por el asunto de Chihuahua, lo que viene de la investigación contra Duarte”, refiriéndose al ex gobernador César Duarte Jáquez.
Aunque descontextualizado de la temporalidad del juicio de garantías promovido y de la resolución recaída desde hace casi un mes, López Obrador agregó: “Es lo que hoy me informaron de la Consejería Jurídica. Nada más eso. Es una solicitud de amparo, creo que ya lo había hecho anteriormente y hoy volvió a recurrir a este mecanismo”.
Se trata de una demanda de amparo presentada el 23 de julio por el ex senador y ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, en contra de una posible orden de captura por presunto desvío de 250 millones de pesos al Gobierno del Estado de Chihuahua durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, posteriormente asignados al PRI para fondear los procesos electorales de 2016.
El 14 de noviembre, una jueza federal decretó el sobreseimiento del juicio de garantías después de que juzgadores y Ministerio Público respondieron en sus informes justificados que no existe orden de aprehensión alguna en contra del quejoso.
A través de una publicación en su cuenta de Facebook, el político sonorense argumentó que efectivamente promovió el recurso legal ante la posibilidad de que se hubiese decretado un mandamiento judicial a sus espaldas, sin embargo, se comprobó que a la fecha no existe orden para detenerlo.
En enero ya había tramitado otro amparo en Juzgado diverso, pero tampoco había orden de aprehensión girada en su contra. En su opinión, se trata de un derecho ciudadano ejercido “para obtener información ante tantas declaraciones sin sentido que en su momento hicieron autoridades de Chihuahua”.
Beltrones remató en su texto: “En mi larga vida pública, en el gobierno o en la oposición, seguramente he sido objeto de investigaciones varias que incluyeron unas sobre canalladas escritas contra mi persona. Seguramente, habrá otras más que, como siempre, habré de responder”.
Según el registro de la Secretaría de Economía, esa empresa se dio de alta el 21 de octubre de 2004 en Durango y está dedicada a “prestación de servicios al público en general de toda clase de restaurantes, bares y cafeterías, así como la explotación comercial de estos; b.- La elaboración, producción, envasado, empaquetado, compra, venta, importación, exportación, distribución, representación, y el comercio el general, de toda clase de comestibles frescos, enlatados y envasados, alimentos preparados o por preparar, bebidas de toda clase incluyendo alcohólicas; c.- La organización, realización y prestación de todo tipo de servicios de banquetes, comidas bufetes y cocteles, ya sean en las instalaciones propias de la negociación mercantil o a domicilio; d.- La adquisición, instalación, operación o arrendamiento por cuenta propia o ajena de toda clase de bienes muebles e inmuebles, convenientes o necesarios para la realización de los fines antes mencionados” y otras actividades relacionadas.
De acuerdo a la página de Transparencia, Alimentos con Idea se inscribió en el padrón de proveedores del Gobierno de Baja California el 21 de octubre de 2019. Tiene sede en San Luis Potosí y su representante es Liliana Domínguez, quien ha participado en dos requisiciones, pero dice que no ha ganado ninguna.
También el 21 de octubre, se registró como proveedora IFOOD México, SA de CV, filial del mismo grupo empresarial, con sede en Ciudad de México. Ha participado en veinte requisiciones, pero no le aparece ninguna como ganada.
Foto: Cortesía.- El voluntariado sin registro entregó computadoras
Los hermanos Ortiz Domínguez y algunos socios encabezan un conglomerado constituido por trece empresas, once de estas, dedicadas a la venta, elaboración y todo lo relacionado a la industria de los alimentos, además de dos constructoras.
ZETA consultó con el Instituto de Transparencia, desde donde hicieron la búsqueda y constataron que el gobierno no hizo públicas las características, términos y condiciones de la convocatoria, licitación y contrato de alimentos para los Cereso.
También se solicitó información del tema a la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, no obstante, al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
EX FUNCIONARIOS DEBEN 4 MILLONES Y 100 MIL DÓLARES
Cuando el empresario que había entregado 20 millones de pesos con la promesa de obtener el contrato para proveer los alimentos en los penales, fue desechado por el gobernador Jaime Bonilla, los ex funcionarios García y Núñez, entraron en aprietos.
Fueron obligados a regresar el dinero. De hecho, en cuatro reuniones que de acuerdo con el testigo declarante ante la FGE, el empresario sostuvo con Amador Rodríguez Lozano, este lo espetó a que hablara con sus compañeros funcionarios -entonces no habían renunciado- para que le regresara el dinero.
Y así lo hicieron.
En la investigación oficial se establece que entre el 16 y el 20 de noviembre, Cynthia García y Jesús Núñez devolvieron los recursos entregados por el empresario con la promesa de darle el contrato, que ya el gobernador lo había adjudicado a otra compañía.
De acuerdo a la declaración del testigo, se regresó el dinero en varias reuniones, tres en una habitación rentada ex profeso en el hotel Lucerna de Mexicali, la primera ocasión alquilada por el ex oficial mayor y las otras dos por parte del intermediario, así como en una casa particular. Entregaron por separado y en diferentes contenedores, maletines y maletas grandes con 200 mil y 427 mil dólares; además de un millón 800 mil y 3 millones de pesos.
El testigo aportó que en todos los casos, los envíos de dinero los hacía personal del oficial mayor, su jefe de escoltas y otro trabajador, pero no supo determinar si esas personas laboraban en el Gobierno del Estado, o en la compañía de Jesús Núñez.
A la fecha, insistió el testigo colaborador, al empresario le deben 4 millones de pesos y 100 mil dólares. Y a otro empresario, al cual solicitaron 200 mil dólares para la rehabilitación de un parque y la compra de “techumbres para las casas incendiadas en Tijuana”, le adeudan 3 millones de pesos.
El caso sigue en investigación tanto en la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, como en la Fiscalía General del Estado, sin que se conozcan avances.
Despacho vinculado a De Hoyos amaga con acciones legales contra secretario de Gobierno de BC
La firma legal De Hoyos y Avilés (DHA), vinculada a Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, anunció posibles acciones legales en contra del secretario general de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, a raíz de sus declaraciones.
“La reiteración deliberada en la emisión de información falsa, tendrá como consecuencia que se inicien los procesos legales en contra del Sr. Rodríguez Lozano”, indicó DHA a través de un comunicado emitido el sábado 7 de diciembre.
Un día antes, el funcionario estatal sostuvo que la firma legal vinculada al dirigente empresarial habría cobrado hasta 7 millones de pesos a la anterior administración estatal -encabezada por Francisco Arturo Vega de Lamadrid- por servicios que presumiblemente DHA no prestó, ya que, según Rodríguez, no se tenían registros de las presuntas asesorías.
A través de un comunicado, DHA fijó un posicionamiento en el que detalla los servicios prestados por la firma legal al Gobierno del Estado durante los años 2013, 2014 y 2015, entre los que destaca su colaboración en el trabajo jurídico y de promoción de la iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas, así como el respectivo reglamento y marco normativo.
Asimismo, la firma legal indicó que en la misma oficina de la dependencia a cargo de Rodríguez Lozano, se podrá encontrar evidencia de los servicios prestados al Gobierno del Estado de Baja California, ya que aseveró que no había documentación que confirmara el trabajo contratado.
En el comunicado de DHA, con sede en Mexicali y con 55 años de operaciones, también se establece que el propio Amador Rodríguez Lozano habría solicitado directamente a ese despacho la contratación de su hijo, lo cual no se llevó a cabo, debido a que después de realizarle una entrevista, no contó “con el perfil profesional requerido”.
“Dada la temeridad y falta de contexto de las declaraciones del Secretario General de Gobierno, causa preocupación que los señalamientos difundidos por el señor Rodríguez Lozano, estén motivados por la negativa a atender la recomendación que directamente realizó a DHA, para que su hijo fuere contratado como parte del equipo de abogados de la Firma”, refiere el escrito.
