Aparecen en registros nacionales como avecindados del Ejido Ensenada. Juicio interminable tiene a familias fuera de sus tierras, en tanto que otra persona mantiene la posesión y no pueden ni acceder a los predios
Ex funcionarios del Tribunal Unitario Agrario en Baja California están involucrados en un conflicto agrario en el Ejido Ensenada, donde unas treinta familias poco a poco han sido desplazadas de una parte de sus propiedades.
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Entre quienes figuran como avecindados de los terrenos en litigio, está el ex delegado de la Procuraduría Agraria, Héctor Gelasio Cardona Benavides, y el que fuera residente de la Procuraduría Agraria en Ensenada, Mario García Peñuñuri.
Los datos fueron corroborados en el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR) del Gobierno Federal.
Un grupo de ejidatarios dice vivir atemorizado porque desde hace años no pueden ingresar a sus parcelas, con el argumento de que hay un juicio sin resolver y no existen caminos de acceso disponibles para ellos, solo para los avecindados.
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La superficie de tierra tiene un gran potencial de desarrollo habitacional turístico, con planes de crecimiento como el proyecto de la carretera que conectará la Escénica con la Libre. Recientemente el gobernador Jaime Bonilla Valdez adelantó la posible construcción de un aeropuerto militar dentro del polígono.
El núcleo agrario establecido frente al complejo turístico Bajamar, sobre la autopista Ensenada-Tijuana, colinda con la Carretera Libre Ensenada-Tijuana, en el Kilómetro 72, muy cerca de la delegación La Misión.
Estas novedades de inversión han despertado el interés no solo en los ejidatarios, sino de otros personajes ligados al Tribunal Agrario que han dado largas a la resolución para dejar a los ejidatarios sin esa parte de tierras.
A través de un carta dirigida al súper delegado en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, los terratenientes piden al Gobierno Federal resolver la situación legal, pues los dueños originales de los terrenos “han ido muriendo” en juicio justo.
“Por este medio solicitamos su intervención para que ayuden a nuestras familias, los cuales han sido relegados y removidos de sus derechos, los cuales los mantienen con promesas, pero sin derecho alguno a visitar las tierras ni para día de campo. Esto se les tiene prohibido porque esta persona está vendiendo y adjudicando a sus compinches las tierras. Queremos nos dejen entrar al 100% de las parcelas sin ser amenazados ni asesinados. Y poder hacer uso de las tierras que tienen (sic)”, se lee en el mensaje enviado al funcionario federal.
ANTECEDENTES DEL CONFLICTO
Los afectados pidieron abrir una investigación porque desde que la familia Silva entró a la zona con la intención de comprar, lotificar y vender a terceras personas, no han podido sacar provecho de sus propiedades.
Todo inició en el año 2000, cuando el particular Jacinto Silva, quien falleció hace algunos años por un problema de salud, propuso al comisariado ejidal comprar el 66% del polígono del rancho El Horno, dejando el 33% restante en propiedad de los 30 integrantes del comisariado.
La intención era establecer un negocio fraccionando la tierra y conforme fuera pactando ventas, les pagaría a cada uno de los ejidatarios, más una cantidad de dinero como parte de un “entre”.
Los trámites se realizaron en el Tribunal Unitario Agrario, donde promovieron una jurisdicción voluntaria, es decir, un juicio sin pleito donde solo se declara el hecho acordado.
Desde entonces los Silva ingresaron a las tierras para cercar e iniciar con el plan de bienes raíces.
De acuerdo con la narrativa de la denuncia, el problema es que Jacinto nunca les pagó, por lo que el comisariado ejidal contrató al abogado Reynaldo Magaña para revertir el trato.
En el expediente 376/2018 se demanda al comisariado ejidal, la nulidad de una asamblea, “… la cual es inexistente, celebrada el 27 de agosto del año 2000, donde de manera unipersonal, mediante la cual ceden al Jacinto mil 176 hectáreas de agostadero cerril, conocido como predio denominado Los Hornos”.
Para 2013, la familia Silva impugnó el caso y logró la revocación de la sentencia, concediéndoles continuar con el proceso de compra de las tierras que se mantuvieron en posesión. En ese lapso se presentó un segundo conflicto interno en el comisariado, derivando otra denuncia en la que el tribunal exhortó a las partes a llegar a un acuerdo y, finalmente, el 5 de mayo de 2019 decidieron continuar con el trato, pero en partes diferentes.
Los demandantes piden que Guadalupe Silva, hijo del finado Jacinto, conserve el 50% de la propiedad -600 hectáreas- y el otro 50% se reparta entre los integrantes. Sin embargo, este procedimiento no ha concluido.
La justificación de la autoridad es que requiere la presencia de un perito del Tribunal Agrario, el cual elabora los planos para la justa distribución. Mientras tanto, algunos propietarios no tienen acceso a sus tierras sin que la autoridad intervenga.
PIDEN DENUNCIAR DESPOJO
En respuesta al problema que existe en El Horno, el súper delegado Alejandro Ruiz Uribe reconoció a ZETA que sabe de la situación que enfrentan los ejidatarios.
Por otra parte, en cuanto al despojo del que son objeto, el predio denominado El Horno que presumiblemente posee Guadalupe Silva, es de uso común, como se asienta en el actual Registro Agrario Nacional.
La autoridad federal revisa los núcleos agrarios que adoptaron el dominio pleno de parcelas ejidales y la aportación de tierras de uso común a sociedades mercantiles.
El funcionario instó a que, en primer lugar, se interponga denuncia ante el Ministerio Público para que después el Gobierno Federal, a través de la delegación, pueda dar seguimiento a los hechos constitutivos de delito.
A través de una asamblea, los ejidatarios concedieron hacer también ejidatario a Gelasio Cardona, ex funcionario federal. Con estos antecedentes, Uribe los exhortó –así como a los representantes ejidales- a presentar la denuncia ante las instancias legales, a efecto de dar seguimiento a la situación que les aqueja.
Ruiz Uribe aceptó que la familia Silva sí está en terrenos del Ejido Ensenada, y no dudó en que los abogados y ex funcionarios federales esperen “su moche” de las tierras de los campesinos despojados.
ABOGADO SE DESLINDA
Reynaldo Magaña, abogado defensor del Comisariado Ejidal, se deslindó de cualquier acusación relacionada con la “tajada” que supuestamente recibirá cuando se solucione el problema.
“Lo niego categóricamente, estoy defendiendo al ejido, comencé defendiendo a ocho para que les entregaran sus parcelas y a partir del 5 de mayo estuve con todos ellos para lograr una conciliación en el conflicto con el señor Guadalupe (Silva), para que el ejido tenga la mitad del predio El Horno y el señor Guadalupe el otro. Al final, si esto sale bien, quien me va a pagar es el ejido, y me tiene que pagar con dinero, los aranceles iguales a cualquier abogado”, argumentó.
En entrevista con ZETA, el abogado consideró que están a punto de culminar con el exhorto del tribunal, para su ejecución en tres o cuatro meses. Aclaró que para él es un logro lo que hasta el momento se ha alcanzado, pues originalmente, hace ocho años, los ejidatarios habían aceptado quedarse solo con el 33% de la superficie, pero ahora obtendrán el 50%.
Para concluir, no descartó la necesidad de presionar al Tribunal Agrario para que este asunto se resuelva pronto, sin la intervención de intereses de otros particulares.
