“En Baja California no se van aumentar los impuestos y sí va a haber servicios”, prometió al inicio de su campaña como candidato el hoy gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, frente a “un millar” de mujeres residentes de San Quintín el 2 de abril de 2019; les aseguró que ya no estarían en el olvido y abandono en que los tenían los malos gobiernos panistas.
Durante el mismo discurso declaró: “Se dedicó hacer negocios y subir impuestos. Es abominable lo que el gobernador ‘Kiko’ Vega ha hecho”.
Hace casi nueve meses, Bonilla manifestó que eran detestables y/o aborrecibles las intenciones y acciones del ex mandatario relacionadas con las actualizaciones, ajustes o demás eufemismos utilizados por los gobiernos para evitar hablar de incremento de gravámenes.
Para quienes no lo atestiguaron personalmente, el área de comunicación social de la campaña emitió un boletín informativo digital (https://jaimebonilla.com/eventos-2-de-abril/2019/04/), en el cual también quedó claro que el de Movimiento Regeneración Nacional conocía la deplorable situación de la economía del gobierno local. “Baja California no aguanta ya más corrupción… ya casi se acabaron a nuestra querida entidad los gobernantes corruptos…”, reflexionó entonces.
Sin tomar posesión, pero ya como gobernador electo, el equipo de transición cuestionó la propuesta de refinanciamiento de la deuda contraída por Francisco Vega, que implicaba refinanciar 12 mil 526 millones 980 mil 742 pesos en marzo, con pago de comisión a intermediarios de 2.5 por ciento. Y en junio, reestructurar 8 mil 433 millones de pesos con pago de comisión de 1.1%.
Los morenistas argumentaron la poca claridad en los créditos que generarían intereses por 250 millones de pesos, y la posibilidad de que los funcionarios salientes estuvieran intentando hacer negocios.
Este recurso financiero, el refinanciamiento de la deuda, calificado por Bonilla de “mañoso”, se convirtió también en su opción y, el 10 de diciembre, el Congreso de mayoría morenista le aprobó la posibilidad de refinanciar 12 mil millones de pesos a 20 años, empeñando recursos federales, reduciendo el pago de intereses durante los dos años de su gestión y dejando el pago grueso de la deuda para el mandatario que llegue en 2037-2040.
Con esta acción, el ingeniero Bonilla Valdez incumplió la promesa 39 de las 100 que hizo durante su campaña: “No más deuda en Baja California, se disminuirá la actual deuda, liberando recursos para ejercerlos en obras en beneficio de la población”.
El mismo mes de junio, Bonilla y su gente criticaron que el refinanciamiento incluyera la propuesta “insensible y recaudadora” de incrementar impuestos en 2020, los de “Kiko” Vega eran gravámenes relacionados con salud, educación y el impuesto sobre nómina.
Pero en su propuesta de Ley de Ingresos, que aún se puede modificar y será aprobada el 30 de diciembre, el recién estrenado gobernador rompió otro de los compromisos que hizo para tener votos: el de no aumentar impuestos.
De entrada, todos los municipios registrarán un aumento en el precio por metro cúbico de agua, y además habrá un incremento acumulable por mes, como la gasolina y el gas en tiempos de Enrique Peña Nieto. Ensenada, la entidad con más problema de abastecimiento, tendrá el mayor encarecimiento del servicio.
También están proponiendo el alza a los impuestos de espectáculos, a los casinos y acrecentar el pago de derechos por las licencias, las actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, y duplicar la sobretasa del impuesto sobre nómina que significaría un aumento del 3%. Esta última parte implicaría el incumplimiento de su ofrecimiento número 40: “Se apoyarán de manera decidida las actividades empresariales y se propiciará la creación de suficientes empleos”.
En su promesa 29 estableció: “Se acabaron los lujos. El gobierno nunca más hará uso del presupuesto para mantener excesos y privilegios (…) Habrá un gobierno de austeridad y gasto responsable”. Pero resulta que los viáticos proyectados en trece secretarías y la oficina del gobernador (64 millones 832 mil 560.45 pesos), son muy superiores al presupuesto asignado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Además, tienen presupuestado 700 mil pesos para telefonía celular, aunque aseguraron que cada funcionario pagaría ese servicio de su sueldo. Entre tanto, a Secretaría de Hacienda creció 111.51% su presupuesto Alimentos y Utensilios (ver edición 2386 de ZETA). Todo esto sin atender el compromiso 37: “… Se realizarán consultas ciudadanas para que el pueblo opine sobre las acciones de gobierno”.
Fusionar secretarías y tener un presupuesto de gasto similar al del anterior gobierno calificado por Bonilla como corrupto, evidentemente no es suficiente para sanear las finanzas, pero antes de violentar impunemente sus promesas con aumentos de impuestos a los contribuyentes cautivos, podría empezar, por ejemplo, por ampliar la base de quienes pagan impuestos y eficientizar sus sistemas recaudatorios, por hacer de su administración un gobierno más capaz y competente.
Acatar sus dichos de reducir los gastos administrativos, disminuir al 50% los sueldos, o recuperar lo que los funcionarios corruptos del anterior gobierno se robaron, y mínimo, respetar su oferta de transparencia para tener claro adónde se canalizarán los incrementos solicitados.
Es tarea de los gobiernos analizar oportunidades para aumentar ingresos, pero lastimar las finanzas de los tributarios cautivos es la más fácil, la más usada y menos creativa de todas. Y en el caso del actual gobernador de Baja California, una muestra de la poca importancia que puede tener su palabra empeñada.
