Jesús Blancornelas, codirector fundador de ZETA, nació el 14 de noviembre de 1936; integrantes del Cártel Arellano Félix ordenaron, planearon y ejecutaron un operativo criminal para asesinarlo el 27 de noviembre de 1997. Ese día, su compañero y escolta Luis Valero fue acribillado; el periodista sobrevivió, pero uno de sus pulmones resultó afectado. El 23 de noviembre de 2006 murió víctima de un cáncer que no pudo combatir.
Estudió contaduría… pero no. Prefirió dedicarse a denunciar la corrupción y los abusos de los hombres y mujeres de poder en el sector político, en el empresarial. Dirigió La Voz de la Frontera en Mexicali, El Imparcial en Hermosillo, Sonora, y el periódico ABC en Tijuana; de todos lo corrieron por no aceptar rendirse ante el gobierno en turno.
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En los ochenta, ya como propietario de un medio de comunicación, ante el evidente empoderamiento de los narcotraficantes y la narcopolítica, sus investigaciones y exposiciones abarcaron también el tema criminal. Su trabajo lo puso en el mapa nacional e internacional, y lo convirtió en sinónimo de periodismo de investigación comprometido y contestatario.
Este mes se cumplieron 13 años de su muerte y 22 años de que un grupo de integrantes del cártel encabezado por Benjamín y Ramón Arellano Félix (el primero detenido en 2002, el segundo asesinado ese mismo año) trató de asesinarlo. Ninguno de los dos fue acusado por pretender quitarle la vida al periodista, o asesinar a Luis.
Los homicidas materiales, identificados en las primeras indagatorias de la ex Procuraduría y expuestos públicamente en este Semanario fueron: David Barrón Corona “El CH”, muerto el mismo 27 de noviembre cuando una bala fragmentada rebotó y acabó en su humanidad; Alberto González Ortega y Fabián Martínez “El Tiburón”, ambos ya muertos en diferentes circunstancias; Adelaido Reyes y Alfredo Araujo Ávila “El Popeye”, presos por temas de narcotráfico; José Alberto Esqueda “El Bat”, extraditado a Estados Unidos en marzo de 2007; Alejandro Weber Barrera, Michael Anthony Jarboe e Isaac Guevara Hernández, de quienes no se ha sabido nada en 22 años. Ninguno de los ocho mencionados fue juzgado o acusado por la muerte de Valero ni por el intento de homicidio de Blancornelas.
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El único imputado por el atentado homicida contra el fundador de ZETA y su escolta, fue Marcos Arturo Quiñonez Sánchez “El Pato”; lo capturaron en abril de 2003 por los delitos de secuestro, homicidio simple, delincuencia organizada y el atentado. En agosto de 2013, fundado en una carpeta mal integrada 16 años atrás, el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca lo absolvió en el caso Blanco-Valero y lo sentenció solo por delincuencia organizada, pena que cumplió en diciembre de 2015.
Blancornelas murió como muchos mexicanos, esperando la justicia que no llegó, que se convirtió en burla ese agosto de 2013 cuando exoneraron a Quiñonez. Blancornelas fue alcanzado de lleno por la misma impunidad que empaña los expedientes de los 153 homicidios de periodistas perpetrados en los últimos 19 años, de acuerdo a las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de los cuales 13 han ocurrido durante los primeros once meses de gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El panorama no luce mejor para los cinco años restantes del sexenio morenista encabezado por López Obrador, quien en franco enfrentamiento, un día sí y el otro también, califica a los periodistas -que tienen datos diferentes a los de su gobierno- como detractores, opositores, adversarios, conservadores y deshonestos, prensa “fifi”, prensa “sicaria”, prensa que “muerde la mano a quien les quita el bozal”.
Ese poco aprecio del siervo de la nación se traduce en la política selectiva expuesta por Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, durante el seminario “Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas en América Latina”, realizado el 7 de noviembre de 2019 en Ciudad de México.
El funcionario dijo sin empacho y sin que nadie lo cuestionara, que en la fiscalía que encabeza decidieron que no van a investigar ni todos los homicidios, ni todos los abusos, ni todos los secuestros, ni todas las desapariciones cometidas en contra de periodistas. Porque tienen poco personal y porque ellos están en Ciudad de México. Y -gran descubrimiento- la mayoría de los homicidios ocurren en los estados, entonces el plan es dejárselos a los ministerios públicos estatales.
“A partir de un tiempo para acá -tenemos- una políticas de persecución mucho más clara: escoger qué casos son prioritarios para poder mandar mensajes en contra de la impunidad a partir de una facultad de atracción que se tiene. Y esto está basado en criterios objetivos que permiten identificar caso que manden mensajes (contra la impunidad) a la sociedad en general”, y lo harán a través de la recién creada Unidad de Análisis de Contexto.
Aunque Sánchez Pérez del Pozo aseguró que el objetivo será llegar hasta los autores intelectuales, no dejan de ser impactantes e indignantes las palabras del fiscal, que dividen a los periodistas muertos en primera y segunda clase, al tiempo que -advierte- solo investigarán aquellos casos en los que pueda generar impacto mediático. Lo que deja claro que el denominador común en los ataques contra periodistas seguirá siendo, durante el resto del sexenio, la impunidad.
En medio de este ambiente adverso, la familia ZETA reitera, como se ha hecho durante 22 años a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, el reclamo de justicia para Blancornelas y Valero.
