Trabajadores de confianza del Gobierno del Estado, han denunciado, a través de videos exhibidos en redes sociales, la invitación a renuncia voluntaria o posible remoción, de prácticamente todas las dependencias del área Central del Gobierno del Estado, en Mexicali.
Las oficinas de INDIVI, la Secretaría General de Gobierno, Oficialía Mayor, entre otras, ya comenzaron con los anuncios por parte de diversos trabajadores que acepten la renuncia voluntaria, o de lo contrario se iniciarían procedimientos para la remoción.
Independientemente de ello, en algunas instituciones ya se les pidió que no asistieran a trabajar y que procedieran legalmente si así lo desean.
En algunos videos se observa la molestia de los empleados de confianza, y se rechaza aceptar cualquier indicación, en otras imágenes el funcionario amenaza con enviar a la seguridad para retirarlos del edificio.
ZETA solicitó una versión oficial por parte del área de comunicación de Gobierno del Estado, pero no recibió respuesta. Sin embargo, recabando información sobre pasadas declaraciones del mismo Jaime Bonilla Valdez, el gobernador estableció en unas de sus promesas de campaña que reduciría la nómina en un 28 por ciento, con la finalidad de fusionar dependencias y generar ahorros.
De igual manera estableció que no necesitaría las oficinas de gobierno de Zona Costa, pues podría trabajar hasta “en un café” o sus mismas oficinas, de ser necesario. Sin embargo, reconoció que las de Mexicali permanecerán operando de manera regular.
Dos abogados que prefirieron mantener el anonimato, aseguraron que si bien existen posibilidades para los más de 3 mil empleados de confianza que tiene el Poder Ejecutivo, la realidad es que el Gobierno del Estado puede solicitar una Remoción Libre, en la que podrían simplemente finiquitar a los trabajadores -que no acepten la renuncia voluntaria- conforme a la Ley, que representaría 90 días de salario, más 20 días por año trabajado, entre las prestaciones correspondientes.
El otro escenario es que se argumente una pérdida de confianza del trabajador, como motivo de remoción, pero esto es complicado de justificar en un juicio, y la mayoría de los casos son perdidos por el gobierno, por lo que la renuncia voluntaria resultaría lo ideal para el Estado, pero no para los trabajadores.
