Durante seis años, en ZETA y con la ayuda de lectores, empresarios, organismos de la sociedad civil, afectados y funcionarios honestos (sí los hay), documentamos con investigaciones periodísticas las irregularidades en el manejo de los recursos en la administración de Francisco Vega de Lamadrid.
No fue fácil. Diría un ex presidente municipal de Tijuana: “Son ratas pero no p…”.
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Obtener la información que probara la transa, la irregularidad, el exceso y el abuso del presupuesto bajacaliforniano requirió de mucho trabajo y mucha confianza depositada en los periodistas por parte de quienes tuvieron acceso a la información. Trámites ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, revisiones en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, análisis de auditorías superiores federales y estatales, así como la revisión de contratos, convenios, Asociaciones Público Privadas (APP).
En esta edición, en la página 15, hacemos un recuento de esos reportajes que documentaron los desvíos y transas en el gobierno de “Kiko” Vega y algunas de las portadas dedicadas al tema en el último sexenio.
Señalar los excesos de una administración que perdió partido, elecciones y poder gracias al despliegue de corrupción, nos trajo presiones en esta casa editorial. Nos negaron información, nos limitaron entrevistas, nos obstaculizaron el ejercicio del quehacer periodístico, incluso orquestaron campañas negras contra la codirección en un intento por matar la moral del periodista para terminar con su credibilidad. Finalmente cancelaron los convenios de publicidad, “castigando” al medio con el argumento lopezportillista de “No pago para que me peguen”.
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Las revisiones fiscales de la Auditoría Superior de la Federación reportaron de manera sistemática, desvío de recursos federales en la administración de Vega de Lamadrid. Dineros que estaban destinados para un propósito, programa, obra o sector, y que no llegaron a su destino, sino que fueron utilizados para otros fines. Incluso a la fecha se desconoce en qué fueron invertidos.
En el Estado no hubo tales revisiones. El ex gobernador contó en todo momento con la complicidad del Congreso del Estado, del Órgano de Fiscalización Superior (hoy Auditoría Superior del Estado), y de otros poderes que ante la evidente corrupción, callaron.
Hasta ahora, cuando en un viraje al inicio de su gobierno que ha parecido una prolongación de la campaña, pero en escenarios oficiales, el martes 19 de noviembre Jaime Bonilla Valdez denunció -a través de su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano- a Francisco Vega y otros ex funcionarios por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y abuso de autoridad.
De la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) se desconocen los fundamentos y términos. A diferencia de “muchas” actividades que el gobernador Bonilla suele transmitir en vivo en redes sociales, esta no fue una acción de máxima publicidad o transparencia. El fundamento -aseguran- es que no quieren que se conozca su estrategia legal para investigar a su antecesor, aunque la investigación correrá a cargo de la Fiscalía, que se supone es autónoma aun cuando la titula el compadre del mandatario, Guillermo “Titi” Ruiz Hernández, quien por cierto, en el pasado inmediato también fue interlocutor de Vega de Lamadrid.
Con apenas veinte días en el Gobierno del Estado y obligando a renunciar al auditor superior del Estado, Carlos Montejo Oceguera, quien inició la investigación sobre la utilización de empresas fantasma -más de 90- para desviar del presupuesto más de mil 200 millones de pesos, es poco probable que Bonilla tenga ya todos los elementos para probar la corrupción en la anterior administración.
Es evidente que ese trabajo lo dejarán en la esfera que corresponde, por un lado, la Auditoría Superior del Estado, con quien quedó encargado de despacho y es además un allegado al mandatario; y en la Fiscalía Anticorrupción de la FGE, la cual aún no tiene titular. El resultado podría tardar meses, que los bajacalifornianos deberán esperar para salir de la incertidumbre democrática y saber si son dos años de gobierno como se votó en la elección del 2 de junio de 2019, o cinco años, como se amplió fuera de lugar y de forma inconstitucional en el Congreso del Estado.
Sin embargo, a menos de un mes de estrenado Bonilla Valdez en el gobierno, la denuncia contra Francisco Vega de Lamadrid y sus funcionarios por actos de corrupción, a quienes ha amenazado “Vamos por sus bienes”, ha dado al de Movimiento Regeneración Nacional un aliento en popularidad, muchos desean que la corrupción sea castigada y confían en que eso sucederá en la presente administración.
Ojalá no todo quede en un golpe mediático para impulsar a un gobernador que va entrando y no ha establecido un plan de trabajo en los primeros días de gobierno, más allá de visitas oficiales, inauguraciones, invitaciones especiales y su constante presencia en la Mesa de Seguridad, pese a ya no tener facultad alguna en operativos de seguridad, dado que entregó la Secretaría de Seguridad Pública y con ello la corporación policiaca del Estado, a la FGE, que es autónoma.
Que el impulso del golpe mediático de la denuncia contra “Kiko” Vega, le sirva a Jaime Bonilla Valdez para aportarle tanto a la Fiscalía como a la Auditoría, los documentos, elementos e información que su administración posee sobre las transacciones de su predecesor en el Gobierno del Estado de Baja California, de manera que en unos meses, la población pueda saborear la justicia y ver a los corruptos procesados, en prisión, obligados a devolver lo robado.
Ojalá.
