Una y otra vez, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y su Gabinete de Seguridad conformado por el secretario Alfonso Durazo, el General Luis Cresencio Sandoval, el Almirante José Ojeda y el Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez, han debido aparecer en la conferencia matutina del Gobierno de México para intentar justificar lo injustificable: la inseguridad y la violencia en el país producto de la guerra que libran los cárteles de la droga, para la cual no existe -por lo menos no la han dado a conocer- una estrategia definida e integral de acción y control.
Aquello de “abrazos, no balazos” funcionó como un eslogan de campaña política, pero no ha sido eficiente como política pública para el combate a la inseguridad y la disminución de la violencia en México. Cada día, ante la creciente impunidad auspiciada por la ausencia de una política integral de persecución sobre los generadores de la violencia en el país y la erradicación de las redes de corrupción del narcotráfico, los hechos violentos van escalando de nivel. Más muertos, más sangre, más saña.
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Del operativo fallido para la aprehensión de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” en Culiacán, Sinaloa y que le entregó esa ciudad a la criminalidad organizada permitiendo que tomaran de rehenes a elementos de las Fuerzas Armadas para negociar -con éxito- la liberación de Ovidio Guzmán López, el Gabinete de Seguridad no ha dejado de hablar del tema, contradiciendo incluso sus versiones una y otra vez, en un afán por justificar la ausencia de la justicia y la errada estrategia de seguridad.
El Presidente incluso se ha enfrentado a sus críticos, y en lo que parece una cortina de humo para desviar el tema de la fallida estrategia de combate a la inseguridad, mantiene un ambiente de polarización particularmente contra los representantes de la prensa y no en menor grado contra quiénes en ese tema y otros, disienten de la política pública -o la ausencia de la misma- diseñada por el mandatario nacional.
El tema ni siquiera ha sido cerrado y a la luz de nuevos elementos que sugieren la ineficacia del Gobierno de México que permitió la entrega de quien ya tenían cautivo, una nueva andanada de declaraciones oficiales se hace presente.
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El colmo fue decir que han logrado controlar la escalada de violencia justo el día en que tres mujeres y seis menores fueron masacrados, de acuerdo al secretario de Seguridad, por elementos de la criminalidad organizada en la frontera entre Sonora y Chihuahua. En el caso de los LeBarón, efectivamente señalaron la participación de una célula armada del narcotráfico identificada como La Línea, que además utilizaron armas traficadas de Estados Unidos a México.
Aun cuando el secretario de Seguridad sugirió que pudo tratarse de una confusión, las versiones de la familia LeBarón, de los niños sobrevivientes y el análisis de la secuencia de hechos fatales ocurridos, dan la idea que se trató de un ataque frontal contra la familia de mormones que desde hace más de cien años radican en esa zona del país.
Este hecho, que en cualquier circunstancia habría alarmado a la Presidencia de la República y obligaría a enfrentar a los criminales con una estrategia definida de combate a la inseguridad, no ha provocado esa reacción en el gobierno de López Obrador, mientras que la Fiscalía General de la República no ha atraído el caso para su investigación pese a que se sabe, por la versión oficial, que los atacantes fueron miembros de los cárteles de las drogas y las armas utilizadas producto del tráfico de las mismas.
Hasta ahora, el único funcionario que ha acudido a la zona del conflicto ha sido el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien cada vez tiene una mayor y profunda presencia en los temas de política interior en el país, so pretexto de que la comunidad atacada es de origen estadounidense y cuenta con la nacionalidad de aquella país. También se ha establecido una guardia en las inmediaciones de la comunidad mormona por la Guardia Nacional para prevenir futuros ataques, pero de la persecución de quienes perpetraron el crimen de menores y tres madres, no hay nada claro.
Pasamos del sexenio de los objetivos prioritarios al sexenio que no tiene objetivos. En ninguna de las conferencias cualquiera de los miembros del gabinete ha evitado declarar a quiénes investigan, a quiénes persiguen. Las investigaciones y persecuciones no necesariamente tienen que ser con armas de fuego y a balazos, si acaso es realmente lo que al Presidente preocupa para distanciarse de las políticas antidrogas de sus dos antecesores, pero también se desconoce si hay investigaciones de inteligencia que lleven a la captura de los asesinos de niños y mujeres, de los asesinados en masa que en Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Chiahuahua, han dejado decenas de muertos producto de la guerra que sí libran los cárteles de la droga.
Para aquellos que con la creación de la Guardia Nacional anticipaban la militarización del país y de la seguridad, la impunidad que se vive en México es el primer signo de una estrategia errada y una fallida ampliación del programa de prevención de la mencionada Guardia, además de la extinta Policía Federal. Los militares en la Guardia se han convertido en meros guaruras para resguardar las escenas del crimen, a las personas y las sociedades vulneradas por la actuación criminal de los cárteles de las drogas.
La realidad es que poco sabemos de quiénes son aquellos que desde la criminalidad organizada están generando la violencia en México. La opacidad y el desconocimiento de la estrategia de seguridad del Gobierno Federal contribuyen al incremento de la inseguridad, como si a fuerza de discursos presidenciales y regaños familiares, esperarían que los narcotraficantes se autorregulen para disminuir la violencia y detener los ríos de sangre en las calles del país.
En México los asesinatos masivos seguirán ocurriendo porque no ha habido en la práctica una estrategia diseñada y accionada para la erradicación del tráfico de armas por un lado, y por otro, no se han identificado a los generadores de la violencia para, en estricto Derecho, investigarlos, procesarlos, llevarlos ante la justicia y encarcelarlos. Mientras eso no se haga una realidad, la impunidad imperara y la inseguridad crecerá.
