Hirata, de profesor a político evasor de la justicia

 

 

Denuncia tras denuncia ha sido desestimada por las autoridades, y los delitos presuntamente cometidos por el exalcalde de Ensenada, Gilberto Antonio Hirata Chico, gozan de impunidad. La ASF calcula que el daño patrimonial asciende a 282.4 millones de pesos, pero Sindicatura Municipal estima un desfalco de 500 millones. Según el actual alcalde, la deuda del municipio suma cuatro mil millones de pesos, cuando se había mantenido en 800 millones en anteriores administraciones

• Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers

Un caso más de desvío de fondos en México podría quedar en la impunidad, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal contra el exalcalde del municipio de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, y el extesorero Samuel Jaime Aguilar, quienes enfrentaban cinco denuncias penales por el delito de Peculado.

De ser así, quien fuera un profesor con trayectoria en Baja California, habrá trazado el camino para que los próximos alcaldes de Ensenada también evadan a la justicia, luego de un mal manejo del erario.

Actualmente, mientras el exalcalde Hirata se pasea por la ciudad, con buen estado de salud y frecuentando clubs deportivos donde practica la natación, en las comunidades lo recuerdan por su falta de compromiso.

Según la carpeta de investigación FED/BC/ENS/000490/2019,  del 18 de abril del 2018, en poder de Semanario ZETA, la Fiscalía decidió no ejercer acción penal, con el argumento de que el director general del Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Heladio Elías Ramírez Pineda, no interpuso querella respecto a los hechos que integran la carpeta de investigación.

Además de la acusación de Peculado a nivel federal, los señalamientos han sido por delitos como desvío de fondos, abuso de confianza y administración fraudulenta, por un daño al erario estimado en más de 500 millones de pesos, de los cuales 282.4 millones corresponden a dinero de programas federales.

Hirata y Aguilar también libraron otras denuncias ante la Fiscalía de Baja California, donde el Ministerio Público dio “carpetazo” a tres de ocho querellas penales por “falta de elementos probatorios”, respondió la autoridad investigadora local.

Ambos exfuncionarios no han aclarado con precisión dónde está el dinero de los programas etiquetados para obras prioritarias en colonias marginales, estación de bomberos, alumbrado público, tuberías de agua, armamento para policías, patrullas, aulas escolares y áreas deportivas y recreativas.

Lo único que Hirata y Aguilar no han podido detener son las sanciones administrativas que los inhabilitan para continuar en el servicio público, por lo que ambos siguen su vida normal en este municipio, protegidos por un patrón sistemático en el Gobierno Federal, diseñado para lograr la impunidad.

“MALAS NOTICIAS PARA EL PUEBLO”

El hecho de no solicitar una querella contra el expresidente es un pésimo antecedente para la ASF, declaró el abogado penalista e integrante del Colegio de Abogados de Ensenada, José Bustamante.

“Sin duda, son malas noticias para el pueblo de Ensenada”, expresó el litigante.

En materia legal, el único motivo para no presentar una denuncia es si no existiera quebranto patrimonial; pero en este caso lo hay, y con graves consecuencias para el erario público, agregó el abogado, en referencia a que el Ministerio Público debió presentar más pruebas al juez.

“Solo bastaba con que la Auditoría Superior respondiera que iría con todo el peso de la ley, para que el Ministerio Público Federal hiciera su trabajo”, detalló.

Agregó que este hecho es una contradicción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en su discurso aseguró que en su gobierno no iba a perdonar a los corruptos; y justo cuando se le presenta un caso, responde con que no va a presentar querella.

Ante la posibilidad de que exista una cadena de complicidad gubernamental, el pasado 30 de octubre, las ciudadanas Beatriz Watanabe Flores y Eloísa Talavera Hernández realizaron por escrito una petición a la síndico procurador, Elizabeth Muñoz Huerta, para que dé seguimiento a las denuncias penales contra Hirata y Aguilar.

Este 1 de octubre de 2019 inició un nuevo gobierno en Ensenada, encabezado por el representante de Morena, Armando Ayala Robles, quien relevó al priista Marco Novelo Osuna. Como antecedente de lo que ha sucedido en cada gobierno, este último fue señalado también por la ASF con 35 observaciones por mal uso de los recursos públicos en siete programas federales.

ZETA intentó en múltiples ocasiones obtener el punto de vista del exalcalde a través de peticiones de entrevista, llamadas telefónicas, y correos electrónicos, pero no recibió respuesta; lo mismo con su abogado Óscar de la Peña Hernández, quien no respondió mensajes.

La última ocasión que Hirata ofreció una atención a medios de comunicación fue en diciembre del 2017, cuando fue citado a declarar ante Sindicatura Municipal por asuntos de índole administrativa.

En ese momento, el exalcalde se deslindó de cualquier responsabilidad cuando se le preguntó qué autoridad o dependencia debería asumir el compromiso por el dinero que desapareció.

“Hasta ahorita, la indagatoria que tengo -informativa- es que pasa a otra área. Que la responsable administrativa del ayuntamiento es de Tesorería Municipal, y aparte de fiscalización; y de darle seguimiento a todos los procesos que se hacen en un órgano de gobierno, es la Sindicatura la responsable”, respondió. Y afirmó que era él quien más interesado está en que se esclarezcan las denuncias penales.

CONSTRUCTORES LO DELATARON

El gobierno municipal de Hirata Chico inició en diciembre del 2013 y concluyó en diciembre del 2016.

La sospecha de que algo iba mal en la administración inició cuando un grupo de empresarios de la industria de la construcción presentó quejas ante el órgano de control interno por incumplimiento de contrato.

Los desarrolladores afirmaron que no recibieron el pago o adelanto de obras que les fueron asignadas con fondos del programa federal Ramo 33 y Fortalece.

Una vez que el Órgano de Fiscalización local y la ASF presentaron observaciones, el entonces síndico procurador, Iván Barbosa Ochoa, emprendió las primeras tres denuncias penales a nivel local.

Una de ellas fue por el mal uso del programa de Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).

Este dinero estaba etiquetado para mejorar la policía municipal de Ensenada, dotar de armamento a los elementos policiacos, comprar uniformes, patrullas y tecnología para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Esta carpeta sigue abierta; el argumento de la parte acusada es que el dinero se usó para pagar nómina.

Conforme a los estados de cuenta y resultados de auditorías en mano, se detectó que de los 71.4 millones de pesos para este programa (en 2014), no se ejercieron 13.6 millones de pesos.

La información plasmada en la denuncia indica que hubo transferencias bancarias de la cuenta del Subsemun a otras cuentas, con la leyenda “depósitos bancarios de nómina general de aguinaldo”.

Una denuncia más fue porque se detectó que Tesorería realizó descuentos catorcenales vía nómina a los empleados y omitió entregar este dinero al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) por la cantidad de 201 millones de pesos.

Este hecho fue fatal, afirmó el dirigente del Sindicato de Burócratas de Ensenada, Jacinto Alcalá de la Cruz, quien explicó que, como consecuencia, hay más de 150 empleados -con 30 años de trabajo- que no han recibido su pensión ni su jubilación, y enfrentan desabasto de medicamento en Issstecali debido a que también les han restringido el servicio médico.

Esto influyó en la deuda pública, ya que después de mantenerse en 800 millones de pesos durante dos administraciones priistas, en este momento se elevó a cuatro mil millones, informó el alcalde entrante, Armando Ayala.

Para el siguiente gobierno -a cargo de Novelo- fue insostenible el pago puntual de los servicios médicos, ya que la deuda comenzó a generar fuertes intereses. Hasta la fecha, el Gobierno Federal ha descontado dinero de las participaciones federales, como cobro a la deuda con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por esta anomalía que se iniciara el 30 de noviembre del 2016, se determinó que el caso está “concluido-no ejercicio de la acción penal” porque, de acuerdo con Sindicatura Municipal, no se encontraron elementos suficientes para vincular a proceso, fue la respuesta de la Fiscalía.

Una tercera denuncia se entregó cuando el Cabildo de Hirata, para supuestamente subsanar la deuda contraída con Issstecali, aprobó un crédito con la institución Bansi por 262.1 millones de pesos, dinero que Tesorería usó para el pago de sueldos y prestaciones sin abonar a los servicios médicos.

La periodista solicitó en por lo menos tres ocasiones a la Fiscalía de Ensenada una respuesta sobre por qué la Ministerio Público permitió que se determinara el no ejercer acción penal en tres de los asuntos, al entonces subprocurador de Justicia de Zona Ensenada, Alberto Aranda Díaz, pero no hubo respuesta.

Sin embargo, Sindicatura Municipal asumió que hubo falta de interés por parte del Ministerio Público al momento de presentar las pruebas que ellos entregaron.

Estatus de denuncias ante PGJE

IMPUNIDAD, DEUDA Y MARGINACIÓN

La familia Castillo Peralta tiene agua cada tercer día y vive en una pequeña casa hecha con tablas y lámina, donde soportan temperaturas extremas de hasta 40 grados. “El agua huele como a podrida o maloliente, azufrada, aunque hay días que sale blanca y lo que atrae son moscos; acarrea larvas también”, describió la matriarca de la familia, la mañana del 24 de julio.

A sus dos hijos los baña con agua de garrafón porque en un pueblo sin agua que pase por las normas de calidad, los habitantes son más propensos a las enfermedades.

En un recorrido por los municipios de Ensenada más afectados por el desvío del dinero del Ramo 33, destinado a las colonias marginales, se visitaron colonias afectadas y por lo menos tres escuelas de nivel básico en Villa Jesús María, a la que asisten alrededor de 400 alumnos, quienes hubieran sido beneficiados directamente con la obra hídrica.

En las instituciones del extremo sur del municipio, el agua la extraen de pozos y el líquido vital que utilizan es de muy mala calidad.

Del otro extremo del municipio de Ensenada, el comedor escolar de la primaria ubicada en la delegación de La Misión es uno de veinte que están inoperables porque la edificación quedó en obra negra.

Al interior del edificio se observa un cuarto en ruinas, de cuatro paredes sin techo, y a unos metros de la primaria está un terreno propiedad del Ejido, donde se encuentra un quiosco que sería usado por los abuelos. Todo permanece en el abandono.

DESVIARON TODO EL DINERO DESTINADO A LOS POBRES

Uno de los programas federales más esperados por quienes viven en comunidades con rezago social es el Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ramo 33).

De acuerdo con el expediente de denuncia NUC 2016-10594, cuya investigación sigue abierta por el delito de Abuso de Autoridad, el extesorero, Samuel Jaime Aguilar, realizó transferencias bancarias hasta por 92 millones de pesos a dos cuentas oficiales del ayuntamiento de Banamex para el pago de nómina; otra, para gastos generales del Ayuntamiento por la cantidad de 83.2 millones de pesos.

La denuncia fue interpuesta por la siguiente Sindicatura Municipal, a cargo de Karina Castrejón Bañuelos, quien viajó a la Ciudad de México con el equipo jurídico para que la responsable ASF reclamara los fondos.

En este caso en particular, fueron más de 50 mil personas las afectadas por la falta de aplicación de este dinero etiquetado para obra pública como calles, alumbrado, comedores escolares, aulas, parques, drenajes y tuberías.

Los recursos originalmente fueron etiquetados para construir en 2015 un total de 68 obras distintas, como aulas en comunidades alto grado de pobreza, vialidades y red de electrificación, así como para llevar agua potable a comunidades relegadas, como Villa Jesús María, a más de 600 kilómetros de distancia de la cabecera municipal.

AUDITORÍA SUPERIOR NO APORTÓ PRUEBAS: SINDICATURA MUNICIPAL

Dar seguimiento y aportar más pruebas a las denuncias derivadas por el mal uso del recurso de los programas federales es responsabilidad de la ASF y no de los municipios, afirmó el Órgano de Control.

En 2016, la síndico procurador Castrejón Bañuelos presentó, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en México, los cinco expedientes para que el órgano federal diera seguimiento a las denuncias correspondientes.

A ninguno de los expedientes se le dio seguimiento, señaló la funcionaria, por lo tanto quedaron en estatus de “concluidas”.

La entonces funcionaria mencionó que era responsabilidad de la auditoría avanzar con pruebas periciales, mismas que no presentó, y por lo tanto, las denuncias quedaron como concluidas y sin acción penal.

“El titular de ese dinero es la Auditoría Superior. Es la parte afectada en este asunto de desvíos, por eso Sindicatura del Municipio no puede reclamar el seguimiento de las denuncias, porque el origen del recurso es federal”, respondió la síndico.

Fueron más de dos años de que Sindicatura Municipal dispuso de personal jurídico para comprobar los malos manejos; sin embargo, cuando Karina Castrejón entregó el expediente en la Secretaría de la Función Pública -y posterior en la Fiscalía Federal, la respuesta no fue la que esperaban.

“Desde un inicio nos advirtieron que la cantidad de dinero no era representativa, nos desilusionó porque fue mucho trabajo el que realizamos y viajes. Ya veíamos venir que esas carpetas se iban a archivar, pero nosotros hicimos lo que nos correspondía”, defendió la exservidora pública.

Las irregularidades señaladas por Sindicatura Municipal se cometieron durante el gobierno priista del Presidente Enrique Peña Nieto.

Se le solicitó a la FGR los números de expedientes; empero, no hubo respuesta a la solicitud hecha vía telefónica con voceros de la dependencia.

ES EL ÚNICO EXALCALDE INHABILITADO DE BC

Los procesos administrativos que interpuso Sindicatura Municipal sí han prosperado. Inclusive, Hirata Chico sentó un precedente al ser el único alcalde con el estatus de inhabilitado en Baja California.

El 6 de agosto del 2018 se dictó la primera sentencia, en cumplimiento a lo ordenado en el amparo 217/2018 por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, donde tanto expresidente como extesorero fueron inhabilitados por diez años.

La resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Baja California señaló que ambos eran responsables por incumplir con la fracción II y XXIII del Artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en el asunto relacionado con el mal uso del fondo del Subsemun 2014.

Además, se abrieron diez averiguaciones administrativas más -cada una por separado- por los diferentes desvíos de recursos propios y federales, que fueron detectados por la ASF.

Todos los asuntos administrativos prosperaron, afirmó Sindicatura, por lo que Castrejón Bañuelos estimó que si los años de inhabilitación fueran acumulables, ambos exfuncionarios se harían acreedores a por lo menos 100 años de inhabilitación.

“Jaime por mal uso del dinero, mientras que Hirata Chico por no cumplir con su responsabilidad de vigilar el recurso público”.

Aunque los abogados de los funcionarios inhabilitados han apelado esta sentencia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los amparos que han interpuesto han sido negados por el tribunal.

AMIGOS Y FAMILIARES SE ACABARON LA NÓMINA

El argumento principal que favoreció a Hirata para evadir la justicia, es que el dinero que desvió se usó para el pago de nómina de sus empleados, así lo manifestó en declaraciones ante Sindicatura Municipal. No obstante, existe otro antecedente en su gobierno relacionado con nepotismo.

Su hijo, Takayuki Hirata Mora, y su nuera, Raquel Novoa Martínez, fueron empleados. Ella figuró en la nómina como asistente de quien fuera esposa de Hirata, Consuelo Mora de Hirata.

Lo anterior contraviene lo dispuesto en el Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Municipio de Baja California, donde se señala que ningún funcionario de primer nivel puede favorecer a cónyuges, parientes o consanguíneos hasta en cuarto grado.

En ese entonces se realizó un análisis a la nómina a través de Transparencia Municipal, donde se detectó a colaboradores que recibían sueldos de hasta 15 mil pesos mensuales.

Hirata devengaba un sueldo de 86 mil pesos mensuales y desde que inició su gestión reconoció públicamente que su hijo, Takayuki Hirata, se encargaba del diseño de imagen de su gobierno.

En ese momento, Hirata afirmó a la prensa que contrató familiares porque eran personas de su “confianza” y que el sueldo saldría de su “bolsa”.

El sueldo de la Raquel Novoa, la nuera, era de 14 mil 594 pesos, de acuerdo a la plantilla de trabajadores de DIF municipal.

Otros funcionarios allegados, como el exsecretario de Desarrollo Social, Samuel Albestrain Pérez, incluyeron a familiares en la nómina; en este caso a su padre, Samuel Albestrain Cárdenas, como coordinador de Salones y Videojuegos del Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos. El salario de ambos sumaba 70 mil pesos mensuales.

El exoficial Mayor, José Guadalupe Ríos Vela, presuntamente incurrió en nepotismo al tener a su hijo, Salvador Ríos Montes, como encargado del Departamento de Normatividad en Sindicatura. Entre los dos cobraban 60 mil pesos al mes,

Mientras, entre el regidor priista César García Urías, su esposa Brenda Razo Higuera -que laboraba en Oficialía Mayor- y el hermano del edil, Miguel García Urías, exjefe en el Instituto Municipal del Deporte de Ensenada (INMUDERE), se llevaban casi 93 mil pesos cada treinta días.

LA PRÓXIMA AUDIENCIA PODRÍA SER APLAZADA

La exdiputada federal panista, Eloísa Talavera Hernández, presentó una denuncia, que fue radicada con número único de caso 6081/2017, por desvíos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece). La siguiente audiencia inicial está programada para el 7 de noviembre.

De este recurso, Hirata recibió de la Federación 26.5 millones de pesos para seis proyectos, entre ellos la construcción de 168 bebederos en escuelas de nivel básico. Meses después, este dinero lo invirtió en sueldos.

En este asunto, el Juez de Control halló pruebas suficientes para solicitar el ejercicio de la acción penal en contra del exalcalde Hirata Chico y su excolaborador; no obstante, las audiencias se han suspendido porque no lo han podido notificar en su domicilio.

Lista de hallazgos de Sindicatura Municipal y ASF que derivó en inhabilitación

1. Incumplir con la vigilancia correcta de recursos del Ramo 33 por 79.691 mdp.
2. No supervisar la administración del recurso desviado por 35.656 mdp.
3. No cumplir ni vigilar la correcta inversión de recursos municipales provenientes del Fais 2015 por 16.720 mdp.
4. No vigilar e incumplir las disposiciones por el manejo del crédito Bansi por 262.1 mdp.
5. Otorgar 96 ascensos a policías municipales de manera irregular.
6. Incumplir con la correcta inversión del Fais o Ramo 33 por 89.6 millones de pesos.
7. No vigilar la administración del fondo federal Archivo Histórico 2016 por 1 mdp.
8. No vigilar la administración del Programa Regional de Desarrollo 2016 por 1 mdp.
9. No vigilar la administración del Programa Regional de Desarrollo 2016 por 3.5 mdp.
10. Incumplir con la normalidad del Fortalece 2016 por 26.5 mdp.

Bienes registrados en RPP de imputados y familia

De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad (RPP) en Baja California, el Tesorero Samuel Jaime no tiene propiedades. Hirata Chico, del 2016 a la fecha compró en Ensenada un predio en el fraccionamiento Puerta del Mar por un millón de pesos, y su hijo Takayuki adquirió un predio en el exclusivo Fraccionamiento Chapultepec II sección por 95 mil dólares.

La escalada de Hirata, de profesor a político priista

“El profe” es nativo del poblado de Francisco Zarco, en el Valle de Guadalupe, y antes de llegar a su mayor anhelo -ser presidente municipal de Ensenada- enfrentó un reto de salud.

Ya repuesto, el 1 de septiembre del 2012, asumió el cargo como diputado federal tras ganar en las urnas la elección por el Distrito 3; pero tras cinco meses, en febrero del 2013, renunció al Congreso de la Unión para participar en las elecciones a la presidencia de Ensenada.

Así, y al paso de tres años, finalmente le llegó la oportunidad y presentó su mejor imagen, cabello pintado y vestido de guayabera. Con un buen recuerdo del catedrático, la ciudad le concedió el voto.

Aunque del tema de su salud nadie hablaba; el político recuperó la posibilidad de ser alcalde… más no la voz ni la coordinación motriz, y así gobernó la ciudad.

Siempre ha mantenido pretensiones políticas. La última fue trabajar con el candidato del PRI en la elección presidencial de 2018, José Antonio Meade Kuribreña, por lo que, al terminar su gestión y pese a las acusaciones en su contra, viajó a Morelos y se convirtió en el delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en Cuernavaca; el cargo lo dejó en el 2018.