La planta desalinizadora de Rosarito y el Periférico de Tijuana están contempladas en el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, que firmó el Gobierno Federal y la Iniciativa Privada el pasado 26 de noviembre.
Ambos proyectos son asociaciones público-privadas que fueron impulsadas durante la administración del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid, y han sido duramente cuestionadas respecto a su operación y financiamiento.
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La actual secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial estatal, Karen Postlethwaite Montijo dijo a ZETA que dichos proyectos están siendo revisados para “no comprometer los recursos del estado”, por lo que su construcción dependerá del resultado de esos análisis.
Los otros proyectos previstos para Baja California en el Plan Nacional de Infraestructura son: la ampliación de la Terminal de Contenedores de la Administración Portuaria Integral (API) de Ensenada, el Tren Costero de Baja California, y obras en los aeropuertos de Tijuana y Mexicali. En total, la inversión asciende a 27 mil 933 millones de pesos.
Esta cantidad coloca a Baja California como la cuarta entidad con el mayor número de inversión a nivel nacional; sin embargo, la derrama económica podría no sentirse en el estado, si no se concretan las inversiones por el “difícil” entorno económico nacional y si las empresas que ejecutarán las obras no subcontratan compañías locales.
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Aunado a ello, existen 80 obras de infraestructura en el estado que están inconclusas y que requieren una inversión de 785 millones de pesos. “Hoy por hoy no se tienen los recursos”, comentó Postlethwaite Montijo, por lo que la dependencia que dirige está identificando el estatus de cada obra y priorizando cuáles podrían terminar con el recurso de 2020.
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