El 8 de julio de 2019, cuando habían transcurrido 36 días del proceso en el que Jaime Bonilla Valdez fue electo gobernador del Estado por un periodo de dos años, en el Congreso de Baja California fue aprobada por la mayoría panista -pero a iniciativa de un diputado de Movimiento Regeneración Nacional- una reforma constitucional para la ampliación de mandato a cinco años.
No fue gratuito el desprestigio panista o la entrega a Morena. Más allá de que no se haya probado la denuncia pública de uno de los diputados priistas sobre una extorsión con un millón de dólares para aprobar la conocida como “Ley Bonilla”, los del Partido Acción Nacional no se fueron con las manos vacías de esa sesión legislativa.
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Por lo menos no el entonces gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a quien los diputados albiazules obedecían a ciegas en la intención de su voto en el Poder Legislativo. Ese 8 de julio, aparte de la “Ley Bonilla”, aprobaron el nombramiento del auditor superior del Estado. Votaron a favor de Carlos Montejo, hijo del primer alcalde panista en Tijuana conocido por sus ligas con ese partido hoy derrotado en Baja California y en el país.
Se supuso que la selección de Montejo habría sido para beneficiar en un futuro cercano (hoy mismo, de hecho) a Vega de Lamadrid y su tropilla de funcionarios, pues la Auditoría Superior del Estado se encarga de la revisión de cuentas y la fiscalización de los recursos en Baja California.
De la sesión del 8 de julio donde se aprueba la “Ley Bonilla” y se designa al auditor superior, se desprende la posibilidad de la existencia de un pacto de impunidad entre el gobierno saliente y el entrante, dado que ambas partes obtuvieron lo que a sus intereses correspondía con la votación de los diputados.
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La principal labor de la Auditoría Superior del Estado es “fiscalizar la administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, subsidios y recursos de los poderes del Estado y de las entidades públicas estatales, incluyendo a los municipios, organismos dotados de autonomía y particulares, cuando manejen recursos de origen público”.
En estos momentos de análisis y fiscalización del manejo de recursos en el gobierno de Francisco Vega que concluyó el 31 de octubre de 2019, será la Fiscalía Superior del Estado la que determine si en efecto se malversaron recursos, si se defraudó a la administración pública, si se desviaron los dineros y si -como se denunció y se supone- “Kiko” y los suyos cometieron actos de corrupción en detrimento de Baja California.
En los días siguientes a su nombramiento, Carlos Montejo pretendió dialogar con quienes criticaron su designación (en el Sistema Estatal Anticorrupción de hecho intentaron medidas judiciales para dar marcha atrás al nombramiento) y comprometerse a no ser un auditor carnal con la administración de Francisco Vega o de cualquier otro. De alguna manera calmó las aguas.
Hasta la noche del miércoles 13 de noviembre, cuando el gobernador Jaime Bonilla Valdez sugirió al auditor fiscal del Estado que renunciara, este aceptó. Hoy viernes 15 de noviembre, si no cambia el escenario dado que su cargo no depende del mandatario sino del Congreso que lo eligió, entregará la Auditoría Superior del Estado a un encargado de despacho.
El asunto, informan quienes estuvieron en el encuentro en el cual se dio la petición y la renuncia, tiene que ver precisamente con Francisco Vega de Lamadrid y sus oscuros manejos de los recursos públicos de la entidad.
Sugiere el informante que el gobernador preguntó y el auditor respondió, que efectivamente Vega de Lamadrid y el ex secretario de Finanzas del Estado, Antonio Valladolid, lo habían buscado para pedirle que les ayudara a cubrir un fraude maquinado a través de 30 empresas fantasma por casi 2 mil millones de pesos, llevado a cabo de 2017 a 2019.
Fuentes aseguran que después de la confesión del auditor, Bonilla le sugirió renunciar antes que los panistas Vega y Valladolid lo involucraran en la trama del presunto millonario desfalco al erario bajacaliforniano.
Días previos a la reunión del auditor con el gobernador, trascendió en la Auditoría Superior del Estado que efectivamente en la fiscalización del gasto de la administración pasada, habían detectado una operación similar a la “Estafa Maestra” en el Gobierno Federal que encabezó Enrique Peña Nieto y que mantiene en prisión a la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. La defraudación federal, documentada por periodistas, evidenció el desvío de más de 7 mil millones de pesos entre varias secretarías de Estado, universidades públicas y empresas fantasma.
En Baja California, antes de los dichos del auditor al gobernador, sobre la petición del ex mandatario para ser “cuidado” en el caso de la defraudación de casi 2 mil millones de pesos, poco o nada se ha probado de los desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación en la administración kikista. De hecho la delación de Carlos Montejo ante Jaime Bonilla es el primer indicio oficial -considerando el cargo y la facultad del auditor- que se tiene de la consumación de actos de corrupción en el último gobierno panista en Baja California.
Tanto Jaime Bonilla Valdez como quien suceda a Montejo en la Auditoría Superior del Estado, los diputados en el Congreso del Estado y la Fiscalía General del Estado, tienen la obligación tanto política, administrativa como moral, de investigar los hechos relatados por el auditor sobre el desvío, utilizando empresas fantasma, de casi 2 mil millones de pesos. El no hacerlo no solo los convertiría en cómplices de un gobierno corrupto, sino que confirmaría el pacto de impunidad que se fraguó en la sesión legislativa del 8 de julio, cuando se aprobó la “Ley Bonilla”.
Ahora sí que están obligados a investigar la corrupción e investigar a los ex funcionarios, empezando por los dos que se acercaron a Carlos Montejo para hacerle la indecorosa propuesta: Francisco Vega de Lamadrid y Antonio Valladolid.
