En medio de una ruidosa protesta encabezada por grupos conservadores, la diputada Miriam Cano presentó una iniciativa de reforma constitucional y del Código Civil, cuyo objetivo es que el Estado reconozca los matrimonios igualitarios en Baja California.
“No a la dictadura, escucha al pueblo”, eran las consignas que gritaban los manifestantes, afirmando que dicha iniciativa era aberrante, atentaba contra el diseño natural de la familia y pretendía favorecer a la adopción de parejas del mismo sexo.
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A diferencia de otras manifestaciones, en esta ocasión, los colectivos conservadores y en favor de la familia natural, no abarrotaron el recinto legislativo.
La lectura del documento presentado por la legisladora morenista, que cabe señalar ya había intentado exhibirla hace unos meses en una sesión que se suspendió por la intervención de grupos religiosos, respetó el proceso legislativo y se turnó a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, del diputado Juan Manuel Molina.
La intención es modificar el segundo párrafo del artículo 7 de la Constitución local, derogar el artículo 144 y reformar los artículos 143, 145, 161, 169, 170, 174, 176, 177, 179, 181, 182, 184, 186, 205, 208, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 224 y 291 del Código Civil del Estado de Baja California, cuya legislación impide que se realicen matrimonios igualitarios en la entidad, pese a que la Constitución Federal ya los respalda.
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En Baja California ya se han documentado un total de 18 uniones civiles entre personas del mismos sexo, los cuales recurren a un amparo argumentando una violación a sus derechos humanos.
El debate ya generó jurisprudencia y prácticamente cualquier pareja homoparental que sea rechazada en el Registro Civil y que interponga un amparo, obligará al gobierno municipal a realizar la unión dentro de la legalidad.
