El Ayuntamiento de Tijuana le renovó contrato a la empresa Global Sigth por siete años, tiempo en el que esta recibirá -por parte del municipio- 539 millones 805 mil 420 pesos por encargarse de la operación de las cámaras de seguridad para la aplicación de multas electrónicas.
Al pago del nuevo contrato millonario se añade otro de 50 millones de pesos que se cubrirá en los próximos seis meses, a cambio de que Global Corporation y su filial Global Sight desistan del cobro de mil 060 millones de pesos al que fue sentenciado el municipio de Tijuana, por no entregar a estas firmas lo correspondiente al cobro del 65 por ciento de multas electrónicas, que a la fecha no ha comprobado su aplicación.
No obstante a esta laguna y a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como inconstitucional su aplicación, toda vez que no se dio a las personas el derecho de audiencia por ese cobro, el gobierno de González Cruz se compromete a pagar un total de 589 millones 805 mil 420 pesos: 50 millones en seis meses y 539.8 millones de pesos en siete años, esta última cantidad dividida en 84 mensualidades de 6.4 millones de pesos.
Sobre la transacción acordada con Ramón Felipe de Jesús Rodríguez Lizárraga, apoderado de ambas firmas, el alcalde indicó que “se buscó negociar con la empresa, ampliar el servicio que estaba dando por el mismo costo que anteriormente tenía, a cambio de eso finiquitar todas esas deudas que venimos arrastrando”, subrayó.
Con el nuevo convenio, la empresa instalará mil 500 cámaras de seguridad adicionales a las 525 que ya tiene instaladas. González Cruz aseguró que la reanudación del servicio de la empresa y la instalación del equipo adicional no tendría costo para Tijuana, omitiendo mencionar el nuevo convenio.
Sobre la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento de la empresa, admitió que esa parte no ha sido incluida en el convenio. El acuerdo fue aprobado por la mayoría del cabildo, excepto por el regidor perredista Luis Antonio Quezada Salas, quien se negó a avalarlo, considerando que el gobierno de Tijuana debió primero corroborar si la indemnización reclamada por Global Corporation procedía jurídicamente.
“No puedo votar por algo en lo que aún existe una incertidumbre jurídica. Las multas estaban condicionadas a que el municipio las cobrara, y si no existe un documento que corrobore que efectivamente se sobraron, no puede existir la obligación del Ayuntamiento de pagar la cantidad reclamada por la empresa”, subrayó.
Recordó que a la empresa ya se le había pagado 150 millones de pesos en 2011, durante el gobierno de Carlos Bustamante Anchondo, cantidad a la que ahora se suma otro convenio por más de 500 millones de pesos. De nueva cuenta, sin licitar.
