Autoridades estadounidenses calculan que durante los últimos 10 años, han ingresado a México, dos millones de armas ilegales, de las cuales 1.6 millones quedan en las calles, tomando en cuenta los decomisos y las entregas voluntarias al Ejército; Tijuana es uno de los principales puntos de ingreso
En México existe un arma ilegal por cada 75 habitantes, la mayoría proveniente de los Estados Unidos, según cifras de agencias gubernamentales de ambos países. Tijuana es uno de los principales puntos de entrada al país.
La cifra alcanza los 57 habitantes por arma (legal e ilegal), tomando en cuenta las 450 mil 625 armas comercializadas por la Sedena a los gobiernos estatales, dependencias federales, licencias colectivas, personas físicas y empresas de seguridad privada.
Según datos de la ATF (Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos), citados por el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, durante los recientes 10 años han ingresado al país, dos millones de armas ilegales, a razón de 200 mil por año.
De esos dos millones de armas, las autoridades mexicanas han incautado 193 mil y otras 139 mil 276 han sido entregadas voluntariamente por civiles en las campañas de donación implementadas por el Ejército, indicó el general de cuatro estrellas.
Es decir, tan solo en un año ingresaron a México más armas que las decomisadas por las autoridades en un periodo de 10 años.
Los principales cruces detectados por las autoridades son San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros.
De las 193 mil armas confiscadas en los recientes 10 años, el 70 por ciento provenían de Estados Unidos, el resto de Austria, España, Italia y otros países, indicó el secretario el pasado 13 de agosto en la conferencia de prensa matutina que diario ofrece al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Del 70% proveniente de Estados Unidos; el 41% era de Texas; 19% de California; 15% de Arizona y 25% del resto de los estados de la unión americana.
Informó que en Estados Unidos existen 133 mil 753 licencias para venta de armas de fuego, 22 mil 689 de ellas en cuatro estados fronterizos con México.
OPERATIVO MÉXICO-EU
El 22 de julio pasado, el canciller Marcelo Ebrard anunció la puesta en marcha de un operativo conjunto entre México y Estados Unidos para tratar de reducir el número de armas que ingresan por la frontera norte, específicamente por Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros.
Tras reunirse días antes con Mike Pompeo, secretario de Estado en el país vecino, Ebrard Casaubón dijo que se planteó la inquietud acerca del incremento en el número de armas registradas en la comisión de delitos.
Foto: Internet.- Luis Crescencio Sandoval, General Secretario de la Defensa Nacional.
De acuerdo con la Sedena y Fiscalía General de la República (FGR), en los delitos ha aumentado un 9% el uso de armas pequeñas, 9% de rifles, 63% de armas automáticas y 122% de armas de asalto.
Adelantó que los operativos se pondrían en marcha con la participación de Sedena, Semar, Guardia Nacional, SSPC y FGR, además de las autoridades estadounidenses. Hasta la fecha no se han difundido resultados.
Ese mismo día, tras el anuncio del canciller, el secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), José Fernando Sánchez González, celebró el anuncio y recordó que días antes había estado en la Ciudad de México presentando información sobre el tráfico de armas por la frontera con California.
Reveló que la autoridad estatal tenía detectada una nueva modalidad de tráfico de armas ensambladas al 80%, las cuales son comercializadas a través de internet, con un instructivo de armado y con la posibilidad de ser enviadas a un PO Box.
Legalmente, explicó, estas armas no son consideradas como tal porque no están completamente ensambladas, con lo que se evita el delito de posesión. “Es un arma hasta que la ensamblas”, reiteró.
Sugirió trabajar desde el ámbito legislativo para que dicha conducta pueda ser constitutiva de un delito.
SIN APARECER SIETE ARMAS PERDIDAS POR POLICÍAS
Tan solo en el trienio de Marco Antonio Novelo Osuna, siete policías de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada fueron desarmados por integrantes del crimen organizado en distintos hechos.
Los equipos extraviados, algunos de grueso calibre, no han sido repuestos; mientras tanto, en redes sociales privadas de Baja California, los mismos agentes policíacos tienen grupos donde se comercializa con armas.
“Una de las ventajas de tener estos rifles es que no se devalúan, son herencias”, reveló una fuente de la corporación estatal que gusta de coleccionar revólveres, aprovechando su condición de policía.
Dos armas cortas, fabricadas en Australia, se publicaron recientemente en las redes cerradas. El costo del revólver es de entre 800 y mil dólares, “ya puestas en Ensenada”.
Hay otro mercado negro en colonias con altos niveles de violencia donde ofrecen armas cortas por 5 mil o 10 mil pesos.
El descontrol en el uso de las armas en Baja California ha puesto en alerta a las autoridades federales, mismas que tienen entre sus facultades, consignar a quien porte un arma sin el debido permiso.
De acuerdo con información obtenida a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en Baja California prácticamente ningún civil tiene derecho a llevar consigo un arma de fuego.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respondió a una solicitud de información que en el Estado, solo dos civiles tienen permiso oficial para portar un arma de fuego y seis personas más están en espera de recibir la autorización.
Los permisos se entregan conforme al Artículo 10 Constitucional, el cual estipula el derecho a poseer armas en su domicilio para seguridad y defensa, con excepción de las de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
En 10 años han sido robadas o extraviadas a nivel nacional, 12 mil 573 armas pertenecientes a las licencias oficiales colectivas, dependencias y fiscalías. Cuando un elemento civil pierde el arma, se impone una sanción administrativa de mil 700 a 540 mil pesos. En el caso de las Fuerzas Armadas no aplica multa, es un delito y se procesa al elemento, precisó el secretario de la Defensa.
CRIMEN ORGANIZADO DESARMA A POLICÍAS
Por las calles circula una Colt tipo M4 calibre .223 de uso exclusivo del Ejército que fue robada en mayo de 2018 por la noche, a un escolta de la entonces esposa del presidente municipal, Mirna Ibarra.
El oficial de custodia se descuidó en un restaurante cuando un sujeto dio un cristalazo al vehículo desde el estacionamiento para extraer el equipo junto con 60 cartuchos, con un valor en el mercado mínimo de 3 mil dólares.
En Ojos Negros, el oficial Chacón se encontraba realizando un servicio particular en un mercadito de la delegación de Ojos Negros con una pistola de la corporación, cuando un comando ingresó de manera violenta y le arrebató el revólver.
Otra situación similar le ocurrió al agente Camacho, que cerca de la Estación Zona Norte, también fue atacado por sujetos que lo dejaron ir a cambio de entregar el armamento.
A Mendoza lo despojaron no solo de la pistola, sino de un arma larga tipo R15 y una escopeta, cuando sujetos ingresaron a su domicilio en la zona Noroeste de la ciudad y le robaron su vehículo que fue localizado momentos después.
El oficial Páez, en una reunión entre amigos, simplemente extravió su arma de cargo.
La subprocuraduría de zona Ensenada abrió carpetas de investigación por el delito de robo.
AGENTES PAGAN POR ARMA EXTRAVIADA
Cuando un elemento municipal sufre la pérdida de su arma es porque hubo errores en el protocolo de resguardo y por Ley, son reprendidos con una sanción económica de alrededor de 40 mil pesos.
Jorge Íñiguez Díaz, director de Seguridad Pública Municipal, detalló el curso del procedimiento: una vez que se conoce el hecho, se levanta la denuncia en el Ministerio Público y se analiza el asunto en la Comisión Disciplinaria.
En el caso de Ojos Negros, donde se sometió al elemento y lo despojaron del arma, el asunto llegó a la Comisión Disciplinaria para determinar si había responsabilidad, sin embargo, se determinó que no hubo.
“En otras situaciones que han sido por descuido u omisión, se les descuenta vía nómina. El valor del arma se calcula con base en el costo al momento de su adquisición”, indicó.
El procedimiento, añadió, es dar de baja el arma del padrón, pagar una penalización ante Sedena que se le impone al elemento, alrededor de 5 mil pesos. El costo del arma ronda los 40 mil pesos.
Sobre el asunto donde estuvo envuelta la exprimera dama, se determinó omisión y se le descontó al escolta vía nómina.
“Hasta el momento no se ha recuperado ninguna de las armas extraviadas o robadas. No hemos tenido información de la Procuraduría que se haya usado un arma de estas”, respondió el mando local.
La DSPM tiene un banco de armas con una cantidad correspondiente al número de elementos.
SIN RECURSOS
El equipo que ha sido robado o extraviado a los policías no ha sido repuesto en el banco de armas. Este año, la DSPM solo tuvo dinero para la compra de municiones que se usan para las prácticas tiro porque en campo, los oficiales rara vez detonan su pistola.
El Ayuntamiento de Ensenada no pudo adquirir en 2018, armas por lineamientos que Sedena impuso por la supuesta falta de un espacio para almacenarlas.
La compra de municiones es urgente porque la corporación en el puerto está escasa de tiros, los que tienen, fueron prestados por Seguridad Pública de Tijuana y deberán devolver el stock.
COMPRA LEGAL
Según cifras oficiales, en México existen dos mil 623 civiles con permiso de portación de arma de fuego.
ZETA habló con un comprador y vendedor de armas legales, quien explicó el proceso para adquirirlas con la Sedena y poderlas venderlas a particulares, así como algunos de los precios en pesos, euros y dólares.
La persona que aspira a comprar un arma legal debe presentar ante la Sedena, documentos básicos como fotocopias de la cartilla del Servicio Militar Nacional, una carta de trabajo, carta de no antecedentes penales, comprobante de domicilio e identificación con fotografía, acta de nacimiento y Clave Única de Registro de Población (CURP); en caso de armas para tiro o cacería, se debe anexar copia de la credencial del club cinegético al que se pertenece; si son para colección, permiso para poseer colección de armas de fuego.
Otros requisitos son los exámenes toxicológicos y un certificado médico de una institución pública, ambos a la hora de tramitar ingreso a un club cinegético.
“Se reúnen los documentos y los llevas o los mandas al domicilio de la Sedena, a las oficinas de Registro de Armas, te hacen el trámite que dura alrededor de un mes más o menos; después te llega un correo si te autorizaron, si te falto un papel, si alguno no sirvió. Si te autorizaron, haces el pago al banco, los permisos de compra; vas, recoges el oficio y te vas a la Armería y compras tus cohetes”, relató de manera general.
El permiso (oficio) que dan los militares para comprar las armas, vale alrededor de 126 pesos y también se paga aproximadamente 56 pesos por comprar cada arma, independientemente del valor de la pieza. Estando en un club cinegético se pueden solicitar hasta tres armas.
Estando en la Armería, los militares asignan una ficha, llegado el turno se solicita el arma deseada, se revisa para ver si es del agrado del comprador, recogen los pagos, copia de credencial del Instituto Nacional Electoral, registran el arma y el oficio, con lo que se ampara al comprador con un permiso provisional para transportar el arma hasta el domicilio. “Si sacas tu oficio hoy y vas y compras tus armas la semana que entra, de ese día que las compras, con tu registro checan, si te llegan a parar, las fechas y tú tienes tu permiso de transportación”, explicó.
En el caso de civiles, la Sedena vende armas cortas calibres .22, 25, .32, .38 especial y la .380; la .38 súper, .9 y 45 milímetros están restringidas. En rifles hay más calibres disponibles, siempre y cuando no sean de repetición, plataformas, AR-15 ni carabinas.
Por compra se pueden solicitar tres armas y Sedena no vuelve a vender a la misma persona hasta transcurridos seis meses. Para poder a vender un arma debe pasar un año desde la compra a la Sedena. El límite de armas compradas es de entre ocho y nueve, “ahí sí llevan ellos un registro. Si tú mandas solicitud para comprar otra vez armas y tienes dadas de alta tus ocho armas, te van a decir ‘no te podemos vender ya armas’, entonces ahí es cuando empiezas a dar de baja armas”.
Para vender un arma legal se debe ir a una base militar donde haya registro y cambio de propietario, ambos llevan sus papeles, pagan un impuesto por el cambio de propietario, dan de baja el arma al vendedor y hacen un nuevo registro para el comprador.
El vendedor precisó que Sedena no cuenta con un proceso de revisión temporal de las armas.
JUECES SIGUEN LIBERANDO DETENIDOS CON ARMAS
Si bien, la Constitución autoriza a los ciudadanos a tener un arma en su casa o comercio para defensa propia y su patrimonio, hay restricciones.
Si un ciudadano va a tener un arma en su domicilio, tendrá que estar debidamente registrada ante Sedena, quien define qué calibres se pueden usar.
Información de la Procuraduría General de Justicia del Estado indica que la mayoría de los delitos se cometen con un arma de fuego.
Pero es un delito de orden federal, no lo atienden los jueces locales, sin embargo, en la mayoría de los casos, se presente lo que se presente, argumente el Ministerio Público lo que argumente, el juez los deja en libertad.
“El problema es que cualquier calibre, el juez no lo analiza como un delito de peligro o sea, los deja en libertad. La mayoría de ellos son delincuentes que tienen un fin. Hay zozobra de los ciudadanos cuando alguien porta un arma”, respondió en su última visita a Ensenada, la ex procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva.
