La violencia estalló cuando una turba de choferes y concesionarios enfrentó a agentes de seguridad, en un intento por entrar al Congreso para impedir la primera lectura de la iniciativa que contempla la modernización de unidades, el reordenamiento de rutas y la inclusión de plataformas digitales como Uber
La mañana del martes 22 de octubre fue una pesadilla legislativa para Baja California Sur, cuando grupos de choque conformados principalmente por choferes y concesionarios del transporte público tomaron uno de los accesos al Congreso local, convocados por operadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para frenar la iniciativa de Ley de Movilidad enviada por el Ejecutivo estatal, Carlos Mendoza Davis, en octubre de 2018.
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Ante este escenario, los legisladores solicitaron seguridad para resguardar su integridad con arcos detectores de metal y vigilancia. La respuesta fue el refuerzo de un grupo aproximado de entre 50 y 70 granaderos antimotines, y otro gran número de policías.
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“Váyanse recorriendo, palomilla, cierren espacios, recórranse, pónganse vivos”, se decían los agentes de seguridad, mientras colocaban vallas para que los asistentes tuvieran un acceso controlado y no hubiera más de 80 personas dentro del recinto, tal y como ordenó Protección Civil estatal.
La violencia estalló cuando una turba de choferes y concesionarios enfrentó a los agentes de seguridad, en un intento por entrar al Congreso a la fuerza y de manera desordenada.
La sesión estaba programada a las once de la mañana para dar la primera lectura a la Ley de Movilidad, sin embargo, minutos antes de las diez surgió el conflicto. Los choferes se fueron a los golpes contra de los elementos de seguridad, lanzaron piedras, botellas, fierros y todo lo que tuvieran a su alcance. Desde el interior del Congreso, a través de las puertas de cristal se apreciaban objetos volando de un lado a otro, algunas personas incluso fueron golpeadas en el rostro.
“No vamos a abrir las puertas, cálmense (comentaba la seguridad del interior del recinto oficial), aquí adentro no hay conflicto, no las abran, ¡no abran!”, pero al percatarse de mujeres golpeadas que estaban pegadas a la puerta, se permitió el ingreso a las féminas.
“La violencia la están generando el propio gobierno y el Congreso, ¡que abran las puertas, que abran las puertas!”, exclamó molesto Pedro Enrique López, líder de la Alianza de Sitios de Automóviles y Transportes de Alquiler (ASATA).
“Desde la mañana estaba lleno de más de 200 o 500 policías judiciales, todos de civiles y los otros antimotines, ellos están provocando el problema en el Estado porque se quieren quedar con el transporte. Aquí está el líder del PAN, las cámaras, desde las nueve de la mañana los dejaron entrar y llenaron el Congreso”, reiteró.
Pero no todos los transportistas estuvieron a favor de la violencia que se generó por la primera lectura. Pascual Álvarez, quien preside la agrupación Transportes Colectivos (Tracolsa), criticó el actuar de algunos de sus compañeros: “Reprobamos este tipo de acciones, vinimos de una manera pacífica, lo que pasa es que a los compañeros siempre se les ha abierto la puerta para que puedan participar, por eso le pedimos al presidente de la Mesa Directiva que dejaran entrar a la mayoría de las personas, para que no se suscitara un acto de violencia”.
INTERESES FRENAN LEY
Las instrucciones de los líderes morales de Morena en el Estado han sido apoyar a los transportistas. De hecho, Leonel Cota Montaño, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, brindó su respaldo a los agremiados.
“Las afectaciones de esta entrada, aparentemente modernizadora porque se pinta de ese barniz, lo único que va a provocar son desastres a la economía local. Reitero mi apoyo al sector del transporte”, expuso ante medios locales.
Diputados y Diputadas de las dos Morenas del Congreso, se escondieron e hicieron bloque para que la Ley de Movilidad no llegue, atendiendo su compromiso político con transportistas
La instrucción de Víctor Castro Cosío, coordinador de Programas Federales, fue todavía más clara: “Hace unos días dije a mis compañeros diputados que agradezco mucho defendamos a los taxistas, no estamos en contra que haya Uber o no, hay gente que dice ‘yo sí quiero Uber’”, y en tono de burla complementó: “Ay sí, pues, está bien, ‘ta bueno”.
Castro afirmó que todo aquel legislador de Morena que vaya en contra de la instrucción, será expulsado del partido, “nunca agarran un taxi, dicen, ‘los taxis no sirven’, esos son la gente fifí. Escuchen a los transportistas, es lo único que he pedido, les pedí a mis compañeros actúen con decencia, y el que no actúe con decencia, nosotros les dijimos: nos vamos a encargar de ir al Congreso y expulsarlos de Morena”, concluye en su mensaje filtrado en video.
Algunos legisladores mostraron desconocimiento sobre la Ley, por ejemplo Carlos Van Wormer no sabía ni de qué estaba hablando, al expresar que el perfil del encargado del Instituto de Movilidad -tal cual menciona la nueva Ley- debía ser cualquiera que lo ocupe, sin contar con un perfil.
“Se me hace muy prematura, no hubo socialización, no hubo tiempo de revisarla, venía muy generalizada, hay algunos puntos que tenemos que revisar. Lo que se pedía era que fuera vinculatorio el Instituto de Movilidad, está una persona muy generalizada, puede ser una persona licenciado, sin experiencia, un biólogo; cualquier persona afín al tema. También tiene que ver con el Comité de Transporte, hay muchos temas que quedan en el aire”.
Según el Capítulo Noveno de la Designación y Requisitos del Titular del Instituto, los siguientes artículos refieren al respecto:
Artículo 103. El Instituto contará con un Director que será designado por el Gobernador del Estado, así como con el personal suficiente para el cumplimiento de sus funciones, quienes deberán contar con la debida preparación técnica y académica en materia de movilidad.
Artículo 104. El Director del Instituto deberá cumplir con los siguientes requisitos: I. Tener por lo menos treinta y cinco años a la fecha de su designación; II. Contar con título profesional de licenciatura afín en la materia; III. No ocupar un cargo de elección popular o partidista al momento de su designación; IV. No ser titular o accionista de una empresa, que tenga permiso, autorización o concesión; y V. Contar con los suficientes conocimientos técnicos y experiencia en materia de movilidad.
Tras evidenciar el desconocimiento de la Ley, Carlos Van Wormer trató de cambiar el tema y consideró prematuro haberla presentado, cuando la iniciativa de Ley lleva más de un año en revisión.
“Hasta ayer en la tarde (lunes 21 de octubre) tuvimos conocimiento, los cambios fueron en la noche, cuando lo subieron empezaron a leerlo nuestros asesores, hablé en la mañana para que se nos diera tiempo de analizarla y discutirla entre nosotros anteriormente, pero van muy rápido, creo que estamos como para analizarla bien y revisar bien los temas importantes”, puntualizó el legislador por la coalición “Juntos Haremos Historia”, que con las fracciones de Morena, faltaron a la sesión ordinaria del martes 22, así como a dos sesiones extraordinarias, lo cual amerita sanciones.
“Para una tercera convocatoria para el tema de la Ley de Movilidad, nuestra reglamentaria contempla nuestras asistencias, es nuestra obligación de comunicar, asistir puntualmente a las acciones que nos convoquen por parte de presidencia. Efectivamente debe haber sanciones para aquellos diputados faltistas”, externó Perla Flores Leyva, de Partido Encuentro Social. (PES).
Desde muy temprano llegaron cientos de policías a resguardar el recinto oficial, algunos de civil y otros con equipo antimotines
Una de las sanciones era llamar a sus suplentes por abandono de su curul, “descontarles el día, que es lo que contempla reglamento a través de la presidenta para las faltas a la sesión, y si continúan las faltas el reglamento, faculta para que se pongan a sus suplentes. Esta propuesta de Ley es perfectible y se puede ir adaptando, por ello la estamos poniendo a discusión, en su momento vendrá la segunda lectura y a su vez la votación a favor o en contra”, complementó Flores.
La votación a la Orden del Día fue en contra, pidieron más tiempo para revisar y, después de una primera lectura, hacer las respectivas adecuaciones.
Rigoberto Murillo, representante del PES y presidente de la Comisión de Transporte, señaló a ZETA que las modificaciones se hicieron como fueron solicitadas por los transportistas: que las plataformas digitales sean locales y se vayan de BCS aquellas que operan desde otras partes del mundo, como Uber.
“Al final del día los transportistas son sudcalifornianos, nosotros fuimos elegidos por sudcalifornianos para servir a todos los ciudadanos, no a grupos, esa es la gran verdad, se va a leer nomás, faltan unos días nada más, vamos a cumplir un reglamento interior de la Ley Reglamentaria y eso se tiene que dar. Privilegiamos las plataformas locales, eso es lo que ellos (transportistas) pidieron, por eso se nos hace raro que están protestando”, lamentó Murillo.
TRANSPORTISTAS CELEBRARON
“Lo que pasa es que se revolvieron las cosas para apoderarse del transporte con los intereses particulares que tienen el gobierno e Iniciativa Privada, sin importar los derechos y los intereses que tenemos. Tenemos muchos años en esto, hicieron borrón y cuenta nueva, nada se acomoda, nada más las obligaciones tiene el Gobierno del Estado, los municipios y el Instituto, y no puede haber así un transporte que se someta”, mencionó Sara Baroccio, concesionaria múltiple del transporte público, quien reconoció que viene con “mano dura” la Ley que obliga a mejorar el servicio o serán sancionados. Argumentos que no mencionan los transportistas,
“La Ley contiene cinco capítulos y tres son de movilidad, los otros dos de transporte, pero viene con toda la mano dura”, advirtió Baroccio.
Algunas de las observaciones de transportistas de Los Cabos, son que el Artículo 155 les perjudica, ya que el Instituto de Movilidad “llevará a cabo el control, atención y tratamiento de los concesionarios de los servicios de transporte, en un plano de igualdad”. Además, el Gobierno del Estado determinará la factibilidad de las concesiones y el número de unidades por ruta.
“No existen las condiciones favorables para esta Ley que viene a perjudicar a todo el sector transporte, en todo el Estado de Baja California Sur, considero que están muy bien los diputados en buscar una Ley que vaya de acuerdo a que todos los transportistas estemos inscritos en esta Ley, por ello ya que tengan todo listo, pienso que van a asistir con una Ley que va a ser presentada. Es mi percepción como transportista. Hay artículos en que se ven afectados los derechos de transportistas, por esta razón no han asistido; el Artículo 155 es el que más afecta”, apuntó por su parte Pascual Álvarez, de la agrupación Tracolsa.
Los concesionarios del transporte insisten que se aplique la Ley vigente, en vez de actualizarse.
LEY SIN MOVILIDAD
Ante el panorama, grupos organizados de la sociedad civil de inmediato dieron su versión: hace falta trabajo, hay expertos que no fueron requeridos, aunque se ofrecieron en apoyar. Los diputados no atendieron a todos los sectores para poder censar y tener una Ley que requiere el Estado.
“Los artículos 20 y el 26 criminalizan prácticamente a las personas que andan a pie, en silla de ruedas, incluso a los que andan en bicicleta, y eso es completamente contrario a lo que se intenta con la Ley de Movilidad. Decidimos emitir un comunicado porque no brindan garantías de seguridad vial, no garantizan el derecho a la movilidad, a un ambiente sano, el derecho a la ciudad y el ambiente universal para las personas con discapacidad”, lanzó Francisco Aguirre, representante de la asociación BCSIcletos.
“Con el Artículo 26, en todo caso si no quieren trabajar, pueden copiar y pegar el Artículo 88 del Reglamento de Tránsito Municipal de La Paz y quitar lo que pusieron en el Artículo 26 y poner lo del 88, es un ejemplo muy sencillo que pudieran hacer y así lo pondrían de nuestro lado, dando importancia, derechos y garantías a los que andamos en bicicleta, a pie o silla de ruedas”, planteó el activista.
Por su parte, Antonio Sandoval, de la asociación civil Derribando Límites, consideró que la Ley de Movilidad no solo abarca el transporte, ya que el ciudadano queda desplazado, incluso todos los partidos consideran que solo se trata de Uber contra taxis o transporte público, pero se olvidan de la inclusión de las personas. Y qué decir del sector con discapacidad móvil.
“Esta Ley que proponen habla más bien, o en su mayoría, del transporte público, y sabemos que es una parte importante, pero la movilidad va mucho más allá. Los legisladores del Estado trabajan por una Ley de Movilidad que nos discrimina”, reprochó Sandoval.
De entrada la Ley limita las facultades de los ayuntamientos, supeditando sus atribuciones a la autorización que pudiera concederle el Instituto de Movilidad, lo cual es contradictorio, ya que el propósito de una norma de ese tipo es el traslado de personas y bienes de una manera segura y, de acuerdo al orden de preferencia señalado en la pirámide de Movilidad, en este proyecto se dicta lo contrario y vulnera la denominada Ruta Deseo, ya que obliga a las personas con discapacidad a usar los puentes peatonales.
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“El Artículo 20 de la Ley considera que las personas que no utilicen las banquetas, cruces peatonales, puentes o vías, serán infraccionados, y lamentablemente no toda la infraestructura está en buen estado. Para que una persona con discapacidad pueda moverse, por ejemplo, los puentes no son inclusivos e impiden el acceso a las personas como yo, que nos movemos a través de una silla de ruedas”, denunció Antonio Sandoval, de Derribando Límites.
“Es muy difícil transitar por las calles de La Paz, no poder desplazarnos más de una cuadra, no tener el medio de transporte adecuado para poder ir de mi casa a mi trabajo sin la necesidad de molestar alguna persona que nos pueda echar un aventón o tener un vehículo propio”, evidenció.
Mucha ha sido la presión de los transportistas a los diputados de BCS, y ahora de los partidos políticos y grupos empresariales que toman en cuenta el sentir de la población y no solo de grupos que obedecen a favores políticos.
“Pudimos leer el dictamen, viene muy completo, se está garantizando el transporte, las concesiones que tanto piden los transportistas, se les están dando sus derechos, no hay motivo por cual no se apruebe esta Ley. Es una iniciativa muy completa en beneficio de todos los sectores, no es exclusiva de la sociedad o nada más del transporte; es de todos los puntos y sectores de movilidad”, apuntó Jesús Montoya, dirigente estatal del Partido Humanista.
Francisco Loubet Valenzuela, del Consejo Coordinador Empresarial de La Paz, considera que la Ley es perfectible, “puede ser que no venga del gusto de todos, pero ya tenemos la oportunidad de tener una nueva Ley de Movilidad y es un paso muy interesante que da certidumbre entre toda la sociedad. En estos temas siempre va a haber una parte de la sociedad que se siente agraviada y otra que se siente beneficiada. El tema es que ya se da el primer paso, los beneficiados empezarán a gozar de la Ley de inmediato, en cuanto se autorice, y a los que están inconformes, hay que escucharlos para empezar a trabajar en la parte que a lo mejor los legisladores no vieron y quedaron fuera; hay que empezar a perfeccionarla”.
La Ley obliga a todo prestador de servicio de transporte público, de materiales, de diversos sectores, así como a las autoridades y a los propios peatones, a respetar. Con ello se acabarían parte de los problemas, ya que tendrían que evolucionar los servicios, la infraestructura y la manera de moverse en las calles, y esa es parte de la resistencia.
“Estamos esperanzados a que sea la primera lectura, creemos que en un Estado con gran desarrollo económico, es importante crear las bases con leyes y reglamentos que nos permitan seguir creciendo, por ahí nos informaron que hubo ciertas modificaciones que se hicieron a la Ley propuesta por el Ejecutivo, no tenemos un resumen final de todos ellos, pero sería muy interesante ver las regulaciones secundarias, por ejemplo, en el caso las plataformas digitales tendrán que ser avaladas por el Instituto (de Movilidad), creemos que es un gran paso para el desarrollo económico, para BCS, la aprobación de esta Ley de Movilidad”, opinó José Gustavo Díaz Tronco, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en BCS.
Por ahora se estaría dando la primera lectura a la Ley de Movilidad, luego las solicitudes de mejoramiento, una segunda lectura y votación, para finalmente ser aprobada o rechazada en el Congreso.
