Aun cuando diciembre de 2019 es el plazo para finalizar los 104 proyectos de infraestructura y 18 mil acciones en viviendas del país, las obras no han iniciado. La mitad de los proyectos licitados para Baja California fueron para empresas ubicadas fuera de la región, y dos de una misma familia concentran casi una quinta parte de los proyectos. Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tenía programada una hora para establecer comunicación con los constructores, llegó tarde y apenas los atendió 20 minutos porque “el presidente lo mandó llamar”. Fuera de contexto y de la vida económica de la frontera, las licitaciones se pautan con precios del centro de la República, cuando los materiales son más caros en la frontera e incluso el salario mínimo es mayor en esta parte del país. Esta situación llevó, por ejemplo, a que la empresa ganadora de un parador para camiones en Mexicali se haya cotizado -y adjudicado- con una estructura de metal y sin techo
A lo largo del año, el Programa de Mejoramiento Urbano se ha implementado con retraso, sin transparencia ni piso parejo en 14 municipios del país, entre estos, Tijuana y Mexicali. En esos meses el sector de la construcción a nivel nacional ha sufrido inanición de obra pública y el número de empleados bajó 4.8 por ciento a tasa anual en julio.
Fotos: Jorge Dueñes.- Gabriel Valenzuela, presidente CMIC Tijuana Tecate. / Everardo Lona, ex secretario de Desarrollo Urbano de Tijuana.
Presentada a nivel nacional en Los Cabos, Baja California Sur, la estrategia federal contempla una inversión total de 8 mil millones de pesos para 2019 y pretende mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable social y económicamente.
A tres meses de que concluya el año, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, asegura que “se han iniciado” 77 de los 104 proyectos de infraestructura previstos, y de las 18 mil acciones de mejoramiento de viviendas contempladas a lo largo del país -como parte de la segunda vertiente del programa-, falta por instaurar alrededor de 11 mil.
“Estimamos que en septiembre y la primera semana de octubre todo lo que corresponde al bloque de obras de mejoramiento urbano ya haya sido licitado, fallado e iniciada la obra”, indicó el funcionario en entrevista con ZETA.
“Fue un año difícil, un año en que una secretaría de Estado que no tenía las atribuciones legales para hacer obra pública tuvo que hacer modificaciones para que así pudiéramos tenerlas. Esto tomó más de lo que teníamos pensado”, justificó, para luego indicar que “50% (de los proyectos) concluirá en diciembre y el resto en el primer trimestre de 2020”.
Situación que preocupa a los presidentes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en las delegaciones de Tijuana, Tecate y Rosarito; así como de Mexicali, Gabriel Valenzuela Moreno y José Inzunza Ronquillo, respectivamente, quienes apuntaron que el recurso que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no ejerza al término de 2019, podría ser devuelto a la Federación y perderse.
LICITACIONES EN BC A DOS EMPRESAS DE LA MISMA FAMILIA
En los dos municipios bajacalifornianos contemplados en el Programa de Mejoramiento Urbano de la Sedatu se planean 40 obras de infraestructura: 21 en Mexicali y 19 en Tijuana, y mil 300 acciones de viviendas por ciudad, con un monto total de 530 millones de pesos por demarcación.
Hasta el 27 de septiembre, la Sedatu había conducido 22 licitaciones, de estas, pospuso dos fallos y declarado desierto uno. Del total de proyectos licitados y fallados (19), poco más de la mitad fueron otorgados a empresas ubicadas fuera de la región, y una quinta parte de estos será ejecutado por dos empresas que comparten lazos familiares.
Lo anterior siembra dudas respecto al proceso de licitación que empresarios del ramo han calificado como “no transparente”, pese a que el titular de Sedatu haya asegurado a ZETA que las licitaciones se hacen “de forma transparente” y que los fallos se dan a la mejor propuesta económica con las mejores características.
Construcción de Unidad Deportiva Reforma II.
Está en entredicho la palabra del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando en la presentación del programa federal en Los Cabos, en marzo pasado, prometió que la corrupción sufrida en otros sexenios “se va a acabar, me canso ganso”.
De acuerdo con información pública de Compranet, entre los proyectos ya licitados y fallados se encuentra la construcción de la Unidad Deportiva Reforma II en Tijuana, obtenida por la empresa Mata Hernández Ingeniería y Supervisión, SA de CV por 8 millones 918 mil 546 pesos.
La compañía fue creada en Tijuana por Verónica Deniss Matus Zetina y Arely Guadalupe Zetina Esquivel el 12 de agosto de 2011. Como apoderado para pleitos, cobranzas y actos de administración, se designó a Abel Mata Hernández, quien funge como administrador único desde el 13 de abril de 2018, cuando Verónica Deniss renunció a ese cargo.
Según el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía, Abel Mata Hernández es socio de Josefina Zetina Esquivel (presuntamente su esposa y hermana de Arely Guadalupe), así como de Pedro Osorio y Santiago en la empresa Construcciones Mata Hernández, SA de CV, constituida el 12 de febrero de 1986 en Coatzacoalcos, Veracruz.
Pedro Osorio y Santiago también es representante de Constructora NAPY, SA de CV en la licitación para la construcción de un Corredor Verde Recreativo sobre Camino Nacional y para la construcción de un paradero de autobús en Mexicali, según consta en el acta de Presentación y Apertura de Proposiciones de dicho proceso.
En el fallo de esta licitación del Programa de Mejoramiento Urbano, la empresa con sede en Puebla obtuvo el proyecto pese a que su propuesta económica -de 10 millones 571 mil 846 pesos, sin Impuesto al Valor Agregado- no fue la más baja.
82% de los recursos federales para obra pública en BC no se han ejercido
Al cierre de julio de 2019, 82% de los recursos presupuestados para obra pública en Baja California no se había ejercido, según un informe de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el cual detalla que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 se destinaron 5 mil 997.54 millones de pesos para proyectos de infraestructura en la entidad. Sin embargo, al cierre de julio únicamente se habían ejercido mil 089 millones de pesos, equivalentes al 18% del total.
De enero a junio, el sector de la construcción en la entidad registró un decrecimiento de -9.3%, precisó el presidente de la CMIC delegación Tijuana, Tecate y Rosarito, Gabriel Valenzuela Moreno, y de continuar la tendencia, las obras de saneamiento de agua habrán caído -51% con respecto al año pasado. “No han volteado a ver las obras de saneamiento de cauces, no son su prioridad”, subrayó.
Las obras de transporte en ciudades urbanizadas han caído 29.4%, por lo que se “está inhibiendo el desarrollo de las empresas regionales”, consideró el líder empresarial.
Igualmente, se observa un subejercicio a nivel nacional, ya que de los 383 mil 715.07 millones de pesos, el monto contratado al terminar el séptimo mes ascendió a 90 mil 526.58 millones (24%).
8.9 millones costará Unidad Deportiva Reforma II.
Lo anterior se debe a que Kequ Constructora, SA de CV, que había propuesto hacer el proyecto por 8 millones 598 mil 756 pesos, no cumplió con “el capital neto de trabajo porque es menor que el 20% de la propuesta presentada”, ni con la documentación solicitada en la proposición, según se lee en el acta del fallo de la licitación LO-015000999-E884-2019.
En otra licitación (LO-015000999-E1263-2019) del Programa de Mejoramiento Urbano, las empresas Mata Hernández Ingeniería y Supervisión, SA de CV y Constructora Napy, SA de CV “compiten” con otras tres compañías; finalmente fue elegida Mata Hernández Ingeniería y Supervisión por 20 millones 857 mil 702 pesos.
Como antecedentes de Constructora Napy destaca la revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2010, en la que encontró que la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos hizo “pagos en exceso” por 367.6 mil pesos a Grupo Raudales, SA de CV y por 534.2 mil pesos a Constructora Napy, SA de CV, derivado de la construcción de los módulos 2 y 3, así como 4 y 5, respectivamente, en el Proyecto Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Veracruz.
“Se informó que en las estimaciones de finiquito de cada empresa se realizó una deductiva por 88.1 miles de pesos, quedando pendientes de recuperar 53.6 y 63.3 miles de pesos, respectivamente. De lo anterior la DGAIFF considera como no atendida la observación en virtud de que la entidad (Administración Portuaria) no presentó las estimaciones de finiquito, ni los comprobantes de pago de las mismas”, indica el documento del proceso de revisión10-2-09J3F-04-1049 de la ASF.
Otra licitación del Programa de Mejoramiento Urbano de la Sedatu, el proyecto de Rescate Integral de Cauce de Arroyos en la Colonia Xinantecatl en Tijuana, el fallo que estaba previsto para el 16 de agosto de 2019 a las 10:00 horas se difirió por cinco días.
Posteriormente la licitación fue declarada desierta, “derivado de que el predio en que se realizará la ejecución de los trabajos no puede ser puesto a disposición derivado de problemas sociales, los cuales se encuadran en circunstancias de fuerza mayor ajenas a la Sedatu”.
Lo cual resulta inexplicable toda vez que la dependencia había manifestado con anterioridad a los empresarios que personal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) efectuaban los estudios y que uno de los requisitos era que los predios contaran con documentación de propiedad para evitar problemas de tenencia de la tierra.
En entrevista concedida el 24 de septiembre, antes de dejar el cargo, el secretario de Desarrollo, Urbano y Ecología del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Everardo Lona López, señaló que ninguno de los proyectos destinados para esta ciudad fronteriza “ha arrancado obra”.
Respecto a la afirmación del titular de Sedatu de que se ha tenido un vínculo “muy estrecho con los municipios” porque el recurso de la dependencia federal “de alguna forma es un subsidio que se transfiere en especie a los municipios, pero son (ellos) los responsables del mantenimiento y operación”, Lona López negó que la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro se haya comprometido a dar mantenimiento a dichas obras.
“En la plática del secretario Meyer dijo que ellos van a tratar de hacer la obra, la ejecución de la obra y casi al término de la obra, el Ayuntamiento va a decirle cuánta gente requiere para su mantenimiento y hacer un contrato aparte, porque acuérdate cómo está la situación en Tijuana y en otros municipios. Con la gente que tenemos, no alcanzamos a darle mantenimiento a las unidades. Él lo dijo muy claro: ‘va a haber un recurso adicional’”.
EMPRESARIOS ACUDEN A LICITACIONES CON “LOS OJOS CERRADOS”
Inzunza Ronquillo explicó que la autoridad pidió que las empresas se certificaran para poder concursar y estableció “muchos más requisitos de los que pide una licitación pública”, ya que personal visitó a cada empresa en Baja California para tomar fotografías a sus locales.
Las compañías también entregaron sus declaraciones fiscales anuales de dos años, así como la opinión de cumplimiento del IMSS, Infonavit y del SAT, entre otra documentación. Adicionalmente, la Sedatu fijó como requisito que las empresas tengan como mínimo tres años de creación.
Renovación de Centro Comunitario Las Cumbres.
En opinión del entrevistado, las licitaciones del programa federal no se han hecho de forma transparente porque aun cuando los proyectos “ya están hechos desde hace rato”, los empresarios interesados en participar en alguna licitación no tienen acceso a ellos y el proceso se lleva a cabo en la Capital mexicana.
El problema radica en que, al no contar con información sobre los proyectos, los empresarios “vamos con los ojos cerrados a México a presentar por escrito la propuesta (…) A uno le entregan un paquete que a la hora de la hora no es lo que uno anda buscando. Son obras muy chicas o demasiado grandes” para cumplir con el requisito de tener en capital del 20% de lo que cuesta la obra, expuso.
Además, la autoridad no proporciona catálogos de conceptos y las empresas deben dar un precio alzado en el presupuesto, lo que difiere de lo que suele emplearse en procesos de este tipo (precio unitario).
El líder empresarial explicó que el precio alzado quiere decir que el presupuesto está hecho con base en los planos de la obra, y las empresas deben establecer el total sin la posibilidad de que el monto se modifique aun cuando no coincida con la realidad.
En contraste, el precio unitario establece el metro cuadrado de lo que costará cada trabajo de la obra para dar una estimación total que puede ser modificada o no dependiendo de las “cosas ocultas” que aparezcan al momento de su construcción.
Sedatu gasta más de 466 mil pesos en presentación de programa en BCS
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que encabeza Román Meyer Falcón, gastó 466 mil 250 pesos en la logística integral para la organización de la presentación nacional del Programa de Mejoramiento Urbano 2019, celebrado a principios de marzo en Los Cabos, Baja California Sur.
Según el expediente PS-03-2019, el contrato se asignó por adjudicación directa a la empresa sudcaliforniana Cover Production, SA de CV, constituida el 16 de mayo de 2018 por Julio César Covarrubias Gerardo y Julio César Covarrubias Verdugo.
Por ejemplo, “en la pavimentación es frecuente que el alcantarillado sanitario o un pozo esté mal”, de manera que cuando se licita mediante precio alzado, se puede dar un costo por la obra que no incluya esos trabajos porque son cosas que no se ven hasta que se empieza a trabajar, pero el empresario deberá hacerlos y asumir su costo para concluir la obra.
En ello coincide el presidente de la delegación de la CMIC en Tijuana, Tecate y Rosarito, Gabriel Valenzuela Moreno, quien recordó que el 10 de septiembre de 2019, el Consejo Nacional de la CMIC -que aglutina a los presidentes de las 44 delegaciones- tuvo como invitado a Meyer Falcón. “Los empresarios consideramos que esa era una gran oportunidad, pero oh decepción”, porque el funcionario llegó con media hora de retraso.
Luego de haber expuesto, Meyer Falcón permitió tres intervenciones de los empresarios. “Personalmente levanté la voz. Dije que en Tijuana no había salido un solo fallo de una empresa local y es todo lo que ha habido para que tenga conocimiento. Otras delegaciones dijeron que el espíritu de la obra pública es que las empresas crezcan y se puedan desarrollar, pero que le cierran la puerta porque para empezar no hay anticipo. Su respuesta fue ‘Bueno, júntense varios y hagan la propuesta’”.
A decir del entrevistado, Meyer Falcón también rechazó la propuesta de que se trabaje con los precios unitarios, argumentando “que él tenía que estar seguro de que el presupuesto que tenía, no iba a exceder ni un solo centavo”.
Visión en la que difirió Valenzuela Moreno, ya que aseguró que si se tiene un buen proyecto ejecutivo con estudios de mecánica de suelos al usar el costo unitario, “no tiene por qué exceder el costo de la obra, pero muchas veces las dependencias no quieren invertir en estudios y por eso los presupuestos se desfasan”.
Sobre el encuentro empresarial con el titular de la Sedatu, Inzunza Ronquillo agregó: “Ahí se ve la parte de seriedad de los funcionarios, era una reunión de 8:30 a 10:30. Llegó a las 9:00 y a las 9:20 dijo que se tenía que ir porque el presidente lo había llamado. Creo que las agendas deben estar coordinadas, fuimos los 44 presidentes del país para 20 minutos en los que habló y a la hora que quisimos expresarle las inconformidades, reclamar y decirle cómo se estaban manejando las licitaciones, dijo ‘Ya me tengo que ir, ahí luego les mando la información por correo’”.
PROYECTOS CON VISIÓN Y COSTOS DEL CENTRO
El proyecto de la construcción de un Corredor Verde Recreativo y de un paradero de autobús en Mexicali a cargo de la empresa poblana Constructora Napy, SA de CV, tiene un diseño propicio para estados del sur, ya que son “el puro asiento y el respaldo”, comentó el delegado de la CMIC en Mexicali, José Inzunza Ronquillo.
“Vino gente de la UNAM y del Politécnico y aquí se les explicó cómo era la situación, pero ellos ya traían definidos los proyectos. Les dijimos: le tienes que poner plástico, madera o algo (como techo) porque aparte del vandalismo que está muy pesado, ¿quién se sienta en una lámina en Mexicali cuando hay temperaturas de 40 grados Celsius?”, cuestionó.
Algo similar ocurre con las mil 300 acciones de ampliación, remodelación y/o construcción de las viviendas contempladas dentro de los polígonos en Santorales, Progreso y el Ejido Puebla en la Capital bajacaliforniana.
Personal de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) tuvo cuatro reuniones con la CMIC de Mexicali sin que esa parte del Programa de Mejoramiento Urbano estuviera del todo definida, ya que no está claro cómo se trabajará, ni qué sucederá cuando una casa construida de adobe tenga como beneficio su ampliación o la construcción de una habitación, comentó el líder empresarial.
Adicionalmente, el precio que maneja la dependencia federal por una remodelación, ampliación y/o construcción corresponde al mercado del centro y sur del país, donde el material y la mano de obra es más barata que en Baja California.
El primer tope es de alrededor de 75 mil pesos (30 Unidades de Medida y Actualización al mes) el segundo de 175 mil (60 UMA) y el último es de 240 mil pesos (120 UMA), pero ellos consideran que el salario mínimo es de 102.68 pesos y no de 176.72 pesos, vigente en Baja California.
“Por poner un ejemplo, el bloque cuesta 12 pesos en el centro del país, pero aquí está en 15 pesos, así que el recurso no alcanzaría para lo que se está planeando”, mencionó Inzunza Ronquillo.
Luego de las reuniones de junio y julio, funcionarios de la Conavi “quedaron de regresar en agosto para iniciar el programa en septiembre, pero ya no regresaron. Es un programa para diciembre, si no se hace se perderá el recurso”, finalizó.
