Hace dos años nos dimos a la grata tarea de comentar el Código Penal vigente del 20 de agosto de 1989 para el Estado de Baja California. El plan era terminar la grosa de este código en no más de seis meses, pero -por cuestiones que no vienen al caso- la tarea se retrasó. Hoy por fin está terminada; hablo en plural porque estos esfuerzos no se hubieran llevado a cabo sin el apoyo de mis hijos Álvaro y Cuauhtémoc.
¿Y en qué consiste el objeto de este trabajo? Es simplemente realizar comentarios artículo por artículo, con la correspondiente jurisprudencia y doctrina vigente en materia penal, y se espera -como resultado- que sea un aporte que sirva de base para un nuevo Código Penal porque el que está vigente (código de corte finalista) fue elaborado en una época en que no había tanto homicidio, tanto secuestro, tanta corrupción e impunidad. Eran, sobre todo, delitos cometidos por un individuo; ahora se trata de que se ha perdido el respeto a la autoridad y se mata a funcionarios policíacos sin temor -por parte de los homicidas- de ser castigados y los criminales deambulan con armas de alto calibre, poniendo en peligro a la sociedad.
Vale la pena aclarar que se han aumentado las penas privativas de libertad y esto no ha dado los resultados esperados en el logro de la disminución de homicidios dolosos y culposos; he pensado que tal vez deberíamos volver al antiguo sistema sancionador en lugar del sistema reparador que hoy rige debido a que, para muchos delincuentes, en tono de burla, este último sirve como puerta de entrada y de salida inmediata de los sistemas penitenciarios.
Doctrinalmente, significaría aplicar el sistema funcionalista, desechando el sistema finalista, porque esto ha causado diversos problemas que impiden el orden y la seguridad. Todo hace pensar que la sociedad quiere volver a retomar los viejos principios, que partían de la idea de “el que la hace la paga” y “ojo por ojo, diente por diente” para el que delinque.
En síntesis, podemos decir que urge una revisión del sistema penal que respete los Derechos Humanos y busque la reinserción social de quien ha delinquido, pero que sienta la reprochabilidad de una sociedad que está viviendo en crisis y que se encuentra en peligro en cuanto al fracaso de su sistema sancionador.
No se trata de castigar por castigar; cuando alguien delinque rechaza el orden social y por ello se hace merecedor a un castigo que tiene carácter público e interés social. Este interés público está por encima del interés privado.
El delincuente de hoy reta sin temor y con cinismo a quienes quieren vivir en paz y que consideran que debe prevalecer un régimen de paz y concordia. La impunidad y la corrupción impiden el desarrollo social y político, y la ausencia del avance en sociedad seguirá vigente hasta que el Estado no asuma su papel de hacedor en un Estado capaz de perseguir y castigar los delitos.
Es increíble, pero así es. Que los dedicados a abusar de los que se encuentran inermes tengan que acatar los mandatos de quienes viven del delito, que defraudan y roban impunemente, llegando a cobrar renta por el uso de los predios públicos. Así como es increíble que, en la noche, las personas de paz tengan que refugiarse por temor de ser agredidos -en su patrimonio, su salud y en su vida- por quienes han hecho del mal una profesión.
De igual manera es sorprendente que la mayoría de los latrocinios en contra de los particulares, se cometan con el apoyo de autoridades. ¿De qué sirve que existan magníficas academias de policía si no prevalece la moral y la defensa de los intereses de la ciudadanía?
Nota: El Código Penal es solo un elemento que integra al sistema anticrimen, y en su elaboración deben participar los abogados y todos los operadores del sistema porque excluirlos impide ver la realidad de lo que está ocurriendo.
P.D. La filosofía del sistema finalista la representa Hans Welzel; y la filosofía funcionalista, Günther Jakobs.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
