La edificación contigua al Club Campestre, realizada por Jorge Alberto Perroni Lutteroth, será revisada, “como todos los permisos otorgados, sobre todo en aquellos en los que vemos irregularidades”, expuso el alcalde Arturo González Cruz.
Respecto a la posibilidad de que el ex alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro sea suspendido como socio del Club Campestre, debido a que fue durante su administración cuando Perroni Lutteroth obtuvo los permisos para edificar un multifamiliar de 14 pisos, dijo, “soy muy respetuoso del consejo de esa institución, ellos tendrán las razones, nosotros como autoridad estamos revisando todos los permisos otorgados, sobre todo en aquellos en los que vemos irregularidades”.
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Fue durante el inició de esa edificación cuando Jorge Alberto Perroni fue expulsado del Club Campestre y denunciado por el organismo social, entonces presidido por el propio González Cruz, al apropiarse de un terreno que el organismo contaba entre su inventario de inmuebles.
No obstante, el alcalde subrayó que la actuación de su gobierno se aplica en forma general, “estamos actuando, a algunos los estamos invitando a que completen los expedientes, sancionándolos con una multa por no haberlo tenido correctamente enterado, para que haya orden, no puede haber anarquía con la movilidad de los tijuanenses”.
De igual manera, anotó, “se está revisando el edificio con peritaje el estacionamiento subterráneo –contiguo a Palacio Municipal-, no nos podemos quedar con este añejo problema que se concesionó con –Jorge- Ramos, tenemos ahorita un área importante para la ciudad que no se puede utilizar como es la Plaza Cívica, y también causó daños en el edificio de este Ayuntamiento”.
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Respecto a los contratos asignados por el gobierno de Gastélum Buenrostro para la concesión de servicios públicos, como el entregado a Copemsa Tijuana para la administración y operación de los parquímetros, el alcalde indicó que se está analizando los términos jurídicos para determinar qué modificaciones pueden hacerse.
Uno de los cambios que se analizan es la posibilidad de evitar que se coloquen las “arañas”, en “la inmovilización tiene que intervenir la autoridad y nosotros tenemos que ver si tenemos de manera legal, para no incurrir en alguna falla en el contrato, poder evitar que se pongan los inmovilizadores”, acotó.
