El ministro José Fernando Franco González-Salas, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió este jueves 24 de octubre, a trámite, cuatro acciones de inconstitucionalidad que buscan anular la llamada “Ley Bonilla”, y que han sido presentadas desde el pasado viernes, cuando entró en vigencia dicha reforma constitucional del estado de Baja California.
Franco González-Salas dio entrada a las demandas presentadas por los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI), pero rechazó conceder una suspensión para impedir la toma de protesta de Jaime Bonilla Valdez, el próximo 1 de noviembre.
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“No es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del Estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento”, explicó el ministro.
Lo anterior, dijo Franco González-Salas, dada que no está cuestionada la legitimidad de la victoria electoral de Bonilla Valdez ni los dos primeros años de su mandato, sino la reforma posterior a la Constitución local para extenderlo a cinco años.
Asimismo, Franco González-Salas dio al Congreso de Baja California y al Poder Ejecutivo estatal sólo seis días naturales para contestar la demanda, así como diez días al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que le entregue su opinión sobre el caso.
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El ministro podría presentar un proyecto de sentencia para votación en el Pleno de la SCJN antes de mediados del próximo mes de diciembre, cuando termina el periodo de sesiones.
Para invalidar la reforma a un artículo transitorio de la Constitución bajacaliforniana será necesario el voto de al menos ocho de los 10 ministros en funciones, y basta una minoría de tres para preservar el periodo de cinco años para Bonilla Valdez.
Según el diario Reforma, que recordó el hecho, en diciembre del 2006, en su único precedente sobre un caso similar, la SCJN resolvió por unanimidad que las ampliaciones de mandato no se pueden aprobar una vez celebradas las elecciones, sin embargo, ni uno solo de los ministros que votó en ese momento sigue en activo.
El lunes pasado, el Gobierno estatal presentó una controversia constitucional ante la SCJN para impugnar la misma reforma, misma que aún no ha sido admitida.
Además, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), adelantó que la institución a su cargo acudirá a la SCJN para interponer también una controversia constitucional contra el decreto No. 351, por medio del cual se reformó el artículo Octavo Transitorio de la Constitución bajacaliforniana, y con el que se amplía el mandato de Bonilla Valdez de dos a cinco años.
