El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes 11 de octubre, que “le produce pena” la discusión de la ampliación del mandato de dos a cinco años que pretende el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, además de que afirmó que “no tolera de nadie el que se viole la Constitución” Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Yo no estoy involucrado en este asunto, es algo incluso que me produce pena, me da pena, porque no deben estarse discutiendo estos asuntos, hay que respetar lo que establecen la Constitución, las leyes y lo que resuelvan las autoridades”, señaló el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.
“No voy a meterme en eso, sea quien sea, no tolero de nadie el que se viole la Constitución, la letra, el espíritu de la Constitución, y soy partidario de la democracia, ese es mi punto de vista”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal en el Palacio Nacional.
“Si la autoridad, que es el Tribunal Electoral [del Poder Judicial de la Federación, TEPJF], resuelve que son dos años, son dos años, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie […] Si la autoridad competente resuelve que está bien la decisión del Congreso local, pues eso, pero que sea la autoridad local la que resuelva, la que corresponde”, abundó el político tabasqueño.
“Se pueden hacer todos los ejercicios, todo mundo tiene libertad para manifestarse a favor o en contra […] Aquí lo interesante es que debe haber una instancia legal que resuelva, sin presiones de ningún tipo y todos apegarnos a esa decisión, no estar con chicanadas de ningún tipo. Vamos a esperar a que haya una decisión y acatarla, agotar las instancias legales y ya”, indicó López Obrador sobre la consulta ciudadana que se realizará el próximo domingo 13 de octubre.
El pasado 9 de octubre, la Sala Superior del TEPJF evitó pronunciarse sobre la decisión del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, que se declaró incompetente para resolver las impugnaciones respecto a que el Congreso local puede llevar a cabo la consulta ciudadana sobre la reforma que amplía de dos a cinco años el periodo de mandato del gobernador electo.
En la sentencia, los magistrados Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Flores argumentaron en su momento que el Poder Legislativo bajacaliforniano, en ejercicio de su libertad configurativa y soberana, pueden llevar a cabo los métodos o procedimientos, como lo es la consulta ciudadana, como base o etapa del proceso legislativo para continuar con la reforma constitucional, también llamada “Ley Bonilla”.
Al considerar correcta la decisión del Tribunal de Justicia Electoral bajacaliforniano por la que se declaró incompetente para resolver las impugnaciones contra dicho ejercicio, los magistrados del TEPJF consideraron que la consulta tiene una naturaleza distinta a la electoral y no está contemplada en la Ley de Participación Ciudadana, por no tanto no puede emitir opinión al respecto.
El magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, destacó que el proceso electoral en Baja California ya concluyó, y su desarrollo se dio en la vigencia de la disposición transitoria que establece que durará dos años el gobernador electo.
Fuentes Barrera explicó que los resultados de la consulta ciudadano no tienen efectos definitorios sobre el periodo del próximo gobierno, sino sobre la determinación del Congreso local de enviar o no al titular del Poder Ejecutivo bajacaliforniano el decreto que amplía de dos a cinco años la gubernatura, para su publicación.
El magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF agregó que la resolución sigue el criterio que sostuvo la Sala Superior el pasado 13 de marzo, en los casos de las consultas sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y la termoeléctrica de Huexca, en Morelos.
Ese mismo día, José Clemente Castañeda Hoeflich, senador del estado de Jalisco y vicecoordinador del grupo legislativo del partido Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara alta, señaló que la consulta es un ejercicio “absurdo” e “ilegal”.
El legislador señaló a través de un comunicado, que el gobernador electo Bonilla Valdez, tiene que entender que su pretensión de prolongar el mandato “ya fracasó”, para concentrarse en gobernar bien los dos años para los que fue electo, ya que los bajacalifornianos “no merecen un gobernante concentrado en violar la ley, no votaron por eso”, dijo.
Castañeda Hoeflich exigió a Bonilla Valdez que renuncie a las “artimañas legales a las que sigue aferrándose”, y asuma su responsabilidad como gobernador electo por dos años, ya que “ninguna consulta ciudadana, a toda luz carente de legalidad como la que se pretende realizar el próximo domingo, podrá modificar los resultados de una elección constitucional”.
El TEPJF validó el pasado 2 de octubre, por unanimidad, la elección de Bonilla Valdez como gobernador de Baja California por dos años. Sin embargo, diputados del Congreso local organizan una consulta ciudadana con 200 urnas para preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo o no con la ampliación del periodo de mandato.
El lunes 7 de octubre, el Partido Acción Nacional (PAN) y la delegación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California, impugnaron ante la Sala Superior del TEPJF, la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral estatal, en la que se declaró incompetente para analizar la convocatoria del Congreso bajacaliforniano a una consulta ciudadana que se realizará el próximo lunes 13 de octubre.
Los dos recursos fueron presentados por separado ante el TEPJF el viernes 4 de octubre, por José Luis Ovando Patrón, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, y por Armando León Ptacnik, presidente de la Federación de la Coparmex en Baja California.
Ambos recursos fueron recibidos por el TEPJF y enviados ese mismo día para su turno e integración del expediente, asignados a la ponencia de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ambos recursos cuestionan la constitucionalidad y validez de la decisión del Tribunal Electoral de Baja California sobre la consulta para la reforma legislativa que pretende aumentar el mandato del gobernador electo Bonilla Valdez, de dos a cinco años.
El PAN promovió un juicio de revisión constitucional, mientras que la Federación de Coparmex en Baja California, presentó un juicio para la protección de derechos políticos del ciudadano, turnado primero al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, pero ante su ausencia por “ampliación de su periodo vacacional”, se turnó a Fuentes Barrera por la urgencia de la resolución.
“Determinó [el Tribunal Electoral local], entre otras cuestiones, no tener competencia para conocer y resolver la controversia relacionada con la impugnación del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso local que propone la ‘consulta ciudadana’ para conocer el sentir de las y los bajacalifornianos respecto de la ampliación de mandato de la gubernatura de dos a cinco años, por tratarse de materia diversa a la electoral”, indica el recurso presentado por el PAN.
“Por lo que al tratarse la materia de impugnación de urgente resolución, pues en la demanda se señala que la “consulta ciudadana” se llevará a cabo el próximo trece de octubre, a efecto de darle celeridad a la resolución del presente asunto […] toda vez que se ha considerado que el magistrado presidente hace suyos los expedientes de los magistrados que se ausenten”, señala el recurso de la Coparmex bajacaliforniana.
Un día después, el martes 8 de octubre, Alberto Pérez Dayán, ministro de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó por “notoria improcedencia”, el desechamiento de la controversia 307/2019, presentada el pasado 24 de septiembre por el Gobierno de Baja California, que encabeza el panista Francisco Vega de Lamadrid, con la que buscaba forzar la publicación de la reforma que prolonga de dos a cinco años el periodo de mandato del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez.
La controversia reclamaba al Legislativo bajacaliforniano “la omisión de remitir al Poder Ejecutivo, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, la aprobación de fecha 23 de julio de 2019, de la Declaratoria Formal de Incorporación Constitucional, relativa a la reforma al artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política de Baja California”.
Sin embargo, Pérez Dayán consideró que la no remisión de la reforma no invade competencia alguna del Poder Ejecutivo de Baja California, lo que hace improcedente la controversia, ya que esta figura sólo sirve a los poderes para defender su ámbito competencial.
La SCJN ha establecido en precedentes que reformas como la llamada “Ley Bonilla” son inconstitucionales, pero mientras no sean publicada, no son posibles impugnarlas. Vega de Lamadrid alegó que el Poder Ejecutivo estatal tiene un “derecho” a publicar las declaratorias de reformas a la Constitución estatal.
“Al vedarse fácticamente el derecho para sancionar, promulgar y publicar la declaratoria Formal de Incorporación Constitucional, la entidad demandada invade por vía de consecuencia la esfera de competencias del Poder Ejecutivo de Baja California”, indicó la controversia.
La decisión de Pérez Dayán puede ser impugnada mediante recurso de reclamación ante una Sala de la SCJN, que no resolverá antes de la toma de posesión de Bonilla Valdez, el próximo 1 de noviembre, quien protestará el cargo por un periodo de mandato de dos años.
Sin embargo, en cualquier momento el Congreso local podría enviar al Poder Ejecutivo la reforma para su publicación, y sólo entonces serían válidas las impugnaciones ante la SCJN.
En julio pasado, la Comisión de Receso de la Suprema Corte desechó controversias de los municipios de Mexicali y Tijuana, que también buscaban impugnar la “Ley Bonilla, alegando es que no se les dio la participación debida en el proceso legislativo.
El pasado 2 de octubre, por unanimidad de votos, la Sala Superior del TEPJF confirmó la declaración de validez de la elección al Gobierno de Baja California y la constancia de mayoría para Jaime Bonilla Valdez, por dos años y no cinco, “como buscaba el gobernador electo”, según lo precisó en un comunicado el Tribunal Electoral Federal.
“La resolución de hoy avala un periodo para la gubernatura de dos años, como señala la Constitución local. El período permanece así, pues la impugnación que presentó el candidato de Morena, respecto al periodo de mandato, fue desistida por el propio actor y ratificada por mayoría de votos por esta Sala Superior, luego de un recurso presentado por Movimiento Ciudadano”, informó el TEPJF en respaldo a la resolución del Instituto Estatal Electoral bajacaliforniano (IEEBC).
La Sala Superior del TEPJF conformó el cómputo estatal por unanimidad de votos por dicho periodo de tiempo, después de que los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el local Transformemos, presentaron impugnaciones.
Los magistrados informaron que consideraron “infundadas” la demanda presentada por el PRD, donde argumentaron que Bonilla Valdez era inelegible por incumplir los requisitos de nacionalidad y residencia, por lo que decretó la declaración de validez de la mencionada elección y la constancia de mayoría por dos años.
Asimismo, calificaron como infundado el recurso del partido local Transformemos, en el que expuso conceptos de invalidez de la votación recibida en 33 casillas, con la pretensión de que se efectuara un ajuste en el cómputo de los resultados.
“El período permanece así, pues la impugnación que presentó el candidato de Morena, respecto al periodo de mandato, fue desistida por el propio actor y ratificada por mayoría de votos por esta Sala Superior, luego de un recurso presentado por MC”, indicó el Tribunal Electoral Federal en el comunicado.
Sobre el recurso de MC, los magistrados del TEPJF destacaron que el periodo de duración de la gubernatura bajacaliforniana es de dos años tal y como lo señala la Constitución estatal. Dicho partido había impugnado el desechamiento de una controversia interpuesta por el propio Bonilla Valdez al periodo de mandato de dos años.
La resolución se dio a conocer un día después de que diputados locales de Morena en Baja California anunciaron que el próximo 13 de octubre se llevaría a cabo la consulta ciudadana para definir si se ampliaba el mandato del gobernador electo, de dos a cinco años.
El 9 de julio pasado, 21 de 25 diputados del Congreso de Baja California, entre ellos la mayoría del grupo legislativo del Partido Acción Nacional, avalaron modificar la Ley para que el gobernador electo concluya su mandato en 2024 y no en 2021.
El 4 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “no se debe modificar la Ley en función de intereses personales o de grupos”, ello en referencia a que a finales de agosto, el Congreso de Baja California aprobó la realización de una consulta popular para validar las reformas.
“Es que no se debe modificar la ley en función de intereses personales o de grupos. No se puede retorcer la ley, no se puede hacer la ley a la medida independientemente en donde suceda”, aseguró el titular del Poder Ejecutivo Federal durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
“¿Incluido Baja California?”, le preguntó un reportero en relación a la llamada “Ley Bonilla”. A “todos”, respondió el político tabasqueño. “Tenemos que establecer un auténtico estado de Derecho, no lo que viene imponiéndose de tiempo atrás, desde hace siglos, un estado de chueco”, abundó.
“Yo espero que se actúe igual en todos los casos y que además que se dé el ejemplo, el buen ejemplo. No somos iguales. Es que eso es lo que quisieran los conservadores, porque eso es lo que han hecho todo el tiempo y quisieran decir: ‘ahí está, son lo mismo’. No, no llegamos aquí para hacer más de lo mismo, llegamos aquí para transformar”, enfatizó López Obrador.
En reiteradas ocasiones, el mandatario nacional declinó opinar sobre la ampliación del mandato de Bonilla Valdez, quien contendió por la gubernatura de Baja California con la coalición “Juntos Haremos Historia”, encabezada por el partido Morena, y pidió dejar el asunto en manos de las autoridades electorales.
