El colectivo #NoMásDerroches denunció este viernes 11 de octubre, que dos magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, están siendo objeto de presión por parte del Gobierno Federal para levantar a la brevedad todas las órdenes de suspensión concedidas contra el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL).
Dichos ministros revocaron ayer cuatro suspensiones contra la construcción del proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, a pesar de que antes de la sesión se había planteado el impedimento de ambos juzgadores, y que debía resolver otro tribunal.
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Del total de cuatro, tres suspensiones fueron revocadas por dos votos contra uno, mientras que sólo en un caso existió unanimidad. Además de que en una de ellas, el Tribunal abandonó el criterio que había sostenido el pasado 12 de junio, al proteger con una suspensión provisional a un piloto aviador por falta de estudios aeronáuticos y de seguridad del proyecto.
“La existencia de inconsistencias, irregularidades e indicios apuntan a que los magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, encargados de resolver la subsistencia o revocación de las suspensiones judiciales de la construcción del AISL, están siendo objeto de presión por el Gobierno federal para levantar a la brevedad todas las órdenes de suspensión concedidas tanto por ellos mismos como por distintos jueces de distrito”, afirmó el colectivo.
Poco después de la votación en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció la suspensión del único magistrado disidente, Jorge Camero Ocampo, por “inconsistencias financieras graves”, presuntamente relacionadas con el depósito de 80 millones de pesos.
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Según el colectivo, los magistrados de la mayoría, Óscar Hernández Bautista y Alfredo Báez López, desecharon sin mayor trámite los impedimentos planteados en su contra, cuando en teoría, tenían que haberlos turnado a otro tribunal y mientras tanto congelar las resoluciones sobre el AISL.
“Esto, incluso, en contra de lo sugerido por el tercero de los integrantes y de quien no se solicitó recusación al haberse mantenido firme y congruente en sus resoluciones -magistrado Camero Ocampo- y quien les hizo ver que no era correcto que ellos mismos se convirtieran en jueces de su propio impedimento”, señaló el colectivo
“Y que debían, en todo caso, enviarlo a un diverso tribunal colegiado, como lo marca la Ley de Amparo”, agregó #NoMásDerroches, que aún litiga cuatro suspensiones más, que podrían revocadas durante los próximos días, a menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordene detener las sentencias mientras resuelve si atrae los casos.
Este mismo viernes 11 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el magistrado suspendido ayer jueves por el el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es investigado por un depósito de 80 millones de pesos, a pesar de tener ingresos anuales de 2.5 mdp.
“Es difícil acumular dinero si se trabaja honestamente si se trabaja en el servicio público […] 80 millones, ¿de dónde? Entonces ya, se acabó, el Gobierno no es para hacer negocios, es para servir al pueblo. Antes se veía normal, ya no, esas cosas no se deben de permitir y no tratar de justificar la corrupción, para nada, cero corrupción”, dijo el mandatario nacional.
Ayer, se supo que Jorge Arturo Camero Ocampo, uno de los tres magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, encargados de revisar, como última instancia, las suspensiones contra el AISL, fue suspendido tras votar tres recursos relacionados con dicho proyecto.
En dichas votaciones, se revocó una de las suspensiones definitivas impugnadas por el Gobierno, mientras que otros dos recursos fueron desechados, con voto en contra de Camero Ocampo. En sesiones previas, el magistrado había sufragado a favor de mantener suspensiones contra el proyecto del AISL, por posibles afectaciones al medio ambiente y por falta de consulta previa a comunidades indígenas.
Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario federal comentó que la suspensión de un magistrado es “un hecho inédito” dentro del “hermetismo del castillo de la pureza” que es, según el presidente, el Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Yo celebro el que se actué en el Poder judicial para combatir la corrupción, desde luego no se puede condenar a nadie sin presentar pruebas, sin llevar a cabo un proceso como lo establece la ley, pero es un hecho inédito el que por corrupción o por presunta corrupción se destituya a un magistrado”, dijo López Obrador.
“Si celebro que no se tolere la corrupción, cero corrupción, estigmatizar al corrupto, también con el matiz de que nadie puede ser juzgado a priori, no es ajusticia y luego averiguas, no, todo mundo tiene derecho a defenderse legalmente, pero si hay indicios de corrupción, no se puede estar en el cargo, mientras se hace la investigación, para afuera”, señaló el presidente.
“Entiendo que dicho organismo es el que toma la decisión de separar al magistrado para llevar a cabo una investigación, esa es la información que tengo. Nunca se castigaba a jueces, a magistrados, a jueces menos, y cómo sí a los integrantes del Ejecutivo se les señala si son corruptos”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Estas cosas de ser ciertas no se pueden tolerar y por eso lo celebro porque no solo es limpiar de corrupción el Poder Ejecutivo, hay que limpiar de corrupción el Poder Judicial y Legislativo todo el gobierno de arriba para abajo y que no exista impunidad”, abundó el político tabasqueño.
