Tropas militares llegaron a Culiacán, pero no para detener al hijo del “Chapo” Guzmán, sino para reforzar la seguridad ciudadana. Gobierno Federal rechaza haber pactado con el narcotráfico y el Presidente López Obrador asegura que no habrá cambio en la estrategia de seguridad. Ovidio Guzmán desistió de un juicio de amparo promovido en su favor por una mujer para que no sea detenido con fines de extradición. La solicitud de EU para detener al capo llegó en septiembre, asegura fiscal Gertz Manero y la FGR anuncia investigación del operativo fallido que generó la violencia en Sinaloa
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Foto Cortesía.- Liberado Ovidio Guzmán López
En tensa calma se mantiene la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a una semana de los hechos violentos desatados por la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López “El Ratón”, hijo del narcotraficante Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera.
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El Ejército desplegó más elementos hacia aquella entidad federativa, pero no para recapturar al presunto criminal, sino para resguardo de la población, informaron fuentes del Gobierno de México.
El defectuoso operativo militar que terminó con la exhibición internacional del gobierno mexicano, es considerado por medios extranjeros como la “gran derrota” de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien “dobló las manos” ante el poder fáctico mostrado en unas cuantas horas por el Cártel de Sinaloa, al que muchos “expertos” consideraban en peligro de extinción tras la extradición y condena de uno de sus líderes, “El Chapo” Guzmán.
El saldo de los estragos ocasionados por la fracasada acción militar y policial del jueves 17 de octubre sigue en suma. Se estima que por lo menos 14 personas murieron y más de una decena quedaron lesionadas, resultado de las balaceras ocurridas en la Capital sinaloense. De 55 internos fugados del penal de Aguaruto, solo seis han sido recapturados y el director Eduardo Arturo Bailleres, cesado.
El número de denuncias por robo de vehículos usados para el desplazamiento de sicarios o para narcobloqueos fue de 46, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Sinaloa. En tanto que las pérdidas registradas por la suspensión de clases en escuelas de todos los niveles y modalidades, el cierre de comercios y la cancelación de vuelos en el Aeropuerto de Culiacán, son incalculables.
Fue hasta la mañana del miércoles 23 de octubre, que el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, pudo asegurar que las actividades están completamente normalizadas en Culiacán.
Admitió no estar enterado del operativo para capturar a Ovidio Guzmán, aunque reconoció que desde el día del suceso, su gobierno mantiene coordinación con el Gabinete de Seguridad.
En el ámbito nacional aún existe una agitación de tipo político por la postura del
Consulta Mitofsky muestra que tras liberación de Ovidio Guzmán, imagen del Presidente no se vio afectada
Luego de los acontecimientos violentos ocurridos el jueves 17 de octubre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde se dejó en libertad a Ovidio Guzmán López “El Ratón” después de su detención, la opinión pública se dividió al calificar las acciones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y los integrantes de su Gabinete de Seguridad.
Según una encuesta telefónica de opinión, realizada por Consulta Mitofsky los días 19 y 20 de octubre a una población de 800 personas -300 en el Estado de Sinaloa y 500 a nivel nacional-, los hechos en Culiacán no afectaron la imagen del López Obrador.
En Sinaloa, el 68.5 por ciento dijo que la imagen mejoró o se mantuvo, mientras que en lo nacional, el 50.9% de los encuestados coincidió en que no empeoró la imagen que tenían del mandatario.
Sin embargo, consideraron que se debe hacer un cambio en la estrategia de seguridad, ya que de acuerdo a la percepción de estos ciudadanos, el actuar del crimen organizado podría ser más violento o mantenerse como hasta ahora. No tienen confianza en que pueda disminuir.
De igual forma, mencionaron como principales problemas del país la inseguridad, el narcotráfico, violencia, desempleo y crisis económica. Del total de entrevistados en Sinaloa, 37.1% consideró que la inseguridad es el principal problema en su ciudad, mientras que a nivel nacional fue el 53.3% del total de encuestados.
Respecto a los acontecimientos en Culiacán, al cuestionar sobre si el gobierno hizo bien o mal en liberar a Ovidio Guzmán, en Sinaloa, el 79.1% (237 personas de las 300 encuestadas), estuvieron de acuerdo con su liberación, mientras que el 20.2% opinó que estuvo mal liberarlo.
En el resto del país el resultado fue distinto: de los 500 encuestados, poco más de la mitad, el 53.1%, aprobó la liberación. El 45.1% dijo no estar de acuerdo.
Tanto en Sinaloa como en lo nacional, las personas que fueron parte de este sondeo manifestaron que la liberación de Ovidio Guzmán López fue por una mala planeación del operativo, otros más consideraron que por la estrategia utilizada por el grupo criminal y otra mayoría por ambas cuestiones.
La mayoría opinó que, de no haber sido liberado Guzmán, el número de muertos y de actos violentos hubiera sido mayor.
La encuesta también reveló datos que reafirman la confianza en las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Sobre los primeros, más del 70% de los encuestados consideró que sí tienen la capacidad para combatir al crimen organizado; de la Guardia Nacional esperarán a que pase más tiempo antes de emitir un juicio sobre su efectividad. (Uriel Saucedo)
Gobierno Federal de haber soltado al hijo del “Chapo” Guzmán bajo el argumento de proteger a la comunidad sinaloense de la violencia. Mientras legisladores de ambas cámaras exigen la comparecencia de López Obrador y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, otro sector pide el cese y juicio político contra este último.
OVIDIO, TRANQUILO
Además de ser los primeros que informaron a medios de comunicación de la liberación del joven hijo del líder del Cártel de Sinaloa, los abogados del apodado “Ratón” o “El Ovi” se dieron tiempo de agradecer -a nombre de las familias Guzmán Loera y Guzmán López- al gobierno mexicano por su “humanismo” en la decisión de no detener ilegalmente al muchacho, pues a decir de los litigantes Juan Pablo Badillo Soto y José Luis González Meza, los captores no llevaban orden de detención en mano para cumplimentarla.
Uno de los defensores afirmó que tenía planeado presentar una demanda de amparo, pero que “ya no fue necesario”. Sin embargo, una mujer de nombre Rosa Pérez López, al parecer familiar de Ovidio, sí presentó el recurso de amparo indirecto ante el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, donde se radicó bajo el número 1002/2019.
Fotos: Cortesía.- La violencia en Culiacán el jueves 17 de octubre con la que sicarios consiguieron la libertad del hijo de “El Chapo”.
La demanda presentada el mismo 17 de octubre a nombre del quejoso reclamaba “la ilegal privación de la libertad fuera de todo procedimiento judicial o administrativo perpetrado en contra de Ovidio Guzmán López; ilegal detención; orden de aprehensión, orden de traslado a diversa entidad ajena a la ciudad de Culiacán, Sinaloa; actos de incomunicación y tortura”.
También pretendía pedir protección contra “orden de traslado a diversa entidad o incluso fuera del país, con motivo de un procedimiento de extradición del cual se ignora su existencia; orden de traslado y reclusión ilegal en alguno de los centros federales de readaptación social fuera del lugar del juicio y de la residencia del quejoso; orden de detención con fines de extradición; y, arraigo o cualquier otro atentatorio de la libertad del directo agraviado”.
Ingeniero rescatado fue confundido; caen dos secuestradores
Fotos: Cortesía.- Héctor García Camacho, 40 años, Guasave Sinaloa / Ernesto López Cervantes, 35 años de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero
El 8 octubre, una mujer se apersonó en la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en Mexicali para denunciar el secuestro de su hijo, un joven ingeniero por el que sus captores pedían un rescate de 5 millones de pesos.
La carpeta de investigación con Número Único de Caso 0204-201947035, refiere que el profesionista de 24 años de edad, había sido privado de su libertad cuando iba a bordo de un vehículo propiedad de una empresa constructora de Sinaloa, en la Carretera Libre Tecate-Tijuana. Fue amagado con una escopeta recortada por dos sujetos que lo mantuvieron en cautiverio por cuatro días.
La familia de la víctima recibió varias llamadas por parte de los secuestradores los días 8, 9, 10 y 11 de octubre, exigiendo 5 millones de pesos a cambio de la libertad del recién egresado por la Universidad Autónoma de Baja California con mérito académico, lue
go de participar en varios certámenes internacionales de robótica.
Información revelada a ZETA refiere que mientras la víctima se encontraba en cautiverio, elementos adscritos al grupo de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro realizaron varias investigaciones, logrando rescatar al profesionista en un domicilio en la colonia Luis Echeverría, en el poblado de El Hongo en Tecate.
En el sitio fueron detenidos dos hombres identificados como Héctor García Camacho, de 40 años, originario de Guasave, Sinaloa; y Ernesto López Cervantes, de 35, de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero. También se aseguraron una escopeta recortada y un teléfono celular.
Información revelada a ZETA establece que el objetivo de la banda era secuestrar a un ejecutivo de la empresa originaria de Los Mochis, pero presuntamente se equivocaron, privando de la libertad al ingeniero mexicalense.
Los detenidos fueron vinculados a proceso y se les decretó prisión preventiva.
De acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública, hasta septiembre se contabilizaron seis secuestros perpetrados en el año en curso.
Foto: Cuartoscuro.com.- Aspectos de la conferencia a medios encabezada por Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa, así como los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, Rafael Ojeda y Luis Cresencio Sandoval.
El mismo día de la recepción del escrito, el juez declinó la competencia en favor del Juzgado Primero de Distrito en Culiacán, pues al parecer ya contaba con algún antecedente del asunto. El lunes 21 fue admitida la demanda de garantías, pero dos días después, al no ser ratificada la petición, el asunto quedó como no admitido. Pese a lo anterior, ante el Juzgado que inicialmente conoció del trámite y el 23 de octubre se asentó en un acuerdo: “Téngase por recibido el escrito firmado por el directo agraviado Ovidio Guzmán López, por el que se desiste de la demanda de amparo que promovió a su favor Rosa Pérez López”. Dato del que ya se dio cuenta al Juez Primero federal.
Quienes también solicitaron el amparo y protección de la justicia de la Unión fueron decenas de internos del penal de Aguaruto que temen que luego de la fuga y agresión armada contra custodios, pudiesen ser trasladados a otras prisiones del país, incluso de las clasificadas como de máxima seguridad. Entre los amparistas se encuentran algunos miembros del Cártel de Sinaloa, como José Carlos López Alanís “El Cali”, de la célula delictiva de Los Ántrax, al que un comando armado pretendió liberar de prisión en junio de 2017.
LA POSTURA GUBERNAMENTAL
A ocho días del desaguisado, el Gobierno de México se ha mantenido en la misma actitud defensiva, sin autocrítica e intolerante al desacuerdo. De la ausencia de información inicial y la negativa a revelar la liberación de Ovidio Guzmán, a la declaración de AMLO de que respaldaba la determinación asumida por el Gabinete de Seguridad porque “no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas”, poco ha variado.
Sí acaso resaltaron las contradicciones entre la mal planeada rueda de prensa de Alfonso Durazo la misma noche de los hechos, cuando aseguró que los soldados hacían un patrullaje de rutina y fueron sorprendidos por sicarios del Cártel de Sinaloa, a la versión del Presidente la mañana siguiente, al señalar -desde Oaxaca- que los militares iban a cumplimentar una orden de aprehensión contra el personaje.
El viernes 18 de octubre, AMLO minimizó las críticas a su gobierno y reiteró que no va a cambiar su política de seguridad. “¿Que si se demostró debilidad del Estado?, eso es más que nada una conjetura de los expertos, sobre todo de nuestros adversarios, los conservadores pues no van a estar contentos con nada y van siempre a cuestionarnos, nosotros no tenemos duda acerca de que fue la mejor decisión, el poder no es prepotencia, el poder no es violencia; el poder es humildad”.
Durazo lo secundó. Sostuvo que no hay falta de Estado ni ausencia del gobierno en la decisión de liberar a Guzmán López. “No buscamos enlutar hogares sino resarcir el desgarrado tejido social de nuestra patria, no vamos a regresar a los tiempos de las masacres generalizadas. No vamos a abandonar nuestra estrategia de paz”, advirtió.
Foto: Cortesía JMM/PRESIDENCIA
Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, admitió que las fuerzas de seguridad actuaron de manera precipitada y con falta de planeación.
Sin embargo, funcionarios del Gabinete de Seguridad descartaron que la determinación que tomaron signifique un pacto o una negociación con el crimen organizado. Por el contrario, se reforzó el despliegue de fuerzas federales en la Capital sinaloense en las horas inmediatas a los hechos y durante el fin de semana que siguió, cuando arribaron tropas desde distintos puntos del país.
Al cierre de la “semana negra”, en la que también hubo balaceras con trágicos saldos en Aguililla, Michoacán; Acámbaro, Guanajuato y Techica, Guerrero, AMLO reiteró que la liberación de Ovidio Guzmán fue la mejor decisión porque puso por encima de todo “el amor al prójimo”. Y al abrir una nueva semana, el lunes 21 refrendó que pese a la oposición, la doctrina de su gobierno es “la hermandad, no violencia y el amor al prójimo”. Acusó que sus adversarios “quieren ver convertido a México en un cementerio”.
LAS CRÍTICAS
Calificativos como “humillación”, “dobló las manos”, “el crimen manda”, “victoria narca” o “falta de pantalones”, llovieron en el ámbito político, redes sociales y medios de comunicación nacionales y extranjeros. Empresarios, políticos de oposición y uno que otro del partido en el poder, investigadores de universidades y ciudadanos de diferentes estados dieron vuelo a la libertad de expresión en desacuerdo con las acciones del gobierno lopezobradorista.
El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén González Uyeda, cuestionó la capacidad de las Fuerzas Armadas para controlar este tipo de situaciones y mostró su preocupación de que no se pueda garantizar la seguridad de las personas. Otra opinión fue la del subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade, quien dijo que el malogrado operativo en Culiacán y la violencia ejercida por la delincuencia son una “manchita” más a la imagen de México en el exterior.
Por su parte, el poeta y activista Javier Sicilia tronó contra el Gabinete de Seguridad y exigió la renuncia de los secretarios de Seguridad, Alfonso Durazo, y de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, al considerar que lo ocurrido es una humillación grave para el Estado y, hasta ahora, el proceso de pacificación prometido en campaña por AMLO ha fracasado.
En el Senado, el coordinador Ricardo Monreal Ávila dijo que se reunió con algunos coordinadores parlamentarios que pidieron replantear la estrategia de seguridad del gobierno a la brevedad y citar para que comparezca al secretario Durazo, a fin de que explique las pifias registradas durante las acciones para capturar a Ovidio Guzmán. Aunque Monreal aseguró que a su parecer, el Presidente actuó con “prudencia, serenidad y con un propósito claro”.
El Arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, advirtió que en el operativo de Culiacán faltó profesionalismo y capacidad por parte de los militares: “No deja de sorprender a la mayoría de los mexicanos el que se haya actuado, por así decir, con tanta falta de profesionalismo, con tanta ligereza, ante un acontecimiento o una realidad que está golpeando gravemente a nuestro país que es el narcotráfico”. Agregó que las justificaciones oficiales dejan a la ciudadanía a la deriva del crimen organizado.
El ex presidente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, no se quedó atrás en la crítica y destacó que la plataforma política Futuro 21, presentó solicitud de juicio político contra Alfonso Durazo.
“Este es un hecho que no puede, ni debe ser catalogado como una simple anécdota en el marco de la picaresca política mexicana, es un hecho de una enorme trascendencia que va a impactar la vida del país en su conjunto”, señaló.
También hubo quienes cerraron filas hacia el Presidente de México, entre ellos algunos gobernadores como Alfredo del Mazo, del Estado de México, y Omar Fayad, de Hidalgo; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el coordinador de Movimiento Regeneración Nacional en el Senado, Ricardo Monreal; y alcaldes principalmente de la misma filiación política que el mandatario nacional, quien se dijo dispuesto a comparecer ante legisladores para hablar del tema, pues tiene la conciencia tranquila, aseguró en una de sus intervenciones.
Foto: Cuartoscuro.com.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, durante la conferencia diaria matutina para atender preguntas de medios de comunicación.
LAS INVESTIGACIONES
Aunque sin la transparencia necesaria en el caso, el Gobierno de México anunció que se abrirá una investigación y se sancionará a los responsables del operativo fallido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió que la mencionada investigación sea objetiva e imparcial.
El ombudsman Luis Raúl González Pérez resaltó la necesidad de saber qué pasó y prevenir con base en ello que situaciones similares se repitan. Advirtió que el Estado no puede renunciar bajo ninguna circunstancia a su obligación de cumplir con la Ley y hacerla cumplir.
En su turno, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reiteró que se realizará una investigación exhaustiva sobre la violencia generada el 17 de octubre y las horas subsecuentes en Culiacán. Prometió resultados y que no habrá impunidad como en el caso Ayotzinapa. Sin embargo, de entrada exculpó al Presidente López Obrador de cualquier responsabilidad en los hechos. Explicó que se creará una comisión especial integrada por fiscales experimentados y aclaró que la solicitud de extradición de Ovidio Guzmán llegó en septiembre y aún está vigente.
Aunque de la posibilidad de recapturar al “Ratón” poco se habla, se señala que en México no tiene pendientes con la justicia, aunque bien podría ser indiciado por la violencia desatada en su favor el “jueves negro” en Culiacán. Por lo que ve a la orden de detención provisional con fines de extradición internacional, la acusación fue formulada por un fiscal ante el Gran Jurado en la Corte Federal del Distrito de Columbia.
Ovidio y su hermano Joaquín Guzmán López “El Güero Moreno”, son reclamados por la autoridad norteamericana por su presunta participación en actividades de narcotráfico en forma continuada desde abril de 2008 a la fecha. Cuentan con cargos por conspirar y aceptar distribuir cinco kilogramos o más de mezclas o sustancias que contienen cocaína, más de 500 gramos de metanfetamina y más de una tonelada de marihuana.
Personal del Poder Judicial y UABC reciben llamadas de extorsión
Esta semana, personal del Poder Judicial del Estado y de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) recibieron llamadas de extorsión en las que los interlocutores se hacían pasar por integrantes del equipo de transición del gobierno estatal para luego amenazarlos en nombre de un cártel.
Ambos entes públicos emitieron alertas a las respectivas comunidades para hacerles saber de esta nueva modalidad que consiste en que las víctimas son requeridas “por personas que se hacen pasar por autoridades gubernamentales actuales o de transición; al transcurrir la llamada, quien llama revela ser parte de un cártel”.
Mientras la UABC recomienda a sus empleados terminar la llamada y marcar inmediatamente al 911, el Poder Judicial sugiere a su personal reportar la llamada a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Baja California.
En el caso del Poder Judicial, desde jueces hasta empleados administrativos de Tijuana, Mexicali y Ensenada recibieron las llamadas, en las cuales “se indica que están hablando de la oficina de transición del Ing. Bonilla para convocarlo a una reunión, posteriormente otra vez indica que quien llama es integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y ahí es donde empieza la extorsión”, se dio a conocer en una alerta interna.
Algunos de los afectados informaron de estas llamadas directamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Salvador Ortiz Morales, en las que se les dijo que este tenía conocimiento de la junta de trabajo a la que eran convocados.
El Poder Judicial de Baja California informó a ZETA que “todas las llamadas se recibieron a teléfonos de las distintas oficinas de esta institución, ninguna a números celulares”
Adicionalmente, se remitió a la Procuraduría General de Justicia del Estado una lista con los números desde los cuales se hicieron las llamadas, todas con clave Lada 686, correspondiente a Mexicali. Inés García Ramos
