La “consulta ciudadana” que realizaron los diputados de Morena en Baja California no es vinculante. No es legal, ni siquiera es un medio de prueba para tribunal alguno en México.
Fue sí, un instrumento político para dar la impresión que los bajacalifornianos quieren que el gobernador que fue electo para dos años, se quede cinco.
La realidad es que la Ley en Baja California estableció desde 2014 un periodo de dos años para quien fuera electo en 2019, con el objetivo de armonizar los procesos electorales locales a los intermedios federales en el 2021. Eso lo sabía Jaime Bonilla, por eso intenta desesperadamente modificarlo en cuatro actos.
El primero en la precampaña y cuando la convocatoria del INE ya había causado estado. A pesar que un Tribunal local le dio la razón a través de un tercero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dijo no. Regresó la Ley a un periodo de dos años. Ese era el mandato constitucional el 30 de marzo de 2019 cuando Bonilla obtuvo su registro.
El segundo intento fue 36 días después de la elección, cuando con la venia de los diputados del PAN, Morena obtuvo lo que buscaba: reformar la Constitución para ampliar el mandado de dos a cinco años, a pesar que la elección ya había sucedido y que más 840 mil ciudadanos manifestaron su voto. Juristas, colegiados, actores políticos y ciudadanos, calificaron la reforma de inconstitucional.
Con todo, la Ley no ha cambiado. A la fecha el próximo periodo sigue siendo por dos años, dado que la reforma no se ha publicado y por lo tanto no ha entrado en vigor.
Eso nos lleva al tercer acto de manipulación política en el tema. Una “consulta ciudadana” aprobada, organizada, pagada y llevada a cabo por los diputados de Morena, sin rigor científico, sin mecanismo de seguridad, sin estructura electoral, sin supervisión de institución especializada, sin certeza ni autenticidad electoral, con la probabilidad de votar en más de una ocasión, con boletas impresas por el propio Congreso del Estado, y funcionarios de mesa sacados de las estructuras del partido Morena.
Al día siguiente de la “consulta ciudadana”, la cuestión no es cuántos votaron, la cuestión es que tal resultado no tiene validez legal, ni determina el periodo de gobierno de la siguiente administración. Aun así los bajacalifornianos no cayeron en la provocación de acudir a la hechiza consulta. Sin conocerse los resultados ante el hermetismo del Congreso del Estado, el gobernador electo -que cuenta con información privilegiada- ha declarado que fueron 40 mil los ciudadanos participantes. Considerando esa cifra y una encuesta de salida organizada por Consulta Mitofsky -814 cuestionarios aplicados- el 69 por ciento habría votado por el llamado “proyecto de 5 años” (que es en realidad la “Ley Bonilla”). Es decir, 27 mil 600 personas de un universo de 2.8 millones de integrantes del listado nominal del INE en Baja California.
El cuarto intento por lograr la antidemocracia en Baja California será un acto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez publicada la ley que amplía el mandato a cinco años, partidos políticos, ciudadanos, gobiernos, e incluso la Presidencia de la República a través de la Consejería Jurídica, presentarán recursos de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, en busca de hacer respetar la Ley, y la certeza y la autenticidad de la elección del 2 de junio de 2019, de las cuales resulta un periodo de dos años de gobierno para la próxima administración.
El optimismo en el equipo del gobernador electo anticipa un “triunfo” para la “Ley Bonilla”, lo cual representaría un retroceso en el sistema democrático mexicano y una violación a la Constitución local. Mal ejemplo para el resto de los Estados e incluso para la Presidencia de la República, pues el precedente sería que los congresos están por encima del mandato popular y de la misma Constitución.
Jaime Bonilla se ha convertido en un gobernador electo que tiró por la borda del capricho el triunfo histórico que obtuvo el 2 de junio de 2019, cuando logró terminar con 30 años de gobiernos panistas. Pulverizó ese mérito con la terquedad de violentar la Ley con una reforma inconstitucional y pasar por encima de una elección, para quedarse cinco años y no dos para los cuales fue votado.
La “consulta ciudadana” del domingo 13 de octubre en el estado fue una farsa política para abonarle al proyecto antidemocrático que pretende Morena en Baja California. No más.
*Columna publicada este martes 15 de octubre en los periódicos del Grupo Reforma
