Hace unos días me compartían un dato terrible: si bien era de mi conocimiento que mi alma máter forma parte de un grupo “selecto” de universidades públicas del país que padecen una severa crisis financiera, ignoraba que la presente situación, a diferencia del resto de las universidades, no fue resultado de un ejercicio irresponsable de sus finanzas, de adeudos con el sistema de pensiones o de un crecimiento desmesurado de su planta académica y administrativa.
La deuda, tal como hizo alusión el rector Daniel Octavio Valdez Delgadillo en su más reciente conferencia de prensa, obedece al desvío de recursos orquestado por el gobernador Francisco “Kiko” Vega y su equipo de trabajo, que hoy asciende a los 1,600 millones de pesos; monto que ubica al gobierno de Baja California en la “nada honrosa” posición número uno, de entre una veintena de entidades que registran algún tipo de adeudo con las universidades públicas estatales del país.
Ante la humillación e indignación que este hecho sin precedentes en la historia de la universidad ha generado en los estudiantes, académicos, personal administrativo, egresados y en la sociedad bajacaliforniana en su conjunto, la comunidad universitaria ha establecido una serie de medidas que buscan mitigar los efectos y consecuencias de la ausencia de estos recursos, evitando, a toda costa, la suspensión de actividades.
En sentido figurado, la UABC se encuentra aplicando la fórmula a la que todo ciudadano hemos recurrido cuando nos encontramos en tiempos de crisis: primero nos abrochamos el cinturón y nos apegamos a todo tipo de medida de austeridad, por más drásticas e impopulares que estas resulten; después nos deshacemos de aquellas deudas imperantes con base en la reorganización de nuestro patrimonio; y, posteriormente, salimos a las calles a manifestar nuestro hartazgo y a señalar a los responsables de la crisis, sus abusos y vejaciones.
En este marco, y ante algunas acciones que la UABC recientemente emprendiera, nos sorprende ver a la actual legislatura envalentonada y a sus diputados emitiendo recomendaciones en cuanto a la correcta administración de sus bienes (y amagando con meter mano a su Ley Orgánica, a fin de modificarla a su conveniencia).
Más allá de cuestionarnos las verdaderas motivaciones que están detrás de estas iniciativas, me pregunto: ¿En qué momento nuestros distinguidísimos legisladores han realizado algún pronunciamiento público en el que comprometan acciones específicas para el rescate financiero de la universidad? ¿Qué gestiones concretas han realizado ante autoridades federales para ayudar a la universidad a resolver este problema? ¿De dónde este repentino interés por modificar la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios de la entidad? ¿En qué momento comenzarán a trabajar en la defensa de la UABC, patrimonio de los bajacalifornianos?
La actuación de “Kiko” Vega y la suspicacia de la actual legislatura comienzan a configurar al que, sin duda, constituye uno de los dilemas de mayor relevancia a los que se enfrentará durante su gestión Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California: sumarse al conjunto de omisiones y descalificaciones que hoy vivimos en la entidad en torno a la crisis económica que aqueja a la universidad, o convertirse en uno de los artífices de la construcción de un proyecto educativo de gran calado comprometido con las futuras generaciones de universitarios, así como con el bienestar y desarrollo de la sociedad bajacaliforniana.
¿Podrán Bonilla y el Congreso del Estado convertirse en los aliados que la UABC necesita para resolver esta crisis financiera generada por el propio gobierno estatal y abstenerse de toda injerencia política que atente contra la autonomía universitaria, su vida interna y sus formas de organización? Yo, como Santo Tomás: “Ver para creer”.
Alejandro Caso Niebla es consultor en políticas públicas y comunicación, y socio fundador de CAUDAE. @CasoAlejandro.
