El Notariado

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Opinionez lunes, 14 octubre, 2019 12:10 PM

Víctor  Iván Lujano Sarabia

 

“Tienden a hablarle al mismo círculo y pecan de una solemnidad que los lleva a tomarse muy en serio a sí mismos”.- Hernán Gómez, “La Maroma Estelar” (columna) El Universal – 17/05/2019

 

El gremio notarial en Baja California gozaba hasta el 2015, del control absoluto del acceso al notariado en el Estado, desde autorizar a discreción el inicio de práctica notarial, hasta contar con una participacion mayoritaria que el propio Estado titular de la fe pública, en los sínodos que decidían al ganador.

En sus mejores momentos, desarrollaron una narrativa casi bíblica sobre el acceso al notariado: historias llenas de misticismo sobre quién le heredó a quién, elevando a objeto de culto “El triunfo en el examen de oposición”, aún y cuando sus mas fervientes adoradores solo la conocen en las estampitas.

Así pues, durante años se favoreció un gremio celoso. El asunto no es menor: prestar entre unos cuantos un servicio delegado por el Estado a millones de habitantes. De ahí el escozor a la apertura de más notarías oficialmente disfrazado de “preocupación por la calidad en la prestación del servicio”, calificando –con mucha amnesia– de impresentables o premiados a quienes bajo la nueva legislación obtengan una patente por el Gobernador del Estado.

Además de la designación por el Gobernador, existen otras dos formas de adquirir la titularidad de una notaria: mediante un examen de oposición, y un examen sin oposición para los notarios adscritos en caso de ausencia definitiva del titular, esta última modalidad es la mejor conocida como “heredar la notaría”.

En el examen sin oposición, por razones obvias y humanas, el gremio tiene una opinión uniforme sobre su pertinencia, incluso hay quienes han cambiado a sus adscritos una vez que sus hijos están en posibilidad legal, habilitándolos para ingresar a la línea de sucesión. La misma unanimidad existe para no tocar jamás en público estos temas.

Los exámenes de oposición son cuestionables en atención al resultado: siempre habrá un motivo que cuestionar si el agraciado no cuenta con la simpatía del gremio, “¿por qué ella si es de Ensenada y la notaría es en Tijuana?” “La impuso el Gobernador porque su marido trabaja con él”, si el concurso favorece a algún conocido es porque fue ejemplar y se hizo justicia.

Las designaciones directas del Gobernador son más sencillas de explicar: si me la otorgaron a mí o a mi papá: aplausos, eran otros tiempos. De otro modo es una vergüenza.

Lo realmente cierto en todo este falso debate promovido por algunos notarios, es que a diferencia de otras épocas en la que sólo era necesaria la voluntad del Gobernador, ahora tienen que realizar práctica notarial, tres monografias, aprobar una evaluación preliminar y un examen de aspirante ante un jurado compuesto por notarios, representantes del ejecutivo y un magistrado del area civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La narrativa del apostolado, carrera y vocación notarial no resiste el más mínimo análisis: cuando se han abierto concursos de oposición en notarías fuera de la mancha urbana como San Quintín, San Felipe, Los Algodones, y Ciudad Victoria, únicamente se ha inscrito un aspirante por cada una de ellas, contrario a lo que sucede cuando el concurso es en demarcación urbana. Recordemos que la mayoría de las notarías en Mexicali están concentradas en la Colonia Nueva y en la zona financiera de Tijuana.

El notariado que hoy se muestra sorprendido, no sólo se comporta así de incongruente ante la opinión pública, el mismo doble rasero lo utilizan en sus grillas internas: son capaces de condenar a quienes formalizan la ejecución de alguna cláusula que a su juicio es leonina, pero no tienen empacho en formalizar masivamente contratos que las contienen; maximizan o minimizan escándalos mediáticos de sus agremiados dependiendo de quien se trata.

Así pues, las quejas son la resaca y añoranza de ese control perdido.

 

Víctor Iván Lujano Sarabia fue Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (2007-2009) y Subsecretario Jurídico del Estado (2013 -2019).

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