Pese a que los diputados de la XXIII Legislatura han minimizado el impacto de la llamada “consulta ciudadana” realizada el domingo 13 de octubre, para la consejera Pamela San Martín Ríos y la docente de la UABC, Salomé Magaña, se trata de una genuina “ilegalidad”. Tras los cuestionables resultados de la “encuesta”, las reacciones no se hicieron esperar y los señalamientos más severos son precisamente de connotados morenistas, académicos y consejeros electorales, quienes consideran que este ya no es un tema de partidos, sino que está en juego el Estado de Derecho del país
Foto: Cristian Torres.- Dejan modifi cacion en ssg y ofi cina del gobernador
Políticos, empresarios, juristas, académicos, expertos en materia electoral y abogados han volcado sus críticas a la cadena de incidentes que marcaron la convocatoria para la elección a gobernador en el Periódico Oficial del Estado el 4 de enero de 2019, que determinaba un periodo de dos años para el gobierno que entrará en vigor el 1 de noviembre próximo, así como los cambios posteriores ante recursos interpuestos por miembros de Morena para beneficiar al gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, quien ganaría la elección con una convocatoria vigente de dos años.
Baja California se volvió el foco de atención de las críticas, que llegaron a su punto máximo los días 13, 14 y 15 de octubre, cuando se llevó a cabo la “Consulta Ciudadana” organizada por el congreso bajacaliforniano -de mayoría morenista- para “avalar” socialmente la, calificada de inconstitucional, reforma para ampliar en la Constitución de Baja California el mandato de dos a cinco años.
Finalmente, con los resultados de dicha consulta como anexo, el 15 de octubre -y 129 días después de haber sido aprobada, perdida y recuperada- del Congreso del Estado enviaron al Gobierno Estatal la reforma para su publicación en el Periódico Oficial. Acto con el cual entrará en vigor y entonces quienes se consideren afectados (partidos políticos, ciudadanos, organismos de la sociedad civil) podrán recurrirla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con figuras jurídicas como un recurso de inconstitucionalidad o una controversia constitucional en el caso de gobiernos.
Efectivamente, el domingo 13 de octubre, militantes de Morena y allegados instalaron -de acuerdo a lo informado por los diputados- 250 casillas en diversos puntos de la entidad, para recibir la opinión de los ciudadanos sobre su preferencia de “un proyecto de dos o cinco años”, así como estigmatizaron el hecho de enviar o no al gobierno la reforma para su publicación, dado que la sociedad considera no solo que la “consulta ciudadana” no fue legal, y por lo tanto no es vinculante, sino que los temas electorales, como la vigencia de un periodo,
Bonilla va a la baja en BC: senador por Morena
Foto: Uriel Saucedo
El senador Alejandro Rojas Díaz-Durán refirió que la consulta implementada para saber si la población se inclinaba por una gubernatura de dos o de cinco años, demostró que el mandatario estatal electo, Jaime Bonilla Valdez, solo cuenta con el apoyo de los poco más de 45 mil ciudadanos que votaron para que gobierne por espacio de un lustro, lo cual constituye “1.8% de todo el padrón nominal” en Baja California.
“Son los únicos que le siguen”, asumió el legislador, quien también figura como aspirante a la dirigencia nacional de Morena. Sobre Bonilla Valdez añadió que, en términos generales, “el pueblo de Baja California no lo está aprobando y mucho menos el país”.
A decir de Rojas Díaz-Durán, a nivel nacional existe un repudio hacia la pretensión del político tijuanense de extender su periodo de gobierno, “porque lesiona el mandato del Presidente López Obrador, porque tanto Yeidckol Polevnsky como el gobernador Bonilla, al ser de Morena han sembrado la duda de que esta es una intentona reeleccionista de la Cuarta Transformación y de Morena, y eso no está ni en nuestro proyecto nacional, ni en nuestros estatutos”, profirió.
Por lo que respecta a la dirigente nacional del partido, quien pretende reelegirse, el senador precisó: “Yeidckol Polevnsky apoyó y vino aquí a apoyar esta reelección disfrazada, porque ella tiene ese tufo chavista reeleccionista”.
Sugirió que “si hubiera otra consulta, legal, de revocación de mandato”, un año después de que Bonilla asuma el poder en BC, solo contaría con el apoyo de la misma cantidad de personas (45 mil y fracción) que aprobaron la prolongación de su mandato, si no es que menos, “20 mil” o un número inferior, tomando en cuenta que a su modo de ver el ejercicio de sondeo aplicado el 13 de octubre, “no tuvo rigor metodológico”, con lo cual “pudo haber votado la gente dos, tres veces”.
Comparó el promedio actual de votación a favor, con los porcentajes que Bonilla Valdez logró en las elecciones federales de 2018 y las locales de 2019: “Sacó en 2018 como candidato a senador, 821 mil 098 votos. Como gobernador, menos de un año después, sacó solo 413 mil 123 votos, es decir, la mitad prácticamente de los que lo votaron”.
Alejandro Rojas Díaz-Durán recalcó que “con todo y sus números oficiales”, la consulta arrojó únicamente 45 mil 030 votos a favor de que Jaime Bonilla Valdez permanezca por más de dos años como gobernante.
De igual forma, habló del papel que jugó la Cámara de Diputados local en la implementación de la consulta ciudadana, a juzgar por la comisión especial que se integró para tales efectos, en la cual se posicionó como presidenta la legisladora de Morena Miriam Elizabeth Cano Núñez:
“Un Congreso local no puede convocar a una consulta para violar una Constitución, nadie está autorizado a violar la Constitución y mucho menos si eres legislador, incluso pueden ser sometidos a juicio político por andar promoviendo la violación flagrante de la Constitución”.
Finalmente, sostuvo que “en caso de continúe el gobernador electo Bonilla en su intentona reeleccionista, el Senado de la República valore si se integran las condiciones suficientes y necesarias para la desaparición de los poderes, porque ya el Congreso local de Baja California violó la Constitución local y la Constitución General de la República”. (Eduardo Andrade Uribe)
no son objeto de consulta alguna.
La ausencia de legalidad en la consulta, la falta de un rigor técnico-científico y la organización hechiza y no a cargo de las autoridades electorales, fue el contexto que permitió que personas votaran cinco, seis o cuantas ocasiones quisieran. Además fue nulo el principio de una la elección libre y secreta; las mesas de recepción no pudieron ser localizadas en el sitio previsto, mientras otras no fueron instaladas y unas más cerraron previo a la hora convenida por los diputados.
Foto: Cristian Torres.- Justifica presidente de la mesa directiva
Posterior a ello, el resguardo de las urnas en el Congreso del Estado y el manejo de las mismas -así como el procesamiento de los resultados- fue cuestionable; estas fueron unas cuantas de las irregularidades plasmadas, admitidas o criticadas por la diputada Miriam Cano, presidenta de la Comisión Especial de la Consulta Ciudadana, el día que anunció los resultados.
Según el conteo realizado por integrantes del Colegio de Abogados Emilio Rabasa -el cual se declaró abiertamente a favor de una gubernatura de cinco años, en octubre del 2018- un total de 45 mil 30 boletas (84.25 por ciento) sufragaron en favor de los cinco años, mientras que sólo 8 mil 186 (15.32 por ciento) lo hicieron por el “Proyecto 2”; 203 documentos fueron considerados nulos (0.43 por ciento).
A partir del anuncio, personalidades de todo el país se manifestaron contra la consulta. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral, como el presidente Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Pamela San Martín, consideraron la consulta de ilegal, sesgada y amañada, tanto en su conformación como en la pregunta. El mismo Murayama -a través de Twitter- aseguró que la boleta es un resumen del “atropello al Estado de Derecho en Baja California, pues los ciudadanos eligieron un gobernador por dos años”, además que la contrarreforma (como los de Morena llamaron a ese periodo) es precisamente la que busca ampliarlo a cinco.
La diputada y excoordinadora de la campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, calificó de “atrocidad” tanto la reforma como la consulta, y señaló de “incapaces” a los legisladores de Morena en esta entidad, a quienes acusó de utilizar artimañas dilatorias para retrasar la publicación de la reforma.
El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz-Durán, visitó Tijuana el día martes 15 y aprovechó para fijar su postura contra Jaime Bonilla Valdez, al que acusó de violar la Constitución por promover la reforma y la consulta ciudadana. También aseguró que promoverá su inhabilitación ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.
En entrevista con ZETA, la consejera General del INE, Pamela San Martín Ríos y Valles, comentó que la consulta simplemente es ilegal, pues se encuentra al margen de la Constitución, de las leyes, y ninguna autoridad puede actuar al margen de ellas. Recriminó que la sociedad no votó en realidad para modificar una Ley o Artículo Constitucional, pues esto ya se había llevado a cabo, además que dicha consulta no cuenta con sustento jurídico ni es vinculante de ninguna manera, pese a que Juan Manuel Molina, Miriam Cano y Eva Griselda Rodríguez, diputados de Morena, aseguren que los legisladores tienen derecho a buscar cualquier mecanismo para hacerse de información y tomar decisiones.
Tanto la consejera como la abogada de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y experta en materia electoral, Salomé Magaña Martínez, consideraron que esto no es ya tema de partidos, sino de protección del Estado de Derecho en todo el país, que tanto ha costado construir durante las últimas dos décadas.
La consulta ha provocado diferencia de opiniones, e incluso conflictos entre el morenismo; dentro de los próximos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá en sus manos una decisión que dejará un precedente histórico para el país.
LA CONSULTA
El ejercicio de “consulta ciudadana” orquestado por Morena desde el Congreso del Estado, era una práctica destinada al fracaso. Su promoción se limitó a la exposición de críticas sobre el desarrollo de la misma; solo imprimieron 100 mil boletas para 250 urnas y, al final, la votación no alcanzó siquiera el 2 por ciento del listado nominal de Baja California (porcentaje requerido, por ejemplo, para hacer una consulta popular dentro de la Ley).
Desde las 9 de la mañana tenían prevista la instalación de casillas, pero no todas lograron hacerlo. En un recorrido realizado por ZETA, una gran cantidad de casillas no fueron localizadas, mientras que otras se retiraron antes de las 5 de la tarde.
En entrevista con Raymundo Riva Palacios en su programa “Estrictamente Personal”, Roy Campos de Consulta Mitofsky -quien realizó una encuesta de salida- aseguró que la consulta es “indefendible”, técnicamente hablando, y aseguró que buscó obtener una muestra de 43 centros de votación, pero que se complicó; al menos 12 de ellas no se instalaron, por lo que tuvo que acudir a otras.
Sin embargo, Miriam Cano lo desmintió y dijo que en algunos puntos tuvieron que instalarse a una calle o dos del sitio previsto, pues no se consiguieron permiso por parte de propietarios, escuelas o parques para realizar el ejercicio. Esto ocurrió, sobre todo, en los sitios de mayor concurrencia.
Otra de las irregularidades detectadas es que no había control de votación, por lo que una persona podía sufragar hasta en cinco ocasiones sin problema, ya que no contaban con tinta indeleble para marcar el dedo de los interesados. De hecho, en algunos centros ni siquiera se solicitaba la credencial de elector, por lo que no pueden considerarse 53 mil personas, sino 53 mil boletas.
La misma legisladora admitió esto y comentó que la ciudadanía tiene que cambiar para que este tipo de ejercicios sean más efectivos. ZETA logró constatar que varias personas votaron hasta en cinco ocasiones.
Para las 5 de la tarde eran escasos los centros de votación que todavía operaban. Muchos de los organizadores se llevaron las urnas a sus casas para resguardarlas ahí; en otros casos se desconoció su
Periodo que señala Bonilla “quedó sin efectos en sentencia emitida por la Sala Superior del TEPJF”: IEEBC
En ausencia del presidente del Instituto Estatal Electoral, Jorge Aranda, el secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Raúl Guzmán, ofreció a ZETA la postura del IEEBC respecto a las declaraciones vertidas por Jaime Bonilla Valdez en una conferencia de prensa en Ciudad de México, donde afirmó que la única convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Estado era la de cinco años de mandato, ante lo cual –insistió él se registró para ese periodo.
A continuación, la respuesta textual del representante del Instituto:
“El IEEBC es respetuoso de las declaraciones que emita cualquier persona… Lo que le puedo decir conforme a los hechos que se suscitaron en el pasado proceso electoral, es que se emitió una convocatoria pública por un periodo a la Gubernatura del Estado que comprende del 01 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021, en términos del artículo octavo transitorio de la reforma constitucional de octubre de 2014.
“Que si bien, en un primer momento el Tribunal de Justicia Electoral del Estado ordenó al IEEBC a modificar dicha convocatoria para generar una adenda para el que el período del mandato se ampliara hasta el 31 de octubre de 2024, posteriormente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la referida adenda, ordenando -en esta última instancia- que se mantuvieran las cosas en el orden en que el IEEBC había emitido la convocatoria pública, es decir, por un periodo de dos años…
“Conforme fueron avanzando las etapas del proceso electoral, podrán consultar los acuerdos que emitió el Consejo General en lo que fue el registro de la candidatura a la Gubernatura del Estado postulada por la coalición integrada por Morena, PT, PVEM y Transformemos… Ahí se indicó el periodo de la gubernatura, conforme a lo resuelto por Sala Superior del TEPJF…
“De igual forma, en el acuerdo de declaración de validez de la elección a la gubernatura y entrega de constancia de mayoría, también se indicó el periodo por el que resultó electo el Gobernador… Es decir, del 01 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.
“El periodo que señala el Gobernador electo en su declaración quedó sin efectos a través de la sentencia emitida por la Sala Superior del TEPJF”.
paradero hasta que fueron trasladadas al edificio Legislativo. De lo que hicieron con las hojas no utilizadas por ciudadano, nada se sabe.
Foto: Cristian Torres.- Dan a conocer resultados
La noche del domingo comenzaron a llegar los paquetes electorales al Congreso del Estado, edificio resguardado por guardias y al cual solo se permitía el ingreso a personal acreditado.
Al final, de acuerdo a la palabra de los diputados, la votación fue de poco más de 50 mil personas, lo que corresponde al 1.8 por ciento del padrón electoral. A pesar del resultado, los legisladores se consideraron satisfechos por el trabajo realizado, pues alcanzaron una importante votación pese a -argumentaron- la “campaña negra” que empresarios ligados a la Coparmex realizaron e incluso pagaron, desplegados en contra de la consulta para inhibir la participación.
Al día siguiente de la consulta, el diputado Catalino Zavala Márquez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, ordenó enviar el decreto de la ampliación de mandato, el cual fue recibido la tarde del martes 15 de octubre en la ventanilla de la Secretaría General de Gobierno. Zavala aclaró que la reforma nunca estuvo extraviada, que se encontraba en unas cajas sin nombre que dejó la Legislatura pasada, pero que lo hallaron hace aproximadamente mes y medio. Sin embargo, no lo dio a conocer.
LAS CONSECUENCIAS
“El derecho no es un instrumento al servicio de la política, sino de la sociedad”, es la frase con la que culmina su análisis el profesor especializado en materia constitucional de la UABC, Jorge Humberto Vargas Ramírez, referente a la intervención de los partidos que utilizan las normas jurídicas como una herramienta de beneficio personal o de grupos.
Aseguró, la historia política de México está plagada de personajes que torcieron la Carta Magna con fines personales; para ejemplificarlo, recordó el antecedente en Yucatán del gobernador Víctor Cervera Pacheco, quien gobernó durante 10 años (como interino y posteriormente como gobernador Constitucional, de 1984 a 1988 y de 1995 a 2001) aunque esto se encontraba impedido.
Esto puede compararse con lo ocurrido el 8 de julio, cuando diputados de la XXII Legislatura aprobaron la reforma al Artículo Octavo Transitorio Constitucional, que
Legisladores de Morena y Encuentro Social desaprueban consulta
En vísperas de la consulta sobre la ampliación de mandato, el diputado Ismael Moreno Gil refirió que él en lo particular no atendería a la convocatoria para ir a votar el domingo 13 de octubre.
Con todo y que dijo parecerle idóneo que Jaime Bonilla Valdez, gobernara por cinco años, reconoció que el ex dirigente estatal de Morena fue electo para encabezar una administración de dos años.
“Considero que sería lo ideal (extender el periodo gubernativo), por el bien del Estado, y creo que es el espíritu que llevaba originalmente, pero hubo una elección por dos años y con todo respeto creo que debemos entenderlo así y acatar la Ley”, opinó el diputado por Morena en entrevista con ZETA.
El legislador federal por el Distrito 05 de Baja California, admitió que una vez que Bonilla Valdez hizo campaña para desempeñarse como mandatario estatal por un bienio, la pretendida modificación ya no procede; de forma tal que en todo caso “las consultas se debieron hacer antes”.
A su vez, el diputado por el Partido Encuentro Social, Héctor Cruz Aparicio, mencionó que en “lo personal”, Baja California hizo “un mal papel a nivel nacional” con la consulta ciudadana.
En entrevista con este Semanario el lunes 14 de octubre, el legislador federal por el Distrito 08 exclamó: “Ayer casi caímos en la ridiculez”.
A su modo de ver, “el Congreso (local) quizás está en su derecho a convocar a una consulta ciudadana, entonces es un derecho que se tiene que promover sin duda alguna”. Aunque “tiene que crear mecanismos eficientes para que sea un ejercicio en el que verdaderamente se escuche la voz de los ciudadanos”, consideró.
Para implementar el mecanismo en cuestión, “no existió ningún tipo de regulación”, pues “hubo ciudadanos y lo hicieron no de mala fe, sino para exponer los flancos abiertos de esta consulta, que votaron tres, cuatro veces”.
Sobre el ejercicio de sondeo, cuyos resultados a favor de la opción de cinco años simplemente sirvieron para que el Congreso determinara que la respectiva reforma entrase en vigor, Cruz Aparicio opinó que solo constituyó un elemento encaminado a postergar la publicación de la enmienda, en contra de la cual se contempla que obren impugnaciones orientadas a que Bonilla no tome posesión para encabezar un quinquenio.
Héctor Cruz Aparicio, quien llegó a la Cámara de Diputados al amparo de Encuentro Social en coalición con Morena, manifestó que no participó en la consulta, toda vez que Bonilla Valdez fue electo para gobernar por dos años y “lo que se quiera hacer al margen, eso yo lo considero nocivo para la vida pública de México”. (Eduardo Andrade Uribe)
Foto: Cristian Torres.- Diputada del PAN Eva María Vázquez.
permitió la ampliación del periodo de gobierno, en beneficio del mandatario electo, Jaime Bonilla Valdez.
La reforma será publicada, de acuerdo a la agenda del Gobierno del Estado, el viernes 18 de octubre.
A partir de ese momento, el PAN, PRI, PRD y MC anunciaron que presentarán acciones de inconstitucionalidad previstas en el Artículo 105 Constitucional. Incluso, Jaime Martínez Veloz, excandidato perredista a la gubernatura, adelantó una toma simbólica del Congreso el próximo 27 de octubre.
Las acciones de inconstitucionalidad solo pueden ser presentadas por cuatro entes: partidos políticos, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, las comisiones de Derechos Humanos y el 33 por ciento de los diputados del Congreso del Estado.
El Presidente López Obrador ya anunció en la “mañanera” que no recurrirá la reforma y la CEDH no ha informado si hará lo propio, pese a que se le solicitó una versión por parte de este medio.
El presidente de la Coparmex en Mexicali, Ernesto Elorduy Blackaller, ha referido en reiteradas ocasiones que buscarían el amparo, mientras que el Gobierno del Estado aseguró que analiza una controversia constitucional, pero son herramientas secundarias. De hecho, algunos recursos ya fueron desechados por la falta de publicación de la Ley.
En el mismo sentido, el Consejo General del INE pretende hacer lo propio, pero todavía analizan a través de qué figura jurídica podrían recurrirlo.
Pamela San Martín Ríos y Valles, fue clara al asegurar que lo realizado por el Congreso del Estado viola todos los lineamientos de participación ciudadana a nivel mundial, pues “no da certeza ni garantía desde la forma en que fue realizada, la autoridad que la ejecutó, la materia que fue objeto de consulta, ni los mecanismos que se siguieron para recabar los resultados”.
La Consejera del INE, refirió que no se pueden llevar a cabo ejercicios ciudadanos en los que no hay garantías para todos los actores que la conforman, y en este había sesgo desde la conformación de la pregunta.
“Debemos regresar al cauce de las reglas y será responsabilidad de la SCJN -y el TJE- de la regularidad que se llevaron a cabo y garantizar que se cumpla con los derechos de los ciudadanos en las urnas. Esto significa que Bonilla ganó por un periodo de dos años”.
“Ley Bonilla” en el Periódico Oficial
Foto: Cortesía
La reforma al Artículo Octavo Transitorio, referente a la ampliación de mandato en Baja California, fue publicada el 17 de octubre en el Periódico Oficial del Estado.
Con ello el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, estará facultado para gobernar del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2024.
En la edición del órgano oficial informativo donde se publicó la enmienda constitucional se da cuenta de que la XXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Baja California expidió el Decreto 351, relativo a la aprobación de la iniciativa de decreto por el cual se reforma el transitorio.
Con ello quedó sin efecto el plazo gubernativo 2019-2021, aprobado el 11 de septiembre de 2014, en aras de empatar elecciones locales con las intermedias federales de 2021.
La edición del Periódico Oficial del Estado a la que se incorporó la enmienda constitucional apareció cerca de las cuatro de la tarde del jueves 17 de octubre. De acuerdo con el propio articulado de la reforma, esta “entrará en vigor al día siguiente de su publicación”, lo cual implica que a partir de ese momento se abrirá margen a las acciones legales contempladas contra la modificación.
En su oportunidad, los partidos Revolucionario Institucional y de Baja California informaron que interpondrían controversias constitucionales contra la disposición de extender la gestión del ex dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional de dos a cinco años, en tanto que Acción Nacional promovería una acción de inconstitucionalidad.
También está previsto que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid interponga controversia constitucional (de acuerdo con la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado) y que la Confederación Patronal de la República Mexicana promueva recursos de amparo en Baja California.
El 15 de octubre, una vez que el Congreso del Estado envío la modificación a Vega de Lamadrid, el funcionario panista dispuso publicarla, de conformidad con la fracción I del Artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. (Eduardo Andrade Uribe)
Sin documentos, Bonilla defiende gubernatura por cinco años
En la conferencia de prensa que Jaime Bonilla ofreció el miércoles 16 de octubre en Ciudad de México, aseguró que contendió por una gubernatura por cinco años y que la constancia de mayoría que se le expidió, ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de ninguna manera establece que su administración será por dos años.
Para ello se valió de la compañía y el respaldo del próximo secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, y de quien figura como futuro fiscal de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández.
De acuerdo con una infografía que igualmente utilizó como soporte, Bonilla se inscribió a la contienda electoral el 27 de marzo de 2019 “a mediodía”, cuando estaba “vigente la convocatoria por cinco años”.
“Conozco la convocatoria que se publicó y que nunca la cambió el Instituto y ni el Tribunal, eso es lo que yo reconozco”, declaró el gobernador electo.
Bonilla aprovechó para acusar que el TEPJF faltó a la verdad al informar el 2 de octubre, que había ratificado la elección a su favor para un periodo de dos años (a propósito de impugnaciones interpuestas por los partidos PRD, Movimiento Ciudadano y Transformemos). “Estamos viendo que el Tribunal nunca dijo la verdad”, aseguró el morenista.
Rodríguez Lozano intervino para exponer que “hay una equivocación terrible” en el “boletín de prensa del Tribunal y los propios medios de comunicación (…) La resolución del 2 de octubre se refiere a la constancia de validez del ingeniero” y, además, “nunca tocó los dos años”.
Se le preguntó si contaba con ese documento: “No la tenemos, pero la podemos conseguir”, admitió el ex priista.
“Cuando se planeó el proyecto del señor Bonilla fue en base a esa convocatoria con la adenda y estuvimos vigilando si había un cambio o alguna connotación distinta por parte de la Sala Superior del Tribunal, pero como no publican, somos ajenos a cualquier otra condición que pudiera existir”, explicó a su vez el abogado Guillermo Ruiz Hernández.
“Está muy clarito: en los documentos que yo me registré estaba por cinco años la Ley”, insistió Bonilla.
Se le solicitó mostrar el registro correspondiente, a lo cual Rodríguez Lozano reconoció tampoco contar con ese documento.
El gobernador electo igualmente subrayó: “Estamos respetando las reglas del juego, tan es así que hemos ido por todas las instancias y creo que no ha habido un proceso más demócrata que este, ya lo decidirá la Suprema Corte”.
Cuestionó “por qué están tan apurados en desprestigiar este proceso” y, afirmó que por su parte, respetará la sentencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Finalmente, aclaró que cuando estaba en campaña y declaró estar dispuesto a gobernar por dos años a propósito del proceso legal entablado con motivo del periodo gubernamental, lo hizo pensando en que al mismo tiempo contaba con derechos políticos para pelear por la ampliación de mandato. (Eduardo Andrade Uribe)
