José Luis Ovando Patrón, dirigente del Partido Acción Nacional, dijo a ZETA que a través de la organización civil Centro de Estudios y Análisis Humanistas recibió cuantiosas aportaciones derivadas de la retención del 2% del sueldo de empleados de gobierno, a quienes Loreto Quintero, siendo oficial mayor, les hizo firmar una referencia a un convenio que “nunca existió”. “Es desvío de fondos”, señalan fiscalistas. Fiscalía del INE llamó a comparecer esta semana a Ovando Patrón y la dirigencia del PAN
La retención del 2 por ciento del salario de los militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) incrustados como empleados del Gobierno del Estado de Baja California, al mando de Francisco Vega de Lamadrid, continuó vigente aun después de la reforma a la Ley Electoral de 2014 que prohíbe a los tres niveles de gobierno realizar ese tipo de descuento en favor de un instituto político.
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Voluntaria o involuntariamente, como algunos de ellos asentaron en denuncias formales, la deducción de la nómina de los trabajadores continuó haciéndola efectiva el Poder Ejecutivo estatal, entregándosela a José Luis Ovando Patrón, pero no como dirigente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, sino como representante de la asociación civil Centro de Estudios y Análisis Humanistas (CEAH).
Después de la reforma de febrero de 2014, Tanto Ovando Patrón como Lizbeth Mata Lozano, actual diputada federal por el blanquiazul y el tesorero del CDE del PAN, Omar Murillo Salgado, constituyeron el CEAH.
A partir de 2015, Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, entonces a cargo de la actual diputada local panista Loreto Quintero Quintero, emitió un nuevo formato para que los empleados “autoricen por escrito su aceptación de contribuir con el Centro de Estudios y Análisis Humanistas, AC, para el logro de sus fines”, haciendo referencia de un convenio entre el organismo civil y el Estado, el cual ahora afirma “nunca existió”.
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Tan solo en 2018, el dirigente captó un ingreso por 2 millones 405 mil 562 pesos, producto de la aportación de 357 empleados.
De las actividades realizadas por el CEAH, sus aportantes, incluyendo la propia Quintero, no atinan a enumerar una actividad concreta que justifique el uso del recurso que les es transferido.
Aunque sea sueldo de los trabajadores, el Estado es responsable de la retención a particulares, es un desvío de fondos en el que se configuran delitos como peculado y cohecho”, señaló el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.
En tanto, la fiscalía del Instituto Nacional Electoral (INE) requirió en días recientes a José Luis Ovando Patrón y a los representantes de los Comité Directivo del PAN, tanto estatal como nacional, derivado de la denuncia presentada el 29 de agosto de 2019 ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Amador Rodríguez Lozano, próximo secretario general de Gobierno de Baja California.
EXIGEN SANCIONAR TRIANGULACIÓN DE RECURSOS
Para Rodríguez Lozano, los donativos al CEAH solo son una forma de triangular la retención de los trabajadores a favor del PAN, en un intento de burlar la Ley electoral, “hecho que debe sancionarse”, anotó.
Por ello fue que ante la Fiscalía de Delitos Electorales de la FGR, denunció la retención de recursos vía nómina a trabajadores de los ayuntamientos de Playas de Rosarito, Mexicali y Tijuana, y de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en beneficio del Centro de Estudios y Análisis Humanistas, AC.
Foto: Cristian Torres.- Dirigente del PAN José Luis Ovando. / Foto: Enrique Botello.- Diputada federal Liz Mata Lozano / Fotos: Ramón T. Blanco Villalón.- Amador Rodríguez Lozano – Oficial Mayor de Gobierno de Baja California Loreto Quintero Quintero.
“Es una simulación financiera, y como tal debe investigarse y sancionarse”, subrayó tras asegurar que la queja que interpuso no deriva de una persecución política, como el propio José Luis Ovando Patrón ha declarado públicamente.
El 3 de septiembre, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió la queja presentada por Rodríguez Lozano en contra de Ovando Patrón como apoderado del CEAH y presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, y quienes resulten responsables de la citada asociación civil.
El 6 de septiembre, María del Rocío Gudiño Martínez, encargada de despacho de la Vocalía Ejecutiva de la 05 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Baja California, notificó a Rodríguez Lozano que la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir a trámite y sustentación la queja, registrándola bajo el expediente INE/Q-COF-UTF/128/2019/BC.
Durante la semana que concluye, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió a comparecer a la representación nacional y estatal del PAN.
“NO HAY DELITO, ES UN ASUNTO ENTRE PARTICULARES”: OVANDO
“La aportación proviene de particulares hacia una asociación civil, es un asunto entre particulares, no hay ningún desvío de recuso público”, expuso a ZETA José Luis Ovando Patrón.
Argumentando no poder decir más por encontrarse un proceso abierto por este tema, el dirigente del PAN en Baja California continuó atribuyendo la queja de Rodríguez Lozano a cuestiones meramente políticas, sin fundamento legal, “porque no hay delito alguno”.
Al respecto, el tesorero del CDE del PAN, Omar Murillo Salgado, también apoderado del CEAH, sostuvo que “el partido no recibió ninguna transferencia bancaria ni aportación económica por parte de la asociación civil como proveedor de servicios al partido, porque constituiría un delito”.
Agregó que el PAN no está implicado la retención del 2% a los trabajadores, ya que “quien realiza los descuentos a los trabajadores es directamente el Estado” y lo entrega a esa asociación, como lo hace con otras más, y aclaró que la aportación de los trabajadores no es ilegal, toda vez que ellos “firmaron una carta donde aceptaban aportar, por medio de un descuento, a esa asociación civil. La denuncia es más política que técnica o de responsabilidad. Eso mismo le contestamos al INE, en el requerimiento que nos hizo ayer (martes 15 de octubre)”, anotó.
En 2016, Murillo Salgado atendió un proceso de investigación de la entonces Procuraduría General de la República -hoy Fiscalía- por delitos electorales, al ocultar gastos de campaña, lo cual le valió al PAN la aplicación de una multa de 4 millones de pesos. “Fue una curva de aprendizaje por lo reciente de la reforma electoral de 2014, pero ya aprendimos, muestra de ello es que en la pasada elección se nos multó solo por 800 mil pesos”, subrayó.
RETENCIÓN SIN MEDIAR CONVENIO: LORETO QUINTERO
Para el descuento del 2% vía nómina a los trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, recursos depositados a la cuenta de CEAH, la ex oficial mayor y actual diputada local, Loreto Quintero Quintero, aseguró que no medió convenio alguno.
“Nunca se concretó un convenio, nunca hubo una responsabilidad de alguien, de un director con la asociación, todo fue de forma voluntaria entre particulares”, recalcó.
Sin embargo, el formato de autorización para descuento vía nómina hace referencia “al Convenio de Colaboración para pagos vía nómina celebrado entre el Poder Ejecutivo del gobierno del estado de Baja California, por conducto de Oficialía Mayor de Gobierno y Centro de Estudios y Análisis Humanistas, AC”.
Dicho convenio, se indica, “tiene por objeto facilitar el pago vía nómina a aquellos trabajadores de la administración central del Poder Ejecutivo que autoricen por escrito su aceptación de contribuir con el Centro de Estudios y Análisis Humanistas, AC, para el logro de sus fines, con la aportación de un porcentaje de su percepción salarial”.
Al firmar dicha autorización, el trabajador es obligado a reconocer “de manera expresa que dicha aportación no implica descuento, retención o deducción alguna de mi salario, y por lo tanto no le son aplicables los preceptos que tutelan su afectación, específicamente los contenidos en el numeral 46 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del estado y Municipios de Baja California”.
A través de ese formato, el 30 de abril de 2015 la propia Quintero autorizó al organismo civil presidido por José Luis Ovando Patrón, recibir aportaciones voluntarias a su nombre.
— Usted misma pidió que le descontaran para aportar a esa asociación…, se le observó.
“Si, yo sí aporté”.
— ¿A qué se dedica esa asociación, cuál es su fin?
“Creo que le tienes que preguntar a ellos, en lo personal aporté, no te voy a mentir, a mí no me gusta echar mentiras”.
— ¿No le dijeron el fin para el que se utilizaría esa aportación?
“No, no, no, no sabría, no te podría decir, no recuerdo porque yo tenía otros descuentos también. Conozco bien a José Luis, por eso firmé”, reconoció.
Foto: Enrique Botello
MIRNA RINCÓN SÍ FIRMÓ CONVENIO
El gobierno de Mirna Cecilia Rincón Vargas sí firmó un convenio de colaboración para pagos vía nómina a favor del CEAH, suscrito en términos similares a la carta para la retención del 2%, firmada por empleados militantes del PAN antes de la reforma electoral de 2014.
Para la retención entregada directamente a Acción Nacional, el documento de autorización lo firmaban “miembros activos adherentes o simpatizantes del Partido Acción Nacional”, mientras que el convenio por el que es denunciado Ovando Patrón hace alusión a “miembros activos adherentes o simpatizantes de CEAH, los cuales pretendan contribuir con este, al sostenimiento del comité municipal en el que tengan establecido su domicilio, con el 2% de su percepción, así como voluntarios del mismos que pretendan colaborar con sus fines de la misma forma”.
En la novena cláusula se indicó que la vigencia del convenio sería a partir de su firma, 15 de diciembre de 2017, hasta el 30 de noviembre de 2019.
Por parte del Municipio, el convenio lo firmaron Rincón Vargas y Jorge Nicolás Arévalo Mendoza, secretario de Gobierno, así como el propio Ovando Patrón como representante legal del CEAH.
LOS DESCUENTOS
De acuerdo con documentos localizados que derivaron la presentación de la denuncia de Amador Rodríguez Lozano, en 2018 la deducción se aplicó a 356, transfiriendo un total anual de 2.4 millones de pesos a la cuenta bancaria de Centro de Estudios y Análisis Humanistas, AC en Banco Mercantil del Norte, SA (Banorte), con número de cuenta 0288846251 CLABEA 072 020 00288846251.
En 2017 se aplicó la retención del 2% del salario neto a 778 trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado, entonces el monto reportado ascendió a 230 mil pesos.
Entre los empleados de gobierno a los que se les retuvo el 2% destaca el ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, a quién en 2018 le descontaron 551 pesos.
El padrón de aportantes incluye trabajadores a los que se les ubica en más de una plaza, como Juan Pedro Quezada Jiménez en las plazas adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública enumeradas C012, 3058 y C003; de cada plaza tuvo un descuento de 300 pesos.
DENUNCIAN APORTACIONES INVOLUNTARIAS
Una demanda laboral presentada por Anicia Rosas Ruiz contra el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California el 21 de noviembre de 2014, da cuenta de que la retención del 2% se realizaba a favor del PAN desde antes de constituida la asociación civil fundada por José Luis Ovando Patrón.
En la demanda, la empleada refiere haber sido amenazada con perder su empleo si no se aprobaba dicha retención a favor del “Partido Acción Nacional, vía depósito bancario en la cuenta 00552612090 de la Institución de Crédito Banorte”.
