Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), reveló que existen 12 denuncias en contra de diez de los superdelegados del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador por posible desvío de dinero público.
“Hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados son denunciados son los de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, y estamos abiertos a cualquier otra denuncia que llegue”, comentó la Secretaria durante su comparecencia de este jueves en la Cámara de Diputados.
“Estas denuncias están siendo trabajadas con autonomía técnica y de gestión, que corresponde a nuestros Órganos Internos de Control; las más importantes han sido asumidas por mí y también los OIC están trabajando para procesar denuncias que se generen sobre nuestros delegados estatales”, agregó Sandoval Ballesteros.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su Artículo 17, esos delegados tienen la encomienda de coordinar los programas, supervisarlos, siempre bajo el mandato directo del Presidente.
En marzo pasado, debido a las fuertes críticas por las atribuciones de esos delegados, el Presidente López Obrador hizo ajustes a la estructura. El nuevo esquema, con el que el Gobierno de la 4T prevé ahorrar 15 mil millones de pesos, fue acordado en una reunión entre el Presidente, su gabinete y los 32 delegados estatales.
Cada tiene ahora la figura de un coordinador, un representante y cuatro subcoordinadores, uno por gabinete los cuales se dividirán en cuatro: de Seguridad y Gobierno, de Hacienda y Desarrollo Económico, de Energía y Comunicaciones y Transportes, y de Bienestar.
Es decir, hay un coordinador diferente para cada una de las 266 coordinaciones, además de 8 mil centros integradores. Además están acompañados de un encargado de administración, de un responsable en materia anticorrupción y de uno en el área jurídica. ZETA/SinEmbargo
