El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó este jueves 24 de octubre, a través de una Acción Declarativa, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aclarar el periodo por el que tomaría protesta el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, el próximo 1 de noviembre.
El órgano electoral afirma que ante la publicación de la reforma a la Constitución de esa entidad para ampliar de dos a cinco años el mandato gubernamental, llamada “Ley Bonilla”, es necesario que la Sala Superior del TEPJF se pronuncie al respecto.
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“Se genera una absoluta falta de certeza jurídica en el sentido de cuál es el periodo que va a desempeñar el actual gobernador electo; es decir, si conforme a la determinación emitida por la Sala Superior, sólo por dos años, para fenecer su encargo en el año 2021”, indicó el INE.
“[…] o bien, si debe estarse al Decreto 351 emitido con posterioridad, incluso de la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría respectiva, para que sea (que deje el cargo) hasta el 2024”, indica el documento enviado por el órgano electoral al TEPJF.
En la Acción Declarativa del INE se relata la ruta de la elección en Baja California, desde que se aprobó la reforma constitucional de 2014, para aprobar un periodo de dos años y cumplir con el ordenamiento de empatar la elección local con federal.
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El Instituto argumentó al TEPJF que es procedente una Acción Declarativa, ya que la legislación establece que ésta es válida cuando se presente una situación de incertidumbre o falta de seguridad en un posible derecho, debido que en este caso, se busca violentar el voto de los ciudadanos del 2 de junio, quienes sufragaron por un periodo de dos años.
“Semejante incertidumbre produce un daño al electoral en su conjunto, al sistema democrático, y, de manera particular, a la función electoral que tienen a su cargo el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales”, detalló el INE en su Acción Declarativa.
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— INE (@INEMexico) October 24, 2019
Este mismo día, el ministro José Fernando Franco González-Salas, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite, cuatro acciones de inconstitucionalidad que buscan anular la llamada “Ley Bonilla”, y que han sido presentadas desde el pasado viernes, cuando entró en vigencia dicha reforma constitucional del estado de Baja California.
Franco González-Salas dio entrada a las demandas presentadas por los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI), pero rechazó conceder una suspensión para impedir la toma de protesta de Jaime Bonilla Valdez, el próximo 1 de noviembre.
“No es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del Estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento”, explicó el ministro.
Lo anterior, dijo Franco González-Salas, dada que no está cuestionada la legitimidad de la victoria electoral de Bonilla Valdez ni los dos primeros años de su mandato, sino la reforma posterior a la Constitución local para extenderlo a cinco años.
Asimismo, Franco González-Salas dio al Congreso de Baja California y al Poder Ejecutivo estatal sólo seis días naturales para contestar la demanda, así como diez días al TEPJF para que le entregue su opinión sobre el caso.
