Sin el mínimo respeto por las formas, el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, “regaló” el pasado 18 de octubre, notarías a dos personajes allegados a su administración, asegurando la vida de ambos por los próximos 23 años, y con la posibilidad de obtener una ampliación por el mismo periodo.
Se trata de José Ricardo Padilla Ibarra, hijo de la ex procuradora estatal y actual magistrada, Perla del Socorro Ibarra Leyva; y de Javier Mayoral Murillo, director del Registro Civil de Baja California.
El 18 de octubre, el Periódico Oficial del Estado dio a conocer que se otorgó la Notaría 18 a Padilla Ibarra, en mexicali, pese a que apenas el 30 de agosto presentó su examen en donde el mínimo requerido para obtener la patente de aspirante es de 8 y él obtuvo una calificación de 8.18, fue severamente criticado por una de las sinodales por no contestarle una sola respuesta correctamente.
Ese día, tres de los cinco evaluadores fueron personas allegadas a su madre: María Esther Rentería Ibarra -magistrada del Tribunal Superior de Justicia y amiga de Ibarra Leyva-; además de Francisco Iribe Paniagua y David Reynoso, Secretario del Trabajo y Director de Inspección de la STPS; los tres se encargaron de realizarle preguntas “voladitas” para que contestara correctamente.
Mientras que otro de los beneficiados es Javier Mayoral Murillo, actual Director del Registro Civil y nuevo titular de la Notaría 19, en Mexicali.
Tanto José Ricardo Padilla Ibarra como Javier Mayoral Murillo, fueron designados de manera directa por el gobernador pese a que existe una gran lista de abogados que llevan meses o años esperando abrir una vacante para concursar por ella. Sin embargo, estos dos personajes no tendrán que competir por ella, sólo se beneficiaron del respaldo de Francisco Vega.
Otros de los beneficiados fueron Ramón Hernández Sánchez, con la Notaria 22 con domicilio en La Presa, en Tijuana; y a Viviana Campa Dávila le otorgaron la Patente de Aspirante al Ejercicio del Notariado.
Recientemente en un reportaje publicado por ZETA, el presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado, Carlos Enríquez de Rivera Castellanos, declaró que las notarías entregadas a los cercanos del mandatario serías consideradas como “premios políticos”.
