El jueves 24 de octubre, luego de una semana de polarización entre el sector automotriz y legisladores de Morena, el Senado discutía dar marcha atrás a la adición de un Artículo Transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación de 2020 con la cual se pretendía crear un programa para regularizar, en ocho meses, vehículos internados a México de manera irregular. Jaime Bonilla propuso que el programa sea de dos años en BC
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La tarde del jueves 24 de octubre, el diputado Manuel López pidió a los senadores retirar la adición del Artículo Decimoquinto Transitorio de la Ley de Ingresos federal para el ejercicio 2020, que él mismo promovió en el Congreso. Sin embargo, por estar ya incluido en la minuta aprobada y enviada al Senado de la República por los diputados, su eliminación quedó en manos de los legisladores que, al cierre de esta edición, no habían resuelto eliminar la propuesta de la Ley de Ingresos.
Tras discusiones de senadores de oposición y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al mediodía del jueves 24 de octubre las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y la de Estudios Legislativos del Senado, plantearon hacer cambios a la Ley de Ingresos propuesta por el Congreso de la Unión, con lo que finalmente se eliminaría el Artículo Transitorio que en ocho meses permitiría la regularización de 18 millones de autos chocolate.
“Si no va a haber regularización, el Gobierno Federal deberá definir qué va a hacer con los vehículos que circulan de manera ilegal en el país”, anotó la senadora bajacaliforniana Gina Cruz Blackledge en torno al tema.
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Y es que a petición del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que adiciona el Artículo Decimoquinto transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, cuyo fin era regularizar los vehículos chocolate que circulan en el país de manera ilegal.
La reforma presentada por el diputado federal de Morena, Manuel López Castillo, autorizaba al Congreso legislar para abrir la puerta y regularizar aproximadamente 18 millones de automóviles; de esos, 300 mil se encuentran en Baja California.
Tan solo en Tijuana, uno de los municipios con mayores conflictos de movilidad, más del 30 por ciento del parque vehicular que circula por la ciudad es de procedencia extranjera. Son autos no legalizados, estimó el alcalde Arturo González Cruz.
De manera tajante, la iniciativa fue rechazada por el sector empresarial -particularmente por la industria automotriz- al considerarla “ilegal y sin consenso”, por lo que demandaron eliminarla ya que “la regularización de carros ‘chocolate’ se puede dar con una medida administrativa y no con reformas legislativas”, dijeron.
Foto: Cortesía
Al respecto, el diputado Ismael Moreno consideró fuera de tiempo esa demanda. “A través del parlamento abierto pudieron hacer sus propuestas; si no vinieron, fue por alguna razón, pero enterados estaban”.
PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN EN OCHO MESES
La noche del viernes 18 de octubre, la reforma que adiciona el Artículo 15 a la Ley de Ingresos fue aprobada por mayoría -con 316 votos a favor, seis en contra y 12 abstenciones- y con lo cual, a decir del diputado Manuel López Castillo, se podrá establecer “una solución de manera adecuada al problema de los vehículos ilegales”.
Para ello, la iniciativa prevé que en ocho meses se lleve a cabo un programa de regularización, por lo que establece que los legisladores realicen adecuaciones a leyes y ordenamientos “a efecto de solucionar la problemática de la posesión de vehículos importados usados, localizados en el territorio nacional, que no hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera”.
“Esta propuesta tiene el propósito de generar incentivos a una cultura de legalidad en la introducción de mercancías de procedencia extranjera, en particular de vehículos, y facilitar a los ciudadanos -propietarios de un automóvil de esta condición- para que, en cumplimiento de dichas disposiciones, pueda acreditar la legal estancia de la referida mercancía”, subrayó.
Por lo que, agregó, no solo es en beneficio de los propietarios de esas unidades, sino que también fortalece el cumplimiento de las normas tributarias, ambientales y del registro del parque vehicular ante las entidades federativas.
La medida no tenía fines recaudatorios, aseguró, al tiempo que descartara que su aplicación generaría una afectación económica en los ingresos de la Federación, como algunos sectores han advertido.
Para la fundamentación del dictamen, la diputada panista Patricia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sostuvo que la iniciativa “contiene los conceptos bajo los cuales se recaudarán los recursos financieros necesarios para cubrir los gastos de la Federación, durante el próximo ejercicio fiscal”.
REGULAR SIN MODIFICAR LA LEY: SECTOR AUTOMOTRIZ
Conformados en un frente común desde la aprobación de la reforma, los representantes de la industria automotriz y los líderes de los organismos cúpula a nivel nacional, como Coparmex, Canaco, Canacintra, Concamin y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presionaron para que la medida se eliminara desde la Cámara de Senadores.
“No podemos [nosotros] avalar la ilegalidad, como pretenden los diputados, a través de cambios legislativos. De concretarse esta medida, estaremos presenciando leyes de inspiración populista, que fomentan a las bandas del crimen organizado, el cual obtiene sumas millonarias a partir del contrabando rodante”, expusieron.
“Solicitamos a la Cámara de Senadores, así como al Ejecutivo Federal su urgente e inmediata intervención y pronunciamiento que permita eliminar el transitorio que faculta al Congreso a legislar para ‘legalizar’ vehículos ilegales, utilizando -para el efecto de atender esta problemática- instrumentos regulatorios que no requieren modificaciones legislativas”, expusieron los presidentes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA)
La industria automotriz en números
“De concretarse el programa de regularización de vehículos chocolate, las ventas en la industria automotriz de México se desplomarían un 30 por ciento en los próximos tres años”, advirtió Eduardo Solis, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
México es el sexto productor de vehículos en el mundo y aporta al Producto Interno Bruto 3.9 por ciento; además, la industria automotriz genera 530 mil empleos directos en la manufactura de vehículos, pero sumado a la venta, servicios y proveedores, “son dos millones de empleos los que están en riesgo, de ese tamaño es la afectación”, subrayó.
Sin embargo, aun sin reforma, ese mercado registra caída en sus ventas, anticipándose una caída de 8.2 por ciento al cierre de 2019.
“La crisis del sector ya está impactando en la planta laboral, en las poco más de dos mil 400 agencias distribuidas en todo el país; este 2019 estaremos ligando el tercer año consecutivo con disminución en las ventas de vehículos ligeros, y todo apunta a que la expectativas vienen a la baja”, advirtió Guillermo Rosales Zárate, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices (AMDA).
Las ventas anualizadas fueron de un millón 345 mil unidades al mes de septiembre, lo que significó una disminución de 7.5 por ciento respecto al mismo lapso de 2018, periodo que cerró en un millón 455 mil 343 vehículos; en el caso específico de los automóviles ligeros, la baja en las ventas fue de 12.3 por ciento.
La baja en las ventas, AMDA las atribuyó a factores como las importaciones indiscriminadas y a la desconfianza y endeudamiento del consumidor mexicano.
De acuerdo a datos de Banco de México, de un rango de 10 créditos bancarios, el automotriz es de 1.74; no obstante, con una tasa promedio ponderada tres veces menor a la tasa de tarjetas de crédito y créditos personales y dos veces menor a la de nómina.
En relación al financiamiento para la adquisición de vehículos nuevos, para agosto de 2019 se asignaron 510 mil 442, lo que representa una disminución de 10.6 por ciento respecto a 2018.
En contraparte, la importación de vehículos usados este año registra un crecimiento de 12.6 respecto al mismos periodo de 2018; de acuerdo a la Administración General de Aduanas, al mes de agosto de 2019 la importación de autos usados fue de 103 mil 063 unidades, lo que equivale al 12.1 por ciento del total de ventas de vehículos nuevos.
Los números en las exportaciones automotrices también son positivos, al registrarse en el último año un superávit del 12.6 por ciento, lo que significó un ingreso de 50 mil 771 millones de dólares de divisas.
En cuanto a la venta de autopartes, las ventas acumuladas al octavo mes de 2019 ascendieron a 875.4 miles de millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 8.8 por ciento al mismo mes de 2018.
y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Guillermo Prieto Treviño y Eduardo Solís -respectivamente-, a través de un comunicado avalado por los Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y de la Industria Nacional de Autopartes (INA).
En contraparte, propusieron colaborar en la construcción de instrumentos regulatorios “que permitan regular los vehículos usados que se encuentran en nuestro país -actualmente ilegales- mediante facilidades administrativas que se pueden elaborar por el Ejecutivo Federal”.
Guillermo Rosales, director de AMDA, por su parte hizo un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador a no ceder a presiones políticas. “Desafortunadamente, estas presiones continúan del lado de políticos, como es el caso del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien está llamando a la regularización de vehículos ilegales”, expuso.
Guillermo Prieto Treviño, presidente de AMDA, expuso que ese tipo de regularizaciones genera una afectación económica no solo para la industria automotriz, sino para el país en general, ya que se podrían generar cierre de agencias de vehículos, disminución en el pago de impuestos -como el ISR (Impuesto Sobre la Renta), el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y el ISAN (Impuesto Sobre Automóviles Nuevos)- y la caída de autos y autopartes, además de impulsar el mercado informal e ilegal, advirtió.
“El senador Monreal nos ha dado una esperanza, nos ha dicho que su intención será la de bajar el artículo; por supuesto, seguiremos trabajando de la mano, con él y con todas las fracciones parlamentarias con los que hemos tenido diálogo, con los aliados de la industria automotriz”, compartió Eduardo Solís Sánchez, presidente de AMIA.
Al respecto, Ricardo Monreal dijo: “Yo soy partidario de escucharlos y soy partidario de que hagamos lo correcto, racional y justamente. No es fácil tener que equilibrar y tener que atender a sectores que se sienten lastimados con la Ley de Ingresos”.
LA PROPUESTA DE BONILLA PARA BC
Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo de Baja California, manifestó su beneplácito por la aprobación de la iniciativa y subrayó que continuará pugnando para que su propuesta en ese rubro sea integrada en el programa de regularización de carros “chocolate”.
La gestión va encaminada a que la regularización se dé conforme los requerimientos de cada región, que en el caso de Baja California llevaría dos años y no ocho meses, indicó Mario Escobedo Carignan, futuro secretario de Economía Sustentable y Turismo en el Estado.
“El 85 por ciento de los delitos que se cometen en automóvil, se cometen en autos que no se han podido identificar, por lo que la propuesta va en el sentido de solucionar problemas de seguridad mediante la aplicación de un censo; este permitirá identificar a los propietarios de aproximadamente 300 mil automóviles irregulares que circulan en esta entidad”.
“Platicamos directamente con el secretario de Comunicaciones del Estado de California, para que el departamento de Vehículos de Estados Unidos pudiese proporcionar la base de datos a la Aduana de México, y así verificar que las placas de los vehículos a legalizar correspondan efectivamente a los vehículos que las portan”.
La propuesta incluye el cumplimiento a leyes ambientales, sujetándolos a programas de verificación “ya sea en Estados Unidos o en Baja California”.
Escobedo Carignan consideró que al menos un 70 por ciento de los automóviles introducidos de manera ilegal al estado no cumplen con las normas ambientales, por lo que consideró necesario darles la oportunidad de que corrijan esas anomalías.
En el aspecto económico, se incluyó reducir hasta un 60 por ciento los costos de importación de vehículos extranjeros, con la eliminación de los precios estimados en ella, y no requerir el certificado de origen del fabricante.
TEMA DIVIDE OPINIONES EN TIJUANA
El dirigente de Canaco Tijuana, Jorge Macías Jiménez, expuso que aunque la iniciativa “se la sacaron de la manga, la regularización para nacionalizar vehículos permitirá acabar con la anarquía que existe en Baja California”, por lo que la apoya, siempre y cuando se regulen las unidades que ya están dentro del país y se termine con la libre importación.
Expuso que el número de automóviles registrados ante Recaudación de Rentas del Estado ha disminuido -en la última década- de un millón a poco más de 900 mil, “lo que indica que ha aumentado el padrón de carros no legales”, anotó el presidente de Canaco Tijuana, Jorge Macías Jiménez.
Respecto al rechazo de la industria automotriz en razón a la medida, indicó: “Las agencias automotrices no quieren que se haga esa regularización; ellos creen que va a hacer mella en su negocio y calculan que sería catastrófico porque bajarían sus ventas. Puede afectarles un poco, pero es un mercado muy diferente el de los carros usados; quien trae un carro ‘chocolate’ no va a comprar un corro nuevo”.
Por su parte, el presidente de Canacintra Tijuana, Francisco Rubio, manifestó un “completo rechazo a abrir la importación de carros ‘chocolate’, porque representa una competencia desleal”. Conminó a las autoridades de los tres niveles de gobierno “a que se pongan a trabajar para sacar de circulación todos estos vehículos”.
Y remató, “quienes quieran traer un vehículo, que compren uno que esté legalmente importado. Y si no tienen para eso, que se pongan a utilizar el transporte público de la ciudad; que utilicen el SITT, por ejemplo”.
