El capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, dio un millón de dólares en sobornos a cambio de protección, al ex diputado hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, hermano de Juan Orlando Hernández Alvarado, actual presidente de Honduras, según lo aseguró el fiscal festadounidense Jason Richman, este miércoles 2 de octubre, ante el juez federal Kevin Castel, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El ex legislador hondureño, de 41 años de edad, fue detenido en un aeropuerto de Miami, Florida, en noviembre de 2018, y está acusado de cuatro delitos de narcotráfico, posesión de armas de fuego y mentir a las autoridades. Lleva casi un año preso en Estados Unidos, donde enfrenta un mínimo de cinco años de cárcel y un máximo de cadena perpetua.
El Gobierno estadounidense aseguró durante la primera audiencia en la Corte, que el acusado, miembro del Congreso de Honduras de 2014 a 2018, estuvo involucrado al menos desde 2004, y durante más de 10 años, en procesar y distribuir cargamentos de cocaína que llegaban a su país en avión, lanchas, y hasta en submarino.
Según Geoffrey Berman, fiscal del Distrito Sur de Manhattan, “Tony” Hernández Alvarado también estuvo involucrado en al menos dos asesinatos de narcotraficantes rivales, entre 2011 y 2013. Asimismo, parte de la cocaína que transportaba era etiquetada con sus iniciales “TH”.
La justicia estadounidense indicó que el dinero de la droga enriqueció al acusado y financió campañas de varios candidatos de su Partido Nacional, incluidas las del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, quien gobernó el país centroamericano del 2010 al 2014.
Según la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan, “Tony” Hernández Alvarado “gastó aproximadamente 1.5 millones de dólares en ganancias de drogas”, para apoyar la campaña presidencial de su hermano, reelecto en unos cuestionados comicios en 2017.
Por su parte, “El Chapo” fue condenado a cadena perpetua, más 30 años de prisión, y el pago de 12 mil 166 millones 191 mil 704 dólares, el pasado miércoles 17 de julio del 2019, por el juez federal estadounidense Brian M. Cogan, en la sala 8D de la Corte del Distrito Este de Nueva York.
