El Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC) se reunió la tarde de este jueves con integrantes de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Diputados, para exponerle sus inquietudes sobre la miscelánea fiscal que acompaña al Paquete Económico 2020, próximo a ser votado en el Congreso de la Unión.
El presidente del CCPBC, Francisco Garate Estrada, comentó a ZETA que se dieron más elementos para que los legisladores reflexionen sobre el porqué no debería aprobarse la modificación al Código Fiscal de la Federación que fincará a los contadores y asesores fiscales la obligación de reportar todo, so pena de ser acreedores a multas de 50 mil pesos hasta 200 millones.
El tema es grave y afectaría a todos los contribuyentes, sobre todo por la discrecionalidad de la información que se quiere que se reporte, afirmó.
Otro punto crucial es la reforma que equipara la defraudación fiscal a delincuencia organizada, observó el contador, quien dijo que si no se modifica el dictamen que recientemente aprobó el Senado, “todos los contribuyentes podemos caer sin querer en ese delito”.
Dijo que se está consciente de que quieren atacar a un sector que se dedica a la compra-venta de facturas para defraudar al fisco, sin embargo, es la minoría.
“Se están haciendo reglas que afectarán a todos los contribuyentes”.
De acuerdo con el calendario previsto, la minuta de miscelánea fiscal y la minuta de Reformas a la Ley Federal de Derechos se aprobaría el 22 de octubre en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por lo que aunque “el tiempo ya es corto”, habrá unos días para analizar más las implicaciones de estas modificaciones.
Durante la reunión, organizada por el diputado morenista Javier Castañeda Pomposo a solicitud del CCPBC, el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías expuso que la intención de Hacienda de tener el control de la operación, de cómo se realizó ésta, recaracterizarla y de determinar cuánto pagarán los contribuyentes contravienen el principio constitucional de legalidad tributaria.
El cual establece que esos elementos no pueden quedar en manos de la autoridad “porque si no ésta en automático cobraría lo más caro a todas las personas”.
El año pasado la autoridad no recaudó nada por la cancelación del sello digital, pero este año reunió casi 700 millones de pesos, de modo que la intención de Hacienda de darse más facultades para cancelarlo tiene un fondo recaudatorio, indicó.
Consideró “grave” que la autoridad –de aprobarse la Miscelánea Fiscal propuesta por Hacienda- quiera cancelar el sello digital si sabe que el contribuyente desocupo un local o si ignora dónde se encuentra éste, además de que se finca la responsabilidad a quien haya hecho una operación con un EDO para que pague el impuesto, a pesar de que el contribuyente cumplido ya lo pagó.
“Hoy en día llega la autoridad, te dice ´vengo a hacer una inspección domiciliar´ levantan un acta sin que dé copia al contribuyente”, y discrecionalmente determina si la empresa tiene la capacidad en cuanto a activos y personal, agregó entre otras observaciones sobre la miscelánea fiscal.
En la reunión, la diputada Adriana Lozano Rodríguez, de Encuentro Social, reconoció que “sin duda” los planteamientos propuestos por Hacienda representan “una situación bastante compleja” para el contribuyente y quienes estamos a favor de la economía del país consideramos que no procedan esas propuestas, porque hay muchas irregularidades dentro del planteamiento.
