Finalmente, sin convocatoria, sin publicidad en el Estado, sin conocer la boleta, ni la pregunta sin metodología científica y sin la participación de los organismos electorales del Estado o la nación, el domingo 13 de octubre de 2019 se realizará en Baja California la “consulta ciudadana” organizada por la representación de Movimiento Regeneración Nacional en el Congreso local para “conocer” la opinión de quienes acudan a “emitir su posicionamiento” respecto a la ampliación de mandato a cinco años con la que pretenden beneficiar al gobernador electo en la llamada “Ley Bonilla”.
En total serán 250 mesas de recepción de opinión con 400 boletas cada una, un máximo de 100 mil boletas contra los 840 mil 486 votos que se sufragaron el 2 de junio de 2019 en un proceso electoral local donde se eligió a un gobernador por dos años. Los diputados de la comisión especial que se instauró para la realización de la “consulta ciudadana”, ni siquiera dieron a conocer la pregunta o preguntas que harán, menos aún la forma en que se realizará.
Hace unos días trascendió un escueto formato con una tendenciosa pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que la gubernatura del Estado deba ser de 5 años para el progreso de Baja California?”, pero la misma no ha sido confirmada por los legisladores.
En una elección, en una consulta popular, en un plebiscito, es común que previo a la celebración, se dé máxima publicidad al hecho que acontecerá, para hacer el llamado a participar por parte de la sociedad, lo que no ha sucedido en este caso. Ni espectaculares, ni anuncios en medios de comunicación, ni campañas sociales, nada. Con lo que se espera que quienes acudan a votar sean precisamente los seguidores del partido Morena, pues sus líderes en el Congreso no solo son quienes organizan la consulta, sino quienes la pagan, imprimen boletas, instalan mobiliario y equipo para la recepción de votos y, por supuesto, quienes procesarán los mismos.
Es un hecho que el resultado será favorable a los cinco años de mandato que pretende Jaime Bonilla Valdez, a pesar que en algún momento de la campaña dijo que no le importaban si eran dos o cinco, que él iba a gobernar, y últimamente defiende que sean cinco, argumentando -cuestión que es falsa- que cuando se registró, la convocatoria era por cinco años.
La realidad es que cuando él presentó su solicitud de registro -no su registro- se encontraba en proceso judicial el análisis de la ampliación de mandato, la convocatoria permanecía en dos años oficialmente, pues no sería cambiada hasta en tanto emitiera sentencia el máximo tribunal electoral, lo cual sucedió el 27 de marzo, cuando determinó que la convocatoria era por dos años. Y fue el día 30 de ese mes cuando finalmente Bonilla obtuvo su registro, es decir, se inscribió en una convocatoria para dos años, como se prueba en una cronología del Instituto Estatal Electoral.
Total, aferrado como es a quedarse cinco años en lugar de los dos para los que fue constitucionalmente electo, el de Morena y sus diputados idearon la “consulta ciudadana” para determinar si los legisladores envían al Gobierno del Estado las reforma al Artículo Octavo Constitucional que amplía el mandato de dos a cinco años.
En la pretensión de demostrar que cuentan con el apoyo de la sociedad en eso de los cinco años se da la “consulta”, pero únicamente están abriendo la posibilidad de que voten 100 mil personas, aunque han dicho que así sean diez, para ellos será válido. Una vez realizada la “consulta”, han “prometido” mandar la reforma para su publicación y que entonces entre en vigor la Ley, pues a la fecha el gobernador electo será por dos años.
A ver, la reforma que aprobó la anterior Legislatura para ampliar el periodo, más de un mes después que la elección a gobernador había sucedido y los electores ya habían decidido por un gobernador de dos años (Jaime Bonilla ganó con 413 mil 123 votos, por cierto, menos de los alcanzados por Francisco Vega de Lamadrid o José Guadalupe Osuna Millán), es un tema que actores, grupos sociales y partidos políticos, e incluso gobiernos como el del Estado y el de la República, quieren impugnar por ser inconstitucional. Pero no lo pueden hacer en tanto la Ley no entre en vigor, y no entra porque no se ha publicado y los diputados por Morena no la han enviado para tales efectos.
Entonces a la inconstitucionalidad de ampliar el mandato de una elección ya votada, los diputados de Morena aprobaron hacer una “consulta ciudadana” fuera de la Ley de Participación Ciudadana de Baja California, para saber si los bajacalifornianos (aunque a lo máximo serán 100 mil) están de acuerdo o no en que envíen la reforma para que se publique y sea una realidad el capricho de los cinco años. Una tras otra, pues.
La del domingo es una consulta con un resultado ya anunciado. Será el sí, ante cualquiera que sea la pregunta para la ampliación de mandato. Un mero trámite legislativo que en realidad es un instrumento político para validar entre pocos, la inconstitucionalidad de una reforma que pretende imperar por el resultado de una elección constitucional.
En la ficha técnica de la “consulta” elaborada por el Congreso del Estado, aun sin clarificar los términos de la pregunta a realizar, justifican que consultarán a los ciudadanos sobre “un proyecto de 5 años conforme a la reforma constitucional o un proyecto de 2 años promoviendo una contrarreforma”, lo cual también es engañoso, pues no sería necesaria una contrarreforma, con abrogar lo aprobado por la pasada administración bastaría. O como dijo el doctor Diego Valadez a ZETA: con no publicarla es suficiente, pues la Ley nunca entraría en vigor y se respetaría la certeza y autenticidad de la elección del 2 de junio de 2019, cuya convocatoria fue para un gobierno de dos años.
Total, que la “consulta” organizada cuatro días antes de celebrarse, será así:
250 mesas instaladas en todo el Estado, 400 boletas por mesa, costo total del desarrollo del ejercicio morenista será de 250 mil pesos, las mesas se ubicarán en los 17 distritos en los cinco municipios, tendrán un presidente, un secretario y un escrutador, todos seleccionados por diputados de Morena, de una convocatoria que emitieron el jueves 10 de octubre, tres días antes.
Los resultados se conocerán al día siguiente (no han dicho cómo ni quién). Los morenist… perdón, los ciudadanos que acudan a “votar” deberán presentar su credencial de elector, proporcionar su nombre y su domicilio. Los recursos para la realización de la consulta saldrán del bolsillo de los diputados morenistas y aliados, así como de “aportaciones” ciudadanas o de la militancia (menos de Bonilla, aclararon, no vaya a ser que se vea irregular o haya un conflicto de interés, y eso ensucie el proceso).
Para quienes quieran ser parte del equipo receptor de los votos en cualquiera de las 250 mesas a instalar el domingo 13 de octubre, lo que tienen que hacer es acudir a cualquiera de los módulos de atención ciudadana de los diputados de Morena y aliados en el distrito que les corresponda, o al Congreso, o escribir un correo electrónico a la diputada Miriam Cano para anotarse.
Y ya, con esa organización hechiza, sin método, sin autoridad electoral, sin boleta oficial foliada, sin saber dónde y cuántas se imprimieron, sin un sistema para determinar participación, sin máxima publicidad, sin funcionarios insaculados ni herramientas a prueba de irregularidades, se realizará la “consulta ciudadana” para validar la pretensión de Morena con la Ley Bonilla, ampliarle a su próximo gobernador en tres años el periodo de dos para el que fue electo.
PD.- Al cierre de esta edición y faltando tres días para la “consulta” del Congreso del Estado hablaban a medios de comunicación para contratar publicidad a botepronto para promocionar su ejercicio.
