El 24 de febrero de 2018, Norberto Romero Saucedo salió temprano de su hogar para comprar una lavadora usada; horas después llegó a la Comandancia Regional Sur “Margarito Saldaña”, golpeado y acusado por una falta que no cometió.
El afectado compartió que, después de adquirir el electrodoméstico, pidió el servicio de un taxi libre; al transitar por el Bulevar El Pacífico, policías municipales los detuvieron para una revisión de rutina. Los oficiales se percataron que el chofer no contaba con su documentación en regla y procedieron a remolcar la unidad.
Romero pidió permiso para que lo dejaran descargar su lavadora y pedir el servicio de otro taxi; los policías se negaron y él optó por documentar en fotografías la detención, lo que causó la molestia de los oficiales (que lo sometieron de inmediato).
Tanto él como el taxista fueron golpeados, detenidos y presentado ante el juez calificador, Dayan Granillo Sánchez, bajo el pretexto de que ambos eran “responsables de haber infringido el bando de referencia, bajo el concepto de faltarles al respeto a los oficiales”. El juez los dejó en libertad el mismo día por no contar con unidades para trasladarlos a la Estancia Municipal, el taxi permaneció tres meses en un corralón y la lavadora se descompuso.
El caso fue archivado por la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana; por esto, el quejoso solicitó una copia de su expediente (folio INV-D-227/2018), pero le cobran más de siete mil pesos por 131 fojas.
Al respecto, la directora de Investigación y Determinación de Sindicatura, María Elena Sánchez Ochoa, comentó que el Artículo 160 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la SSPM establece un año como plazo para integrar las investigaciones contra los policías.
“Si no tenemos suficientes pruebas para acreditar que el policía cometió la falta administrativa, tenemos la obligación de archivar el expediente. Si se acredita que cometió esa falta administrativa, se remite el expediente a la Comisión de Servicio Profesional de Carrera (que asigna la sanción)”, explicó.
Por falta de pruebas el expediente se archivó; al momento de hacer la queja, Romero no presentó evidencias ni el testimonio del taxista que ese día lo acompañaba.
Sobre el cobro de las copias, Sánchez comentó que es un procedimiento normal, regulado por la Ley de Transparencia que determina que, a partir de la foja número 20 de cualquier documento oficial, se debe asignar un costo, cantidad que determina la Ley de Ingresos del Ayuntamiento.
Sánchez compartió que la actual administración recibió dos mil 437 quejas contra policías municipales bajo el concepto de “abuso de autoridad”, pero apenas un 20 por ciento fueron acreditadas y remitidas, ya sea a la Comisión de Servicio Profesional de Carrera o a la Secretaría de Seguridad Pública cuando fueron faltas menores.
