El presidente de Index Zona Costa, Luis Manuel Hernández González, señaló que el sector manufacturero “no ve beneficios fiscales para la inversión” en el Paquete Económico 2020.
“Se esperaba una respuesta medular sobre la compensación universal, se ofreció mucho pero no se dio”, lamentó el líder empresarial al tiempo que consideró como preocupante que este instrumento fiscal haya quedado excluido ante el retraso e incertidumbre de las devoluciones del saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Publicidad
Si bien este sector productivo está de acuerdo con que se quiera fiscalizar más, no lo está en que se fiscalice más a quienes ya están sometidos a ello. En ese sentido, recordó que la industria cuenta con certificaciones en IVA e IEPS, así como dictámenes por el Seguro Social.
“Me parece que necesitan reevaluar lo que está pasando. Tienen 6 mil industrias en el país que generan más del 50% del PIB” y 3 millones de empleos, por lo que el gobierno tendría que analizarlo para que en vez de atacar la consecuencia ataquen la causa”, dijo.
Observó que hay mucho protagonismo sobre el no cumplimiento de ciertos proveedores; un tema que no le compete a la industria, sino a la autoridad ya que tiene los mecanismos necesarios para hacer las correcciones.
Publicidad
Asimismo, se pronunció porque “el Paquete Económico sea como el de los países que queremos ser, como EUA y Canadá, que incluye beneficios y controles”, pues si bien la meta es recaudar también tiene que haber fomento a la inversión para que haya desarrollo y crecimiento.
Sobre la meta de crecimiento de 2.0% del PIB para 2020 – establecida en el Paquete Económico entregado por Hacienda el 8 de septiembre- Hernández González dijo que se tendría que revisar cómo se dará ese incremento, porque en los dos primeros trimestres de 2019 la economía avanzó 0% y en este año tendrían que sentarse las bases para el aumento del próximo.
Derivado del incremento en las regulaciones, previó que la actividad del sector manufacturero se desacelerará en lo que se revisa qué sucederá con la proveeduría. Es probable que disminuya el costo de la producción, lo que pondrá en riesgo las 18 mil vacantes que se tienen en Baja California, agregó.
