Las invitaciones ya se enviaron a distinguidas personalidades, algunas del Partido Acción Nacional y otras de Morena. “Queremos compartir nuestra alegría en familia”, rezan los pases para la fiesta en honor de los novios, pero que también advierte que “No se permiten niños”. Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres se casarán el viernes 20 de septiembre en el Jardín Pakal, en el Centro Cívico de Mexicali. Marina será desposada a días de tomar protesta como presidente municipal de la capital del Estado.
Ella se encargó de llevar su vida privada a lo público cuando a finales de julio presentó públicamente al exdiputado del PAN, Carlos Torres (su prometido), como parte de su equipo de gobierno, en una reunión con el gobernador electo Jaime Bonilla. Torres se encargó de destruir su carrera política al ser coordinador de la bancada panista -en la legislatura recién concluida- que defendió y aplaudió las innumerables votaciones para beneficiar los negocios y atropellos de Francisco “Kiko” Vega, aún gobernador en la entidad. Por cierto, atropellos y corruptelas que han sido señalados precisamente por los integrantes y simpatizantes de Morena. En fin, en el amor y en el hambre política no hay imposibles.
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A propósito, recordar a los invitados -tal como lo pidieron los tórtolos- que sus regalos se pueden comprar en las tiendas Sears y Liverpool por medio de la tienda digital. Ahí, Marina y Carlitos pidieron certificados de regalos, cuatro almohadas (de 650 pesos cada una), cuatro pantallas Samsung (de 13 mil pesos cada una), dos caminadoras de 14 mil pesos, lámparas, licuadoras, cafeteras, y demás artículos para un bello y nuevo hogar. Felicidades.
Morán Rangel, aguantando el despido
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El mismo día que ZETA publicó que el Gobierno del Estado, por medio del Registro Público de la Propiedad, y la empresa beneficiada para construir y operar la desalinizadora habían acordado “eliminar” el embargo que dictó una juez, despidieron a Antonio Rangel Morán, delegado de la dependencia en Tijuana -y quien firmó la partida registral-, como si él solo hubiera realizado tremendo desafío a los mandatos judiciales. Como si no hubiera acatado las instrucciones que le “bajaron” de la oficina del gobernador.
Foto: Archivo
El 22 de marzo de 2018, el predio donde se construiría la desalinizadora de Playas de Rosarito fue embargado. Así lo dictó la juez Décimo Civil a raíz de un juicio interpuesto por el estadounidense Gough Thompson, uno de los socios de EWG Water LLC, la cual forma parte del conglomerado de empresas que recibió el contrato para construir la obra (una asociación público-privada del gobierno de Baja California que compromete pagos durante 37 años por un total de 76 mil 740 millones de pesos).
Los empleados del gobierno aseguran que si alguien conoce los entresijos y trámites en el registro público es Morán Rangel, quien -como buen entendedor de la política- no ha hecho otra cosa más que aguantar que su despido fuera el típico truco del chivo expiatorio.
