El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, día que se conmemoró por primera vez en 2011 y fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas, en virtud de la resolución A/RES/65/209.
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la desaparición forzada es una violación a derechos humanos que consiste en “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas (o grupos de personas) que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
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En México, en el 2017 tuvimos la aprobación y publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, lo que representó un avance legislativo; un reconocimiento de las víctimas y de un problema endémico que está cobrando la vida de miles de personas y la paz de miles de familias; la aceptación de las violaciones a los derechos humanos que se cometen por estos delitos; y un paso adelante -aunque lento y tarde- en el diseño y fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la justicia, y la garantía de otros derechos para las víctimas de desaparición.
De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en el fuero común durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, se registraron 14,857 personas no localizadas. En el Estado de Baja California, se registraron 402 casos.
La CEDHBC investiga actualmente, 10 expedientes de Quejas por violaciones a los derechos humanos por Desaparición Forzada en el Estado.
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En el 2018, hace poco menos de un año, desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California se emitió la Recomendación 08/2018 a la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre el caso de inadecuada procuración de justicia indebida diligencia y violación al derecho humano a la verdad, en agravio de 33 víctimas de desaparición y sus familias. Recomendación paradigmática que fue aceptada por la autoridad señalada y que empujó acciones de prevención importantes, sin que eso signifique que la justicia para todas las víctimas haya llegado al Estado.
Tanto la Recomendación 8/2018 como la Ley en la materia inician reconociendo que “en México, durante los años 60s, 70s y 80s, se implementó una política de Estado para reprimir la oposición y disidencia política, caracterizada por la intervención de las fuerzas militares para desplegar operativos en los que realizaban interrogatorios (mediante el uso de la tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas) a las personas detenidas acusadas de pertenecer a grupos guerrilleros o por sospechas de ello -esto sin ningún mandato judicial- para ser enviadas a cárceles clandestinas. A este periodo ominoso de nuestro país se le reconoce como la etapa de la Guerra Sucia”. Sin que esas víctimas -ni muchas otras, del 2000 a la fecha- hayan recibido justicia.
Pero, ¿de quién son las víctimas de desaparición forzada? Pese a que existe un Día Internacional para su reconocimiento, parece que esas víctimas sólo son de sus familias; de sus madres que les buscan día y noche cavando y rezando, buscando y gritando; de padres que piden que sus hijas no sean olvidadas; de los colectivos y las asociaciones que exigen justicia de diferentes maneras. En algunos casos parece que también son de algunas personas funcionarias públicas, que se comprometen con sus trabajos y las causas que dan sentido a las instituciones obligadas directamente a garantizar los derechos de esas víctimas.
Las víctimas de desaparición forzada no son un tema de otros; son asunto de todas las personas de una sociedad. Son seres humanos que pertenecen a la misma comunidad en la que vivimos y en la que a diario se cometen tantos delitos y violaciones a los derechos humanos que quedan impunes.
Melba Adriana Olvera fue Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. Correo: melbaadriana@hotmail.com
