Suman 547 mil mdp las tres prioridades de AMLO: programas sociales, seguridad y rescate a Pemex. “La autoridad podrá imponer impuestos ilegales, inconstitucionales y abusar de las empresas, suspendiéndolas o clausurándolas, y el contribuyente no podrá hacer nada”: Leonardo Méndez Cervantes, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California
El Paquete Económico 2020 -presentado el 8 de septiembre pasado- plantea un presupuesto a ejercer por 6.059 billones de pesos. Alcanzar esa meta implicará una recaudación histórica, en la que más de la mitad (3.45 billones) saldrá de la bolsa de los ciudadanos.
El incremento del ingreso que tendrá la Federación está fincado en modificaciones fiscales y penales que constituyen un riesgo para los contribuyentes, a quienes pretenden dejar sin herramientas de defensa. Algunas de las nuevas disposiciones contravienen lo establecido en la Constitución. En suma, “llevan al límite a la sociedad, para que bajo amenaza de cárcel” se engrosen las arcas públicas.
Pese al “terrorismo fiscal” que prevalecerá en el país si la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión aprueba esas disposiciones, el Presupuesto de Egresos propuesto por Hacienda no incentiva la inversión, y por lo tanto no generaría mayor crecimiento ni desarrollo económico.
De ahí que especialistas consultados por ZETA consideren que los legisladores deben tomar conciencia del impacto de las medidas y redistribuir el gasto, en aras de que la mayor parte de la población se vea favorecida y no solo quienes reciban algún programa social. Gasto que ha sido considerado como uno de los tres rubros prioritarios por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien -por cierto- el PEF prevé incrementa el salario conforme a la inflación, de 108 mil a 111 mil pesos.
IMPUESTOS A PLATAFORMAS DIGITALES Y VENDEDORES POR CATÁLOGO
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha dicho que la propuesta de miscelánea fiscal que acompaña el Paquete Económico no crea ni aumenta impuestos, sino que solo pretende “eficientizar la recaudación”; sin embargo, las modificaciones a las leyes del IEPS, ISR e IVA pegarán al bolsillo del ciudadano, quien tendrá que desembolsar más por gasolina, refresco y cervezas, entre otros productos.
Así se prevé que, tan solo por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), de la venta de combustibles tendrá un incremento de 8.7%, para sumar 342 mil millones 053.6 mil pesos en 2020, señaló el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.
En cuanto a la captación de IEPS por cerveza y bebidas refrescantes, así como por tabacos, Hacienda obtendrá 86.9 mil millones de pesos, cantidad superior a la del año en curso.
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El cambio en la ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) gravará los servicios de las plataformas digitales, como Uber, DiDi, Netflix, etc. Aunque Herrera descartó una escalada de precios, advirtió -en declaraciones a la prensa nacional- que si las empresas extranjeras no lo estaban pagando, tendrían que asumirlo.
“Si no lo estaban pagando, quiere decir que estaban dando un descuento a costa del fisco; y no es la forma en que se deben hacer los descuentos en la economía”, dijo el funcionario. Así quedó abierta la posibilidad de que las compañías extranjeras incrementen los costos de sus servicios y el usuario termine pagando el gravamen.
Las modificaciones al IVA también obligarán a que las empresas contratantes de servicios de outsourcing retengan y enteren el IVA causado en la contratación de estos servicios. Por otro lado, se elimina definitivamente la compensación universal, abundó Solís Farías. Tema que preocupa a los empresarios, quienes durante este año han tenido problemas de liquidez -ya que pagan IVA, ISR y el IEPS cada mes- pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les está entregando cada saldo a favor del IVA con retrasos, que van de seis a ocho meses en promedio.
La miscelánea fiscal también obliga a quienes rentan inmuebles a pagar ISR y emitir un comprobante fiscal por cada pago que reciban. La propuesta de Hacienda establece que, en los juicios de arrendamiento de inmuebles en donde se obligue al arrendatario a pagar rentas vencidas, el juez no autorizará los pagos al arrendador si éste no acredita haber expedido los comprobantes fiscales digitales (CFDI).
Las nuevas disposiciones también obligarán a las personas que se dedican a las ventas por catálogo -de Avon, Andrea, Price Shoes, entre otras- a expedir comprobantes fiscales a partir de enero próximo y hacer pagos provisionales y totales de IVA, ISR, y de IEPS.
El presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California, Roberto Valero, refirió que -según la Asociación Mexicana de Ventas Directas- hay dos millones 600 mil personas dedicadas a esta actividad; no obstante, previó que el total sea el doble, ya que muchas trabajan en la absoluta informalidad para quienes tienen las membresías de las compañías.
La mayoría son mujeres, muchas de las cuales son madres solteras y jefas de familia que sustentan la economía de su hogar comercializando diversos productos sin tener prestaciones ni servicios de salud. Por lo que, de llevarse a cabo la medida impulsada por Hacienda, estas personas verían mermados sus ingresos.
Recorte a Secretaría del Trabajo no afectará implementación de reforma laboral: Horacio Duarte
Ante la reducción de 33 por ciento del presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el subsecretario de Empleo, Horacio Duarte, descartó afectaciones a la operación de la dependencia y a la implementación de la reforma laboral en el país, una de las condiciones para que Estados Unidos ratifique el T-MEC.
La disminución de recursos “es un ajuste” al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, derivado de que Hacienda en 2018 calculó más recursos de los que requería el programa que hoy cuenta con casi un millón de becarios, justificó el funcionario en entrevista con ZETA.
Según dijo, la disminución de recursos no afecta el programa ordinario de la dependencia, de modo que la implementación de la reforma laboral no está en riesgo. Se empezará a implantar en diez entidades; cinco de ellas son Guanajuato, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Ciudad de México, las cuales agrupan alrededor del 70% de la producción industrial del país. Además, se trabajará con el Poder Judicial para aterrizar las nuevas disposiciones.
El proceso en que los sindicatos están modificando sus estatus y validando sus dirigencias avanza de forma “variopinta”, pues algunos ya iniciaron de manera voluntaria; sin embargo, otros presentaron amparos para evitarlo.
“Tenemos el compromiso del Poder Judicial de que se están centralizando los juicios de amparo en un juzgado para que de esa manera se resuelva en un solo sentido, con un solo criterio jurídico”, afirmó el funcionario, quien destacó la elección de la semana pasada del sindicato de Cemex, en la que los trabajadores ratificaron el contrato colectivo.
En conjunto, dijo, estas medidas “le pegan” a los ciudadanos, al consumidor y tendrán un impacto negativo en la economía.
El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, Leonardo Méndez Cervantes, señaló que otro impuesto que está incrementándose casi en 40% es la retención a los ahorradores.
“Gravar el ahorro implica afectar el patrimonio y castigar a los ahorradores”, lo cual desincentivará esta actividad. En ello coincide Valero, quien advirtió que las personas preferirán ahorrar en dólares aunque tengan el dinero en su casa, con lo que difícilmente aumentaría la inclusión financiera que el gobierno quiere impulsar.
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TERRORISMO FISCAL, LAS PROPUESTAS EN EL CONGRESO
“El secretario de Hacienda dice que no hay terrorismo fiscal, pero todo lo que está inmerso en las propuestas es terrorismo fiscal. En cualquier lugar del mundo se le tipificaría así”, señaló Méndez Cervantes.
En entrevista con este Semanario explicó que la autoridad está planeando una modificación al CFF para incorporar disposiciones que precisan el término de asesor fiscal, considerado como quien ayuda o procura elementos o información, recomendaciones en beneficio del contribuyente; pero en perjuicio del fisco.
“Esa clasificación es peligrosa porque la profesión o la actividad -que puede ser considerada normal en cualquier país del mundo- en México se está penalizando. Entendemos que puede haber malos asesores, pero elevar en los términos que quieren es sumamente riesgoso y preocupante”.
La nueva disposición obligará a los profesionales a darse de alta ante el SAT bajo esa especialidad y decirle a la autoridad qué recomendaciones fiscales está sugiriendo a sus clientes. “Si el Gobierno las juzga adecuadas no pasa nada; pero si las considera prácticas indebidas, entonces el contador, abogado o asesor puede ser acusado penalmente de defraudación”.
Además, los obligará a proporcionar una lista con todos los clientes con quienes está aplicando ciertas estrategias. “Eso coarta los derechos individuales y es contraria a la Constitución”, indicó el especialista.
En tanto, Solís Farías advirtió que mediante la figura de terceros colaboradores alguien podrá ponerle el dedo a un contribuyente, provocando mayor corrupción, pese al discurso de combatirla que ha enarbolado el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por otro lado, expuso que la iniciativa que eleva la defraudación fiscal, la compra-venta de facturas falsas y el contrabando como delincuencia organizada (aprobada en el Senado) hará que un contribuyente permanezca en prisión preventiva durante el tiempo que dure su juicio, contraviniendo el principio de presunción de inocencia. Esto es “una involución, un retroceso”.
Aunado a que el contribuyente podría perder sus bienes al ser sujetos a extinción de dominio, las empresas acusadas de defraudación podrán ser suspendidas, clausuradas e inhabilitadas (de seis meses a seis años) y la “autoridad procesará a todos los dueños por delincuencia organizada, no sólo al administrador único”.
Otro cambio permitirá que el SAT recaracterice la operación de un contribuyente, desconociéndola, y determinando que éste pague por el beneficio fiscal que haya obtenido. La autoridad también podrá impedirle a un contribuyente obtener su FIEL, o cancelarle su certificado de sello digital si el contribuyente no está localizable en el domicilio o teléfono que proporcionó, entre muchos supuestos.
El experto apuntó que -esta semana- el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para evitar que los contribuyentes se amparen. “La autoridad podrá imponer impuestos ilegales, inconstitucionales, y abusar de las empresas, suspendiéndolas o clausurándolas; y el contribuyente no podrá hacer nada”.
Méndez Cervantes comentó que la reforma del legislador morenista pretende que a aquellos que ejerzan el amparo en perjuicio de las arcas, se les condene y se les retire su licencia profesional. “Lo que vemos es que la autoridad está encaminando todo a que nadie le responda”.
Ante este panorama de riesgo -no solo para quienes se dedican a una profesión, sino para todos los contribuyentes- el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que agremia a más de 20 mil contadores en el país-, recopilará planteamientos de cada Colegio en los estados para hacerle saber a las autoridades la gravedad de muchas de las disposiciones.
SECTOR ENERGÉTICO REQUERIRÁ INVERSIÓN PRIVADA
Si bien el gobierno está proponiendo apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex) con 86 mil millones de pesos, 46 mil en capitalización y 40 mil con reducción de su carga fiscal, las empresas energéticas requerirán de inversión privada para cubrir la demanda del mercado interno, indicó el asesor en energía y economía, Ramsés Pech.
Para poder llegar a la meta de mil 951 barriles diarios que establece para 2020 el Paquete Económico, Pemex tendría que destinar 43% del total de su inversión -entre 400 y 500 nuevos pozos el próximo año- y mantener 57% de su inversión para alcanzar la producción estimada al cierre de 2019.
Escenario que resulta complejo, pese a que el secretario de Hacienda anunció que en noviembre próximo habrá una serie de licitaciones en las que participará el sector privado, así como un proceso de capitalización hacia la paraestatal, con el fin de alcanzar la meta de producción en 2020.
“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no tendrá dinero suficiente para la reconversión de plantas de materia prima de costo alto a gas natural, por lo que gran parte de su presupuesto será para mantener la infraestructura actual”.
En cuanto al crecimiento económico estimado, de entre 1.5 y 2.5% -similar al pronosticado para 2019-, Pech dijo que alcanzarlo dependerá del crecimiento de la actividad secundaria (sector industrial, de la construcción, minería) y de más inversiones.
En opinión de Valero, las proyecciones de los Criterios de Política Económica, entre los que se encuentran el crecimiento económico, la mezcla mexicana estimada en 49 dólares y la producción petrolera son optimistas e irreales.
No se tomó en cuenta el impacto que provocará la desaceleración de la economía estadounidense y la recesión de otros países, como Reino Unido y Alemania, ni la baja en la demanda de crudo a nivel mundial. A su juicio, podría no alcanzarse la meta de recaudación petrolera, lo que conlleva un riesgo al alza de que se incremente la deuda.
Un día después de que fuera presentado el Paquete Económico, la agencia calificadora Moody’s consideró que Pemex corre el peligro de convertirse en “ángel caído” ante una posible baja en la calificación de la deuda soberana de México, derivada de un bajo crecimiento a mediano plazo, entre otros factores.
DESTINARÁN 257 MIL MDP A PROGRAMAS SOCIALES
De los 6.059 billones que se ejercerá en 2019 -según las proyecciones de Hacienda-, solo 40% es gasto programable. De éste, 66% se erogará en programas sociales y 28% en desarrollo económico, precisó Pech.
De acuerdo con el PEF, 2020 algunos de los 12 programas sociales de esta administración reportaron incrementos sustanciales, como el de la pensión universal para adultos mayores al que Hacienda le destinó 126.6 mil millones de pesos; 26.5% más que lo asignado en 2019.
A la beca universal para estudiantes de educación media superior se le destinaron 28.9 mil millones de pesos (+67.7%) y el monto de Sembrando Vida ascenderá a 25.1 mmdp, un incremento de 67.5%.
En contraste, al programa Producción para el Bienestar se le recortó prácticamente la mitad, al pasar de nueve mil millones de pesos a 4.7. Mientras que el de Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá una reducción de 35.9%, de 40 a 25 mil 619 millones de pesos.
El gasto total de los programas sociales ascenderá a 257 mil millones de pesos, cantidad superior al segundo rubro prioritario determinado por la administración de AMLO, ya que el presupuesto para seguridad suma 204 mmdp.
En opinión de Valero el presupuesto corresponde a “gobiernos setenteros, devoradores de los ingresos de los contribuyentes, que ha mostrado poca efectividad en el uso de los recursos públicos”.
Méndez Cervantes se pronunció porque el presupuesto tenga equilibrio, ya que un mayor gasto en programas sociales no brinda beneficios equitativamente a la población; su otorgamiento es discrecional y muchas veces obedece a intereses partidistas.
“No estamos en contra de ellos, pero la economía no detonará y no habrá resultados palpables por la mayoría al no haber inversión pública”. En este rubro, el PEF asigna 465 mil 280 millones de pesos, es decir, un recorte de 8.1% respecto a lo destinado en 2019.
Incluso los proyectos de infraestructura emblemáticos -el Tren Maya, el Corredor del Istmo de Tehuantepec, el aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas- presentan una disminución de casi 19 mil 600 millones de pesos.
Por secretarías, las dependencias que tuvieron mayores recortes fueron Sectur (-42%), Presidencia de la República (-41%), Sedatu (-41%), STPS (-33%) y SE (-31%). En contraste, con más incrementos: Sener (+78%), SFP (+62%), Consejería Jurídica (+29%) y Bienestar (+14.93%).
Los aumentos también se observan para el Poder Legislativo, que tiene asignados 13 mil 540 millones de pesos: Cámara de Senadores (cuatro mil 085 mdp) y Cámara de Diputados (siete mil 076 mdp); en total, un incremento de 500 millones de pesos. El Poder Judicial sumará, en 2020, 68 mil 632 mdp, cantidad mayor a los 60.9 mil millones destinados en 2019.
Finalmente, Valero añadió que el ramo 33, de aportaciones para entidades federativas y municipios, tuvo una reducción de -0.3%, lo que impactará negativamente la obra pública. En el rubro de protección social en salud, de -1.7% en términos reales.
Baja California recibirá por aportaciones 19 mil 755 mdp (-3.0%) y por participaciones 28 mil mdp (-0.07%), lo que significa que “va a tener menos recursos que los otorgados hace una década”.
