El gasto que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal hizo al invertir en cámaras corporales, para monitorear el comportamiento de sus oficiales, no ha alcanzado los resultados esperados. El número de quejas ciudadanas por abuso de autoridad no disminuye y existe un déficit de personal que revisa los videos, que emiten día con día los 117 policías que aún portan una cámara.
El gasto de cuatro millones 250 mil 388 pesos que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana hizo en la compra de 212 cámaras corporales -en agosto del 2018- no reflejó los resultados que se prometieron; al contrario, dejó en evidencia la ineficiencia para manejar una estrategia de este tipo por parte de la corporación.
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Rogelio Contreras García, jefe de la unidad de comunicación social de la SSPM, confirmó que con el uso de las cámaras se pretendía coadyuvar durante algún proceso jurídico (tanto con el Ministerio Público como con la autoridad a cargo) para lograr turnar alguna detención, así como detectar algún abuso de autoridad por parte del oficial o una mala actuación por parte del ciudadano.
Explicó que la compra fue con recurso del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) con el que, además de las cámaras, se adquirió un servidor, software, licencias y sistema de almacenamiento en red.
Las 212 cámaras fueron distribuidas de la siguiente manera: 85 unidades para la Policía Turística, 104 para la sección de Tránsito, 8 para asuntos internos, 11 entre mandos y supervisión policial, 2 para informática, 1 en área de escoltas y 1 más para la Policía Comercial. Sin embargo, en la actualidad 80 cámaras están en reparación y 15 han sido extraviadas; por lo tanto, solo están en funciones 117.
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El subdirector técnico de la SSPM, Ariel Moreno Soto, explicó que esta distribución se dio así por órdenes del secretario de Seguridad Pública, Marco Antonio Sotomayor, quien instruyó se revisara con Sindicatura Municipal en cuáles áreas de la ciudad había más quejas por parte de la ciudadanía, resultando con mayor incidencia la Policía Turística y de Tránsito.
“Por eso es que se reparten las cámaras ahí, a esas dos áreas, con esos dos objetivos: número uno, fortalecer la actuación policial, y [número dos] luego también ver que, si había una queja, esta estuviera acompañada de una videograbación para que de ahí pudiéramos hacer un análisis”, indicó Moreno Soto.
SSPM y Sindicatura sin ponerse de acuerdo con el número de quejas
Al momento de solicitar información con respecto al número de quejas y denuncias por parte de la ciudadanía contra estas dos secciones de la policía, los datos proporcionados entre la SSPM y Sindicatura no coincidieron.
Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el coordinador de Inspección Interna, Ángel González Cárdenas, indicó que en lo que llevan del periodo septiembre 2018 a julio del 2019, Sindicatura Municipal les compartió que existen siete procedimientos en contra de elementos de Policía de Tránsito y Turística; mientras que entre 2017 y 2018, cuando aún no había cámaras, fueron ocho procedimientos.
De los siete procedimientos existentes durante el último año, González Cárdenas no tiene conocimiento de en cuáles se han pedido revisar las cámaras corporales, puesto que -refirió- Sindicatura no les da información acerca de cuáles tiene en investigación.
“Tenemos (en Inspección Interna) en Tránsito y Turística, en lo que va de este año, un aproximado de 120 quejas general, 54 son de elementos de Tránsito y Turística, tanto faltas leves, faltas graves y quejas ciudadanas”, indicó el coordinador González Cárdenas, con respecto a las quejas que se reciben directamente en la secretaría y con la que, por su parte, revisan las cámaras corporales para confirmar los hechos.
En el caso de las faltas graves, mencionó que se integra la información y se vincula al área de Sindicatura; pero no logró confirmar si alguno de los siete casos que están en procedimiento fue vinculado por su área, aun cuando indicó -en entrevista para ZETA– que sí han detectado faltas graves. Con respecto a las faltas leves, en lo que va del año se han registrado 256 casos.
Sin embargo, a pesar de lo dicho por parte de la SSPM, la directora de Investigación y Determinación de la Sindicatura Procuradora Municipal, María Elena Sánchez Ochoa, informó que entre 2018 y 2019 se registraron aproximadamente 15 quejas contra elementos de estas secciones (de las cuales 10 fueron archivadas, por falta de pruebas, y las otras 8 se encuentran en proceso de investigación y una fue remitida a la SSPM).
A partir de la denuncia del ciudadano, la Sindicatura tiene un año para investigar la falta administrativa, recabando distintas pruebas como declaraciones testimoniales y videos de cámaras corporales, si el denunciante menciona que el oficial tenía una; de igual manera, solicitan revisar los videos del C2 e informes de autoridad.
En general, el motivo de estas denuncias es por detenciones ilegales, por ingresar a domicilios sin autorización o por ocasionar lesiones al momento de la detención. “El hecho de que nosotros hubiéramos recabado o solicitado -a través de algún informe- contenido de esos videos, no quiere decir que esté relacionado con Tránsito o Turística; porque desconozco cuál sea la mecánica de la SSPM para otorgar estas cámaras, pero nos basamos con el dicho del ciudadano”, aclaró Sánchez Ochoa, compartiendo que solo en aproximadamente tres casos han solicitado estos videos.
Ante la pregunta expresa sobre si conocía el límite de tiempo para solicitar como evidencia el contenido de un video, mencionó que no existe algún limite; pero la SSPM tiene un tiempo de hasta 30 días, ya que después de esa fecha los videos son eliminados.
Solo analizan el 10 por ciento del total de videos
Otra de las problemáticas que se detectó en esta estrategia implementada por la SSPM, es la forma de monitorear los videos que se han documentado a través de las cámaras corporales; solamente siete personas están capacitadas para hacer el análisis de los mismos, por lo que solo revisan -al mes- el 10 por ciento de los videos de las 117 cámaras que siguen activas.
“Definitivamente no tenemos el tiempo ni el personal para estar revisando video por video, entonces, se instruyó en la orden general de operación que se tiene que hacer un análisis del 10 por ciento de los videos”, detalló el subdirector técnico de la SSPM, Ariel Moreno Soto.
La forma en que se revisa tiene distintas variables (que por cuestiones operativas prefirió omitir), compartiendo que, a pesar del porcentaje que se revisa, es como han detectado las 256 faltas leves que desembocaron en correctivos disciplinarios, que van desde exhortos hasta amonestaciones por escrito.
“Desgraciadamente, a los policías no nos gusta que nos interroguen ni que nos investiguen, y tenemos cierta resistencia; entonces, esa resistencia ha sido un problema para nosotros, para que el policía sienta esa cámara como un refuerzo para su actuación policial, lejos de pensar que es para una supervisión o una auditoria que está realizando”, puntualizó Moreno Soto.
