A más tardar en octubre, tres magistrados recibirán el primer pago por concepto del haber de retiro, cuyo reglamento ya fue publicado en el Boletín Judicial y a partir de hoy viernes 6 de septiembre estaría haciéndose lo propio en el Diario Oficial del Estado; ninguno de ellos aportó un solo peso. Para diciembre de 2020, otros tres magistrados se beneficiarían de 12 años de pensión, erogando entre 120 mil y 150 mil pesos cada uno. El diputado Juan Manuel Molina y el abogado Víctor Hugo Medina reclaman que el Congreso anterior cometió un abuso y no debería permitirse un haber de retiro en esas condiciones
La tarde del viernes 30 de agosto, el secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz, fue interrogado por el diputado Juan Manuel Molina sobre la viabilidad financiera de un haber de retiro para magistrados del Poder Judicial de Baja California; su respuesta fue de rechazo.
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“Nosotros emitimos un dictamen de no suficiencia financiera, dijimos que no, quien emitió un dictamen favorable fue el Congreso”, comentó el funcionario estatal durante su comparecencia.
Pese a ello, la XXII Legislatura aprobó las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado que permitían la creación de un haber de retiro y se otorgó el permiso para realizar un reglamento que establecería una serie de disposiciones de aportación, beneficios y otros conceptos.
El documento consta de 20 artículos y siete transitorios, y establece de manera general la forma de operación del fideicomiso creado desde 2011, cuando la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) era María Esther Rentería Ibarra y el gobernador del Baja California, José Guadalupe Osuna Millán.
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Casi nueve años después, el fideicomiso comenzará a pagarse a tres magistrados en retiro: Emilio Castellanos Luján, Félix Herrera y Raúl González Arias, a más tardar en octubre, según las estimaciones del titular del TSJE, Salvador Ortiz Morales, quien aseguró, se trata de un beneficio avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que sus compañeros merecen por los años de servicio prestados a la institución.
Para el diputado Juan Manuel Molina García y el presidente del Colegio de Abogados en Pro de la Excelencia Jurídica, Víctor Hugo Medina, se trata de un acto condenable por el hecho de que durante sus 20 o 30 años de servicios, algunos de ellos no aportaron un centavo, pese a que sus percepciones mensuales alcanzan los 107 mil pesos.
El litigante expuso que con esos montos pudieron contratar servicios de Administradoras de Fondo para el Retiro (Afore) o aportar directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, y no solicitar que la ciudadanía reciba una carga de 62 mil pesos mensuales para cada magistrado.
Agregó que un trabajador común cotiza durante 30 años para hacerse acreedor a una jubilación de 5 mil pesos al mes, mientras que los jueces supremos del Estado recibirían más de 8 millones de pesos en 12 años, sin haber aportado lo mínimo indispensable.
REGLAMENTO “A MODO”
El viernes 30 de agosto, el Poder Judicial dejó ver en su boletín interno el reglamento del haber de retiro para magistrados. El documento de once páginas fue entregado al Poder Ejecutivo el 4 de septiembre para que se hiciera lo propio en el Diario Oficial del Estado, con el objetivo definir los criterios de administración y aportación de los jueces supremos del Estado, al fideicomiso con la empresa CitiBanamex.
Juan Manuel Molina y Catalino Zavala
En el contrato 140898 -en poder de ZETA-, se indica que el fideicomiso se creó el 11 de febrero de 2011, con fondos del Poder Ejecutivo -15 millones de pesos- para iniciar operaciones, y cada año se han otorgado 5 millones más del mismo recurso público; durante todo este tiempo, los magistrados no aportaron un solo peso de su sueldo a la cuenta bancaria.
Actualmente la bolsa es de más de 60 millones de pesos, aseguró el magistrado Salvador Ortiz Morales, quien -según el estudio actuarial realizado por el Poder Judicial- tendría suficiente recurso para emprender los pagos, pues el esquema se definió de manera responsable.
El documento público emanado del Artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que este recurso será manejado por un Comité Técnico conformado por:
* El presidente del Consejo de la Judicatura.
* Un magistrado de salas civiles.
* Un magistrado de salas penales.
* Un integrante no jurisdiccional del Consejo de la Judicatura.
* El oficial mayor del Consejo
* El jefe de Departamento en Programación y Presupuesto.
Entre los puntos que causaron preocupación en el diputado Molina, se encuentra el Artículo 4, donde establece que las aportaciones serán máximo del 10 por ciento del salario del magistrado, lo que abre la posibilidad para que los beneficiados del haber de retiro, puedan solicitar una reducción de sus retenciones y aun así ser acreedores a la misma pensión, pues no se definen criterios específicos respecto a en qué casos podría ocurrir.
Ortiz Morales dejó abierta la posibilidad de una reducción de aportaciones, siempre y cuando exista un superávit en el fideicomiso, pero de momento, todos aportarán el 10%.
Otro tema se define en el Artículo 9, donde la percepción mensual para magistrados en retiro será igual que la de un juez de Primera Instancia, lo que quiere decir que en caso de aumentar su sueldo, los magistrados también reciban este beneficio. Es decir, prácticamente una jubilación dinámica.
El Artículo 6 también señala que los estudios actuariales serán anuales y correrán por cuenta del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado, y solo por una vez, dichos trabajos -que tuvieron un costo de 150 mil pesos- se cubrieron por el propio fideicomiso.
No conforme con ello, las modificaciones al reglamento correrán por cuenta exclusivamente del Consejo de la Judicatura, con dos terceras partes de sus participantes, por lo que tendrán el poder absoluto en el manejo del recurso y sus disposiciones.
Para Juan Manuel Molina, el Poder Judicial y el Congreso pasado “pactaron” para beneficiarse mutuamente, pues los primeros querían un haber de retiro laxo que les permitiera a ellos mismos manejar el fondo, mientras que los diputados pidieron posiciones dentro del mismo TSJE.
Molina García comentó que la política de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es de austeridad y terminar con los privilegios de la alta burocracia, por lo que evaluarán las disposiciones establecidas en el Decreto 334, que dio vida al haber de retiro, para ver si pueden hacer algunos ajustes.
Agregó que revisarán los movimientos del fideicomiso, máxime porque -según su dicho- este quedó extinto en 2016, de acuerdo al propio contrato. Por lo tanto, el recurso ya no puede ser utilizado para este concepto, y en cambio, debería devolverse íntegro a las arcas del Poder Judicial.
El magistrado presidente refutó este señalamiento asegurando que si bien esta información está definida claramente en el contrato, tuvieron la posibilidad de acordar dos ampliaciones con la empresa bancaria, por lo que no tendrán problemas para la utilización del mismo, tal y como lo hicieron con el estudio actuarial que fue cubierto con el mismo fideicomiso.
EL HABER DE RETIRO EN NÚMEROS
El estudio actuarial realizado por el Poder Judicial contempló 65 millones de pesos para emprender el retiro de haber, que comenzará con los pagos a más tardar en octubre.
Desde este momento ya son tres los magistrados beneficiados: Emilio Castellanos Luján, Raúl González Arias y Félix Herrera. Sin embargo, podría agregarse el ex magistrado Sergio Peñuelas.
Los primeros tres referidos recibirán 62 mil pesos mensuales sin haber aportado absolutamente nada; el recurso se les entregará cada quincena junto con los jueces de Primera Instancia.
Emilio, Raúl y Félix, serán mantenidos por los bajacalifornianos durante los próximos 12 años, percibiendo salarios anuales de aproximadamente 744 mil pesos. En el mismo sentido, de vivir hasta los 82 años, habrían obtenido 8 millones 928 mil pesos.
En un año, a los tres se les habrían pagado 2 millones 232 mil pesos, mientras que las aportaciones de los 17 magistrados alcanzarían los 2 millones 188 mil 124 pesos en el mismo periodo.
Para diciembre de 2020, los magistrados Víctor Vázquez, Marco Antonio Jiménez Carrillo y María Esther Rentería Ibarra habrían cumplido los 70 años de edad y con ello concluye su carrera jurisdiccional.
En caso de aportar solo el 10% de su salario de ahora hasta la fecha de su retiro, habrían aportado de 120 mil a 150 mil pesos. Sin embargo, aun así serían acreedores a más de 8 millones de pesos en 12 años.
Esto quiere decir que a partir de enero de 2021 se tendrían que destinar 4 millones 464 mil pesos anuales -pues habría otros tres magistrados retirados que ya no aportarían a la bolsa-, pero el ingreso al fideicomiso continuaría siendo de 2 millones 188 mil 124 pesos, por la retención del 10% del salario de cada magistrado.
A esto se deben agregar diversos conceptos bancarios aún no definidos, además de establecer si el Poder Ejecutivo continuará otorgando los 5 millones de pesos anuales para su funcionamiento.
RECHAZO TAJANTE A ESTE HABER DE RETIRO: ABOGADO
El presidente del Colegio de Abogados en Pro de la Excelencia Jurídica, Víctor Hugo Medina, fue claro al decir que los actuales magistrados no merecen un haber de retiro por el simple hecho de que no aportaron un peso para ello.
En su opinión, un trabajador común no cuenta con estos beneficios, por lo que desde su trinchera buscarán determinar si existe alguna herramienta legal para dar marcha atrás al reglamento y a la reforma.
Comentó que al final todo será pagado por el erario de una u otra forma, pues el recurso con el que se activó el fideicomiso terminó siendo dinero de los bajacalifornianos que fácilmente pudo destinarse al beneficio social, como la creación de salas civiles, centros de convivencia y otras urgencias del Poder Judicial, donde la situación es verdaderamente crítica.
Asimismo, condenó que los jueces supremos del Estado pusieran su beneficio por encima del colectivo y recriminó que dejaron a juzgadores y funcionarios fuera de este sistema de jubilación.
“Está bien que hagan el reglamento, pero que lo hagan con la gente de nuevo ingreso, que hagan aportación y tengan ese derecho, no los que ya tienen años y no han hecho ninguna aportación”, dijo el jurista, quien agregó que cuando los actuales magistrados ocuparon el cargo, sabían perfectamente que no tendrían ese beneficio, por lo que debieron ser previsores.
Molina sugirió que antes de buscar regulación para jubilar a magistrados, el Congreso del Estado debe hacer algo por los policías, sobre todo ministeriales y estatales, quienes en verdad se encuentran en una situación de abandono y no cuentan con sueldos exorbitantes.
De igual forma, aseguró que podría buscar una controversia constitucional para echar atrás el reglamento, pero será un tema a analizar con su bancada.
JUECES, UNA ENORME BOLA DE NIEVE
Algo que preocupa al Poder Judicial -y debería preocupar a todo el Estado- es la situación legal de los jueces. Salvador Ortiz Morales, presidente del TSJE, exhortó al Congreso del Estado a trabajar en conjunto para definir una estrategia que beneficie a sus compañeros.
A raíz de una sentencia emitida por el Octavo Juzgado de Distrito con sede en Ensenada, derivada del amparo 420/2017, el Poder Legislativo está obligado a legislar para un haber de retiro de jueces, cuya sentencia debió causar ejecutoria el 4 de septiembre.
Juan Manuel Molina, presidente de la Comisión de Gobernación y principal responsable del tema, aseguró que se trata de un grave problema que dejó en rezago la anterior Legislatura, que debió encargarse del tema, pero simplemente ignoró.
El diputado morenista comentó que actualmente trabajan en ello y han solicitado prórrogas al Poder Judicial federal por cuestiones meramente técnicas y de capacidad temporal, pero el tema tiene que salir de manera urgente.
Por su parte, Ortiz Morales detalló que 96 jueces conforman el aparato judicial en la entidad, los cuales se beneficiaron con este amparo que tuvo alcances generales. Sin embargo, no se cuenta con un solo peso para beneficiarlos.
El magistrado presidente indicó que no pueden incluirse en este fideicomiso, pues es explícitamente para la jubilación de magistrados, por lo que deberán solicitar un nuevo fondo.
Se contempla que para 2022, más de veinte jueces lleguen a la edad de retiro, quienes tendrían el derecho a exigir el derecho reconocido por la justicia federal.
