Los pozos del Cañón de Doña Petra, las plantas desalinizadoras y el flujo inverso no han rendido al máximo. La CESPE elaboró el plan maestro 2018-2036 que fija las prioridades en cuanto a inversión, por el orden de 10.6 mil millones de pesos
La crisis del agua en el municipio de Ensenada no ha sido superada y se encuentra latente, debido a que las obras realizadas en la presente administración estatal resultaron insuficientes para garantizar el abastecimiento al total de la población, las 24 horas del día, además de no asegurar el suministro en el corto plazo.
Entre los proyectos fallidos, inconclusos y con retrasos, se cuentan los pozos del Cañón de Doña Petra, las plantas desalinizadoras en la ciudad y San Quintín (Kenton), el flujo inverso, una Asociación Público Privada (APP) para reponer tuberías en la ciudad, el acueducto de aguas tratadas para el Valle de Guadalupe y el Plan Estatal Hídrico.
A pesar que entre cuatro y cinco años antes, el volumen de agua disponible para la ciudad era menor a los 700 litros por segundo (lps) y que a la fecha se alcanzan casi los mil litros por segundo -lo que ha permitido dotar de agua a unos 130 mil habitantes más, de acuerdo con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, CESPE-, actualmente la cobertura es del 95 por ciento de los hogares en la ciudad.
Debido a la demanda y para evitar de nuevo el desabasto, en los próximos dos años se plantea activar la segunda etapa la planta desalinizadora, calculó el director de la CESPE, Carlos Loyola.
Las cifras oficiales arrojan que, de abastecimiento diario promedio de 17 horas en 2015, en 2019 ya hay agua durante 22 horas. En algunas zonas se reduce a 20 horas, donde antes el servicio se tenía durante 10 horas. Sin embargo, en la zona sur el panorama es caótico.
Actualmente la ciudad se abastece de las siguientes fuentes: Maneadero, 240 lps; Chapultepec, 70 lps; ciudad, 20 lps; planta desalinizadora, 250 lps; planta potabilizadora (con cuatro meses en operación, 40 lps; La Misión, 240 lps; flujo inverso, 130 lps. El Valle de Guadalupe tiene una capacidad de 25 lps que se destinan para esa zona.
PROYECTOS Y OBRAS INSUFICIENTES
En febrero de 2014, el entonces director de la CESPE, Arturo Alvarado, anunció la perforación de pozos en el Cañón de Doña Petra con una inversión de 25 millones de pesos, con lo que se acabarían los tandeos.
Los pozos fueron inaugurados en junio del mismo año, con un volumen de 117 litros por segundo. Sin embargo, meses después apenas aportaban 6.6 litros por segundo. Actualmente no figuran en la lista de fuentes.
Después de por lo menos cuatro retrasos en la fecha de operación y con una inversión por el orden de los 155 millones de pesos, 60 más de lo previsto en un inicio, a finales de 2015 se puso en marcha el flujo inverso. Con una capacidad para enviar 300 litros de agua por segundo, actualmente aporta 130 litros a Ensenada.
En 2016, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) lanzó la convocatoria de APP 009/2016 bajo concurso SIDUE-CESPE-APP-2016-009, para realizar el proyecto “Obras Necesarias a Fin de Modernizar el Sistema de Distribución de Agua Potable en la Cabecera Municipal de Ensenada, Baja California”.
La empresa ganadora invertiría 321 millones 116 mil 588 pesos con 88 centavos, sin Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, obteniendo una contraprestación mensual de 4 millones 50 mil 974 pesos con 62 centavos sin IVA, lo que costaría a la CESPE más de 800 millones de pesos en un periodo de 15 años. El proyecto se desechó por no ser viable para la paraestatal.
Sin contar con los permisos ambientales, en marzo de 2016 se dio el arranque simbólico de la construcción de la desaladora Kenton en la zona conocida como “La Chorera”, en San Quintín. La obra tiene una inversión programada por el orden de los 875 millones de pesos, un contrato a 27 años bajo el esquema APP, con una producción de 250 litros por segundo. Formalmente las obras no han iniciado, a tres meses de finalizar la actual administración estatal.
En los primeros meses de 2018, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana adjudicó a la empresa Odis Asversa el contrato para el “Diseño, Construcción, Equipamiento y Operación del Sistema de Conducción de Agua Recuperada para el Valle de Guadalupe en el Municipio de Ensenada” por mil 544 millones de pesos.
En octubre del mismo año se firmó el documento entre gobierno estatal y la empresa de origen israelí. A la fecha los vitivinicultores no han firmado con la compañía, debido a diferencias en el precio del agua.
A finales del año pasado, con casi 20 meses de retraso y un costo mayor a 882.4 millones de pesos -310 millones más que lo proyectado en un inicio- la planta desalinizadora de Ensenada comenzó a operar. Provee 250 litros por segundo, con la posibilidad de aumentar hasta 500 litros por segundo en una segunda, sin que se tenga fecha para ponerla en marcha. Aun sin operar, fue inaugurada en junio de 2018 por el entonces Presidente de México, Enrique Peña Nieto.
CAOS EN EL SUR DEL MUNICIPIO
En las delegaciones del sur del municipio, como Camalú, Punta Colonet y San Quintín, la CESPE provee de agua a sus habitantes cada tres o cuatro semanas, solamente durante un día, relataron habitantes de aquellas delegaciones.
El agua llega directamente a la pila y desde ahí se bombea (generando mayor consumo de electricidad) a las casas para las necesidades básicas, como lavar trastes, utilizar el sanitario y bañarse. El líquido que alcanza a caer en las pilas dura aproximadamente dos semanas.
Una vez que el agua de la pila se agota, los habitantes deben comprarla a las pipas de la propia CESPE a un precio mucho mayor, entre 12 y 30 pesos el tibor de 200 litros, aunque los repartidores dan prioridad a quienes llenan sus pilas.
Entre Camalú y San Quintín se calculan unas 80 colonias sin redes de agua, muchas de estas irregulares, mientras que en Colonet son tres las carentes de tubería.
Sobre la desalinizadora Kenton, Carlos Loyola comentó que falta un ejidatario por cerrar el trato para instalar las líneas por su terreno, y reconoció que la empresa ha tenido problemas desde el punto de vista normativo, aunque ya cuenta con la línea de crédito. En su opinión, la solución al problema del agua en la zona sur es desalinizar el agua de mar.
SE INCUMPLE CON DERECHO AL AGUA: ESTUDIO DE UABC
En Ensenada la calidad no siempre es la adecuada al excederse de sólidos disueltos totales y, al no ser de calidad potable, no se cumple el derecho al agua -incluido en el Artículo 4 de la Constitución-, de acuerdo con la doctora Mariana Villada Canela, investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Campus Ensenada.
En coordinación con Vanessa Elizabeth García Searcy, una de sus alumnas de maestría cuyo trabajo estaba enfocado en el tema de manejo de ecosistemas de zonas áridas, Villada desarrolló durante dos años el estudio “Implicaciones del Derecho Humano al Agua en la Gestión de Recursos Hídricos en Baja California”.
Para ambas, el derecho humano al agua implica disponer de suficiente recurso, que sea salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Sin embargo, no todas las personas tienen la misma capacidad de acceder al agua.
Sobre este tema, Loyola reconoció que la calidad del agua en Ensenada varía de la fuente. Actualmente la fuente con peor calidad (mayor salinidad) es la del ex Ejido Chapultepec.
PLANTEA INVERSIÓN DE 10.6 MIL MILLONES DE PESOS
Ante tal panorama, la CESPE elaboró el Plan Maestro 2018-2036 que contempla la necesidad de invertir 10.6 mil millones de pesos en los siguientes 18 años, en nuevas fuentes, reposición de redes, colectores de aguas residuales y plantas de tratamiento.
El plan, con un costo de 9 millones de pesos -50% aportado por la Comisión Nacional del Agua-, incluye el diagnóstico, demanda, infraestructura y modelo financiero; es considerado por el titular de la paraestatal como clave para elevar la calidad del servicio.
Pese a tener identificada la problemática, al final de esta administración no se realizará ninguna inversión, en cambio, el plan será entregado a la siguiente administración estatal que encabezará el morenista Jaime Bonilla Valdez, buscando ofrecer un panorama real de la situación que enfrentan la CESPE y la ciudad en materia hídrica, pero sin la garantía de ser atendido.
La primera medida a tomar para hacer más eficiente el servicio de la CESPE, declaró en entrevista el ingeniero Loyola, “es tener una política tarifaria que logre la autosuficiencia operativa”.
Para el funcionario estatal, no es posible que más del 70% del agua en Ensenada tenga una tarifa por debajo del costo, lo que provoca pérdidas en cada metro cúbico. La tarifa doméstica actual ronda los 19 pesos en promedio, mientras que el costo promedio por metro cúbico alcanza los 32 pesos.
El siguiente paso sería revisar la factibilidad de las inversiones proyectadas, para lo cual abrió la posibilidad de hacerlo bajo un esquema mixto, adecuado y transparente, con inversión privada, sin descartar la inversión pública.
De acuerdo con el diagnóstico, la ciudad de Ensenada tiene unos 400 mil habitantes en la zona urbana y más de medio millón en el municipio.
En octubre de 2018 se llegaron a tener 800 fugas en la red y casi mil en marcos de medidor. En junio de 2019 fueron 170 fugas reportadas.
En cuanto a llamadas por falta de agua, en 2015 fueron 3 mil 741 reportes mensuales, es decir, casi 45 mil llamadas en el año. Tres años después, el número se redujo a mil 67 reportes mensuales, 12 mil al año, mientras que en 2019 el promedio está en 340 llamadas mensuales.
Sin embargo, aproximadamente el 40% de las redes de agua en la ciudad se encuentra en malas condiciones, con una vida útil cercana a los 40 años, provocando que la paraestatal opere “prácticamente de forma manual, no tenemos automatización”. Dicha automatización, declaró Loyola, “ahorraría recursos en personal, gasolina y unidades, lo que permitiría invertir en eficiencia y disminuir el costo operativo”.
La CESPE cuenta con una cartera de aproximadamente 145 mil clientes; en 2036 se proyecta alcanzar las 270 mil cuentas, casi el doble de lo actual. Ello provocará aumentar la demanda actual de un metro cúbico por segundo a entre 2.7 y 3 metros cúbicos por segundo.
Para poder hacer frente a esa situación, además del aumento a la tarifa se incluye la necesidad de reponer líneas de conducción, fuentes, acueductos, red de alcantarillado y plantas de tratamiento.
Tan solo para operar eficientemente el acueducto de Maneadero se calcula una inversión de 411 millones de pesos; otro acueducto al que urge invertirle es el Morelos, desde San Antonio de las Minas hasta los tanques.
Para la zona urbana, para los próximos años se plantea activar la segunda fase de la planta desalinizadora (hasta alcanzar los 500 lps), después construir otra planta al norte del municipio, entre El Sauzal y La Misión, por la Carretera Libre, donde la CESPE tiene identificada una enorme cantidad de tierra susceptible de desarrollo en la que el principal inhibidor es el agua.
“Después de esa desalinizadora en el norte ya no me atrevo a decir cuál sería la siguiente obra, pudiera ser el acueducto Tanamá-Ensenada o una tercera desalinizadora”, analizó el titular de la CESPE.
Por último, el apartado del modelo financiero se considera como la herramienta para la toma de decisiones en cuanto a políticas tarifarias y de administración, orientada a generar las condiciones de inversión entre los diversos órdenes de gobierno.
La visión de este modelo es que la CESPE pueda tener una operación sostenida y eficiente, que en un momento dado los recursos de gobierno se vayan a inversión y no operación, como sucede actualmente.
Ejemplificó con la incapacidad de pagar el agua desalinizada debido a la no aprobación del aumento a la tarifa por parte de los diputados locales. Al final de este año se calcula que el gobierno estatal aportará unos 170 millones de pesos para el pago de dicha agua, cuando lo ideal hubiera sido invertirlo en infraestructura, explicó.
El costo de operación actual de la CESPE se estima en 760 millones de pesos, con un monto global de 840 millones, tomando en cuenta los pasivos con la Comisión Nacional del Agua e Issstecali, entre otros; genera ingresos por 600 millones de pesos y, a la par, enfrenta una deuda por el orden de los mil millones de pesos.
