A Copemsa Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro no solo le concedió obtener el 60% de un negocio cuyos ingresos se estiman en 200 millones de pesos anuales, también facultó a la firma a quedarse con el 100% del cobro por el retiro de los inmovilizadores que se colocan a los vehículos. El contrato no establece periodo de cumplimiento ni la operación óptima del servicio por parte de la empresa, pero sí la aplicación de una multa de 30 millones de pesos si el Ayuntamiento de Tijuana intenta revocar o modificar el convenio, además el pago de la inversión inicial de la compañía: 300 millones de pesos
El contrato que pactó Juan Manuel Gastélum Buenrostro con Compensa Tijuana, SA de CV, propiedad de los hermanos Jacobo, Jorge y Mariano Martínez Ramos, no establece fechas de cumplimiento ni las condiciones que garanticen una óptima operación y administración del bien público concesionado, como lo es la explotación del servicio de estacionamiento público.
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Lo que el gobierno del “Patas” Gastélum sí dejó muy claro en el convenio de 34 cláusulas que firmó tres días después de su derrota en las elecciones del 2 de junio, fue la penalidad de 30 millones de pesos a la que se hace acreedor el Ayuntamiento de Tijuana si intenta revocar o realizar cualquier modificación al convenio.
En el mismo, el panista otorgó a la concesionaria el negocio adicional que representa la colocación de los inmovilizadores a quienes incumplan con el pago correspondiente por el uso de espacios administrados por parquímetros, nuevo derecho autorizado a un costo de 506.94 pesos, cantidad que quedará en forma íntegra en manos de Copemsa Tijuana, empresa constituida el 25 de julio de 2018 en Tula de Allende, Estado de Hidalgo.
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Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
“¿Para quién trabaja el presidente municipal? ¿Es gerente de Copemsa? ¿Le pasaron una comisión? ¿De qué tamaño es el ‘moche’ para que estén haciendo este contrato leonino?”, cuestionó el regidor Manuel Rodríguez Monárrez.
Al no ser presentado al Cabildo para su análisis, el edil tuvo que obtener vía transparencia el contrato de concesión celebrado el 5 de junio de 2019, el cual tendrá una vigencia de 15 años, periodo durante el cual se estima que la empresa captará 3 mil millones de pesos, de los que solo reportará el 40 por ciento a las arcas del Ayuntamiento de Tijuana.
RÚBRICA DE GASTÉLUM EN CONTRATO
El fallo de la licitación por invitación restringida a favor de Copemsa Tijuana, SA de CV se llevó a cabo el 12 de abril de 2019, cuando Eduardo Alejandro Terreros Martínez se encontraba en funciones como alcalde suplente.
De acuerdo a la Ley de Adquisiciones, el convenio debió firmarse en un plazo no mayor de 20 días naturales de emitido el fallo, pero el presidente municipal suplente se negó a firmar ese convenio.
No fue hasta un día después que “El Patas” diera por terminada la licencia solicitada para abocarse a su malograda campaña en busca de la reelección, el 5 de junio, cuando se firmó el contrato, siendo este el único convenio concedido por el XXII Ayuntamiento de Tijuana en el que aparece la rúbrica de Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
Al margen y al calce del documento aparecen las firmas de la oficial mayor, María de los Ángeles Olague Contreras; el tesorero municipal Ricardo Chavarría Morales; el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Everardo Lona López; y el apoderado de la empresa, Mauricio Ramsés Gómez Roquero.
Para Manuel Rodríguez Monárrez, “quienes firmaron llevan una responsabilidad por pretender lesionar las arcas públicas”.
El edil recordó que el convenio no fue puesto a consideración del Cabildo, “lo que se presentó fue solo un estudio en el que se indicó la imposibilidad del Ayuntamiento de Tijuana de invertir 74 millones de pesos en la renovación de los parquímetros de moneda que operaban en Zona Centro y El Chaparral, lo que para el alcalde Gastélum fue un cheque en blanco para poder concesionar el servicio de estacionómetros”, acusa.
CONCESIONARIA CON OBLIGACIONES AMBIGUAS
De acuerdo al recaudador municipal Juan Pablo Guerrero Mercado, en la colocación de los estacionómetros y demás equipamiento necesario para la administración y operación del sistema, Copemsa Tijuana invertiría 300 millones de pesos.
Sin embargo, el convenio no estable un monto de inversión por parte del concesionario y para la prestación del servicio durante la vigencia del contrato, solo indica que este “ejecutará por su cuenta la inversión inicial total para la instalación, puesta en marcha, mantenimiento, operación, administración y funcionamiento del sistema de estacionómetros, así como de las inversiones posteriores que resulten necesarias”.
Aunque se anotó que el concesionario deberá contar con la infraestructura requerida para la operación del servicio en un plazo no mayor de 90 días de suscrito el convenio, no se determinó una fecha o plazo que obligue a Copemsa Tijuana a iniciar la operación de los parquímetros; en este rubro el convenio, de manera ambigua estipula que “el concesionario iniciará gradualmente operaciones al día siguiente en que se suscriba el presente instrumento”.
A la fecha aún no funcionan la totalidad de los 104 parquímetros que cubren 2 mil 498 cajones de estacionamiento ubicados en Zona Centro-Garita-Chaparral, la primera de las seis fases establecidas en el convenio para la explotación de más de 9 mil espacios de estacionamiento público que administrará la firma. Aun así, ya se cobraron las primeras infracciones por el no pago de los espacios.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Manuel Rodriguez Monarrez, Regidor de Morena.
Respecto al periodo de duración de la concesión, se estipuló por 15 años, plazo que podrá ser prorrogable hasta por un periodo igual.
Cumplido el periodo de concesión que trascenderá cinco administraciones municipales, “las obras e instalaciones adheridas de manera permanente a lo concesionado pasará a formar parte del patrimonio del Municipio de Tijuana”.
PENALIDAD DESVENTAJOSA PARA MUNICIPIO
Si Copemsa de Tijuana incumple cualquiera de las condiciones establecidas para la prestación del servicio, siempre y cuando la falta no derive de un caso fortuito, “será sujeto a penalización por un importe igual al 100% de la garantía de cumplimiento”, misma que en el convenio se estableció por un importe de 10.8 millones de pesos.
El Ayuntamiento podrá hacer valer dicha fianza “por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio concesionado”, sin exceder el monto de la garantía.
Pero si el Ayuntamiento de Tijuana incumple alguna de las cláusulas del convenio, “se obliga al pago de una pena convencional por la cantidad de 30 millones de pesos, por concepto de daños y perjuicios en caso de que se revoque o suspenda temporalmente por más de 6 meses la presente concesión”; es decir, la sanción aplicable al Municipio es de un monto 270% mayor al que sería aplicado a Copemsa.
Además, la cláusula Trigésimo Tercera del convenio obliga al Ayuntamiento a reintegrar al concesionario “la inversión inicial total para la instalación, puesta en marcha, mantenimiento, operación, administración y funcionamiento del sistema de estacionómetros, así como de las inversiones posteriores que resulten necesarias”, cantidad que fue determinada por la empresa en 300 millones de pesos.
USURPARÁ FUNCIONES DE TRÁNSITO
El servicio concesionado será administrado de acuerdo al Reglamento de Tránsito y Control Vehicular del Municipio de Tijuana, “así como bajo las condiciones particulares estipuladas en el presente contrato…”, suscribe el convenio.
Esas “condiciones particulares” quedaron definidas en la cláusula Octava de “colaboración” que establece que Copemsa Tijuana “deberá realizar rondines en los polígonos” y, en caso de detectar el no pago de la tarifa de estacionómetro correspondiente, notificará a la autoridad municipal para que proceda a la colocación de los inmovilizadores, acción que se deberá realizar “mediante colaboración conjunta con el personal que para tal efecto designe el concesionario”.
Esta facultad que el gobierno de Gastélum otorgó a la firma “contraviene el Artículo 17 de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California, la cual establece que los Ayuntamientos podrán concesionar bienes o la prestación de los servicios públicos a su cargo, con excepción de los servicios relativos a seguridad pública y tránsito”, observó el regidor Manuel Rodríguez Monárrez.
ARAÑAS, NEGOCIO EXCLUSIVO DE COPEMSA
No conforme con ceder el 60% de los ingresos por la explotación de las zonas tarifadas controladas por aparato de estacionómetro, el gobierno del “Patas” facultó a la empresa de los hermanos Martínez Ramos obtener una contraprestación adicional: quedarse con el 100% del pago que hagan los automovilistas por el retiro del inmovilizador colocado a quienes utilicen los cajones de parquímetros y no paguen la tarifa correspondiente, infracción que tiene un costo de 506.94 pesos.
Este beneficio se anotó en la misma cláusula de “colaboración” del concesionario, la cual indica que “el Ayuntamiento recibirá el pago total derivado de las multas generadas por la omisión de pago de la tarifa correspondiente, mientras que el derecho por el retiro de inmovilizadores corresponderá a el concesionario”.
La multa por el no pago correspondiente de los parquímetros también es de seis UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a 506.94 pesos.
A decir del tesorero Ricardo Chavarría, tanto la multa por uso incorrecto de los sitios controlados por parquímetros, como el cobro para el retiro del inmovilizador, tienen un descuento del 50% por pronto pago, “en ambos casos se acordó no ir al máximo y cobrar 200 y 200 ya con el descuento”, reducción que no está asentada en el contrato.
Foto: Cortesía.- Para Copemsa cobro por retiro de inmovilizador.
Si el usuario no pagó las infracciones señaladas antes de las ocho de la noche, el vehículo será remitido al corralón, por lo que el propietario deberá cubrir también el arrastre del automóvil, cuyo costo asciende a mil 700 pesos, al que se adicionarán los días que perdure la unidad en el depósito.
“Hasta el momento únicamente dos personas han sido inmovilizadas por periodos muy largos de tiempo que dejaron ahí sus vehículos, a otras personas no se les ha inmovilizado, sin embargo, se les ha notificado que son acreedores a una multa. Ahorita lo que estamos haciendo es reforzar el área de comunicación, justamente para informar a la población”, expuso Daniel Rivera Basulto, titular de la Secretaría de Movilidad.
Las multas pueden ser pagadas en la aplicación que Copemsa dispuso para saldar la tarifa de estacionómetros, así como en las diversas delegaciones municipales y en las oficinas de Recaudación del Ayuntamiento.
Respecto a las personas con capacidades diferentes, estas quedarán exentas del pago por el uso de espacios controlados por parquímetros, “siempre y cuando se identifique el vehículo con los tarjetones oficiales o placas”, anotó Rivera Basulto.
Sin embargo, el contrato no condiciona el cobro al uso de los tarjetones de discapacidad, sino a que “sean los propietarios de vehículos que se estacionen en las zonas de la vía pública destinada para la prestación del servicio concesionado”.
FIN NO ES RECAUDATORIO: MUNICIPIO
El argumento de la actual administración municipal ha sido que el fin de la concesión otorgada a Copemsa “no es recaudatorio”, aun cuando se trata de un jugoso negocio del que se estima una recaudación de 3 mil millones de pesos, por los 15 años de la concesión, sin considerar posible aumento del importe por hora, tarifado actualmente en 12 pesos.
Tan solo en el primer año, el recaudador Juan Pablo Guerrero estimó la captación de 200 millones de pesos, una vez que operen los 9 mil 834 espacios de estacionamiento, delimitados en seis polígonos de la ciudad:
* Zona Centro-Garita-Chaparral
* Zona Primera Etapa del Río Tijuana
* Zona “5 y 10”
* Zona Industrial Mesa de Otay
* Zona Universidad Otay
* Zona de Playas de Tijuana
Lo recaudado será administrado en su totalidad por Copemsa Tijuana, reportando a las arcas municipales solo el 40%, porcentaje que entregará los días martes y jueves.
Del ingreso captado por el derecho por el retiro de las “arañas”, la empresa no está obligada a notificarlo al Municipio.
PROPONDRÁ TARIFA DE UN PESO EN PARQUÍMETROS
La concesión solo podrá ser revocada por causas imputables “debidamente acreditadas a El Concesionario”, pero ante lo ambiguo de las condiciones establecidas hacia la empresa, “resulta sumamente difícil anular el desventajoso contrato”, señaló Manuel Rodríguez Monárrez, regidor en el XXII Ayuntamiento de Tijuana.
Pero al ser el Ayuntamiento el único autorizado para modificar la tarifa por el uso de los estacionómetros, el edil morenista se comprometió a solicitar al gobierno que presidirá Arturo González Cruz, establecer para el siguiente ejercicio fiscal el cobro de un peso por el uso de los cajones de estacionamiento controlados por ese sistema, “eso podría obligar a Copemsa Tijuana a retirarse por cuenta propia”, planteó.
