En un comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Tijuana ocultó información sobre el contrato que mantiene con la empresa El Burro Loco (EBL), el cual se difundió en el reportaje de ZETA “El Patas pagó 9.86 millones de pesos al presidente anticorrupción (El caso de El Burro Loco)” hace dos semanas.
Esta mañana, el departamento de Comunicación Social del gobierno de Juan Manuel Gastélum “El Patas” presentó información engañosa e imprecisa en un intento de justificar el contrato que con IVA alcanza los 9 millones 860 mil pesos.
En primer lugar, el boletín indica que la empresa ha ofrecido “asesoría fiscal durante toda la administración” cuando lo cierto es que, como lo dio a conocer ZETA, el contrato solo comprende siete meses de servicio del 1 de marzo al 30 de septiembre de 2019.
Por otro lado, el comunicado oculta el monto del contrato, el cual, según constataron dos despachos fiscales para este Semanario, tiene un sobreprecio 10 veces por encima de los costos que se ofrecen en el mercado.
Tampoco se hace mención de la relación que Jorge Topete Calvario, quien era presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) al momento de la celebración del contrato, mantiene con El Burro Loco.
En archivos del Ayuntamiento que ZETA consultó para el reportaje en mención, se precisa que, por medio de un poder notarial, Topete Calvario quedó registrado como representante legal de El Burro Loco en la celebración de ese contrato.
No obstante, el integrante del SEA aseguró en entrevista que al momento de rendir protesta como presidente del CPC ya no formaba parte de esta empresa. Sin embargo, en un acta notariada de la empresa, se señala que su separación se dio después de ser elegido para el puesto.
En la información difundida hoy por el XXII Ayuntamiento se indica que Omar Ramos Sierra es el representante legal de la empresa y es “quien encabeza ele quipo encargado de apoyar en mantener la administración en orden”. Ramos Sierra es socio en dos empresas más con Topete Calvario.
A pesar de que en el comunicado tampoco lo informa, una de las funciones de Ramos Sierra es “cabildear” ante la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) las observaciones que este órgano autónomo haga a las cuentas públicas del Ayuntamiento de Tijuana, según constató este Semanario en el contrato.
El conflicto que esto representa se debe a que Topete Calvario ha interpuesto un amparo, junto a otros consejeros del SEA, en contra del nombramiento del auditor superior del Estado, Carlos Montejo, con quien su socio mantiene una relación directa en nombre del gobierno municipal de Tijuana.
Esto se señala en el apartado del contrato en relación a los servicios a prestar: “consultoría en materia de organización para la revisión documental de la cuenta pública de los ejercicios 2017 y 2018 para la detección de inconsistencias y ofertar las alternativas de solución; así como el cabildeo para atender y acompañar en la solventación de requerimientos de la ASEBC, ASF y la propia sindicatura”.
Según el comunicado el Ayuntamiento, la empresa ha conformado tres equipos distintos para atender cada uno de los ejercicios fiscales de la administración, pese a que el contrato indica la contratación de solo 8 empleados de la empresa.
El gobierno del Patas tampoco se pronunció que El Burro Loco (EBL) es una sociedad mercantil que se fundó para la venta de alimentos, abarrotes, carnes y licores.
