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martes, febrero 20, 2024
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Los derechos de las personas mayores

Las personas mayores tienen todos los derechos que se encuentran reconocidos, tanto en nuestra Constitución Política y los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos del que México es parte; sin embargo, en nuestro país, 27.9% de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos han sido vulnerados en razón de su edad. En encuestas recientes de discriminación (Enadis), el 40.3% describe como sus problemas principales los económicos, 37.3% la enfermedad, el acceso a servicios de salud y medicamentos, y 25.9% los laborales.

Las personas mayores, como todos los grupos en contexto de vulnerabilidad, enfrentan mayores retos para contar con los medios imprescindibles para llevar a cabo una vida digna; por lo mismo, en los sistemas interamericanos e internacionales se busca reforzar el reconocimiento de estos a través de diversos instrumentos, como convenciones y tratados (que en ocasiones poco se difunden y menos llegan a quien los necesita, ni en información ni en política pública).


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México cuenta con legislación que muestra avance hacia el entendimiento de que las personas deben tener garantizada la vida con bienestar en todas las etapas; pero, socialmente, las personas mayores deben ser reconocidas como sujetos de derechos y dejar de sufrir por paradigmas heredados, que les conciben como “carga social” y les infantilizan, provocando constantes violaciones a sus derechos humanos.

Las personas mayores tienen derecho a no ser discriminadas en razón de su edad, por lo que deben de gozar de las oportunidades que faciliten el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad: deben recibir el apoyo de las instituciones creadas para su atención en lo relativo al ejercicio y respeto de sus derechos; también, ser protegidas y defendidas contra toda forma de explotación y maltrato físico o mental (su vida debe estar libre de violencia para recibir la atención y la protección que requieran por parte de la familia y de la sociedad y poder vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que puedan satisfacer sus necesidades y requerimientos) y tener derecho a expresar su opinión con libertad y participar en el ámbito familiar y social -así como en todo procedimiento administrativo y judicial que afecte sus personas o su familia-, ser tratadas con dignidad y respeto cuando sean detenidas por alguna causa justificada o sean víctimas de algún delito o infracción, y contar con asesoría jurídica gratuita y oportuna; además, contar con un representante legal o de su confianza cuando lo consideren necesario (poniendo especial cuidado en la protección de su patrimonio personal y familiar).

Deben poder realizar su testamento con toda libertad -sin que para ello intervenga persona alguna-, recibir información sobre las instituciones que prestan servicios para su atención integral, tener atención médica en cualquiera de las instituciones del Sistema Nacional de Salud y obtener orientación y capacitación respecto de su salud, nutrición e higiene (que favorezcan su bienestar físico y mental y el cuidado personal); igualmente, recibir la seguridad social que les garantice el derecho a la protección de la salud, contar con un trabajo mediante la obtención de oportunidades igualitarias para su acceso -siempre que sus cualidades y capacidades las califiquen para su desempeño- y recibir un ingreso propio (mediante el desempeño de un trabajo remunerado o por las prestaciones que la seguridad social les otorgue cuando sean beneficiarias de ella). Asimismo, recibir educación y capacitación, el poder de asociarse y reunirse libremente con la finalidad de defender sus intereses y desarrollar acciones en su beneficio, ser integrados a los programas de asistencia social y, finalmente, decidir sobre su proyecto de vida y que se respete su voluntad.


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En semanas recientes hemos conocido nuevamente hechos que dan cuenta de la falta de garantía de derechos para las personas mayores, quienes muchas veces viven en condiciones de alto riesgo pese a encontrarse en centros de apoyo para su subsistencia; riesgos que no solo les lleva a perder la vida en accidentes o catástrofes, sino a perder la voluntad y el respeto de sus decisiones.

Reflexionemos: este es un importante asunto pendiente que no se enmienda solo con algunos apoyos económicos; y mucho menos si se trata de las mujeres mayores, pues ellas son aún más propensas a sufrir violencia y abusos.

 

Melba Adriana Olvera fue Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. Correo: melbaadriana@hotmail.com

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Autor(a)

Redacción Zeta
Redacción Zeta
Redacción de www.zetatijuana.com
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