A pesar que se mantiene vigente un embargo dictado por una juez desde 2018 sobre el predio donde la empresa Consolidated Water Co. busca construir la desalinizadora en Playas de Rosarito por medio de una Asociación Público Privada (APP) con el Gobierno del Estado, el Registro Público de la Propiedad y el Comercio -dependencia del gobierno estatal- giró un oficio de “cancelación de inscripción preventiva y de acta de embargo”.
El 9 de agosto, Consolidated Water Co., la empresa que mantiene un contrato con el gobierno de Kiko Vega hasta por 76 mil 901 millones de pesos para la obra que ha ocasionado un fuerte rechazo social por la intención de vender agua a Estados Unidos y los sobreprecios en la construcción y operación, informó engañosamente a sus socios e inversionistas que habían logrado la cancelación de gravámenes, esto es, el embargo del predio donde se planea instalar la planta.
Actualmente, el terreno (propiedad de NSC Agua, otra de las empresas que conforman el consorcio) ubicado en el ejido Mazatlán y con más de 201 mil metros cuadrados, se encuentra embargado provisionalmente, derivado de un juicio de nulidad de acciones promovido por uno de sus socios.
A pesar de ello, sin notificar al juzgado, sin cumplir con los requisitos de ley y sin ganar en tribunales, el Registro Público de la Propiedad de Baja California otorgó a la empresa NSC Agua S.A. de C.V., “la cancelación de inscripción preventiva y de acta de embargo” del predio.
Con esta acción, Consolidated Water Co. informó a sus accionistas en Estados Unidos que presentó “una solicitud de cancelación del derecho de retención provisional y la inscripción registrada contra la propiedad de NSC en los registros de bienes inmuebles públicos”.
Consolidated Water Co. además notificó a sus inversionistas que “el Registro Público de Propiedad de Playas de Rosarito emitió un certificado de no gravámenes con respecto a los bienes inmuebles de propiedad por NSC”.
El certificado de no gravámenes (el cual no se podía emitir de manera legal ya que existe una inscripción del embargo desde marzo de 2018) es un requisito indispensable para que los bancos otorguen financiamientos a las empresas.
Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo, una organización financiera internacional con sede en Washington D.C., anunció que invertiría en Aguas de Rosarito, SAPI de C.V. (y a NSC), un monto de 200 millones de dólares.
Este es un extracto del reportaje que circula a partir de hoy en la edición semanal impresa de ZETA número 2368.
